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Conflicto de poderes en USA culpa de Trump

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Tras las numerosas protestas en contra de la prohibición de entrar en Estados Unidos a refugiados e inmigrantes de naciones de mayoría musulmana, screen-shot-2017-01-31-at-9-48-51-am el presidente Donald Trump ha desplegado a los principales miembros de su equipo para defender su orden ejecutiva más agresiva de los último días. A última hora del sábado, una juez federal de Nueva York suspendió partes clave del decreto migratorio a las pocas horas de entrar en vigor, pero el caos y la confusión siguen reinando en los aeropuertos dentro y fuera de EE UU ante las dudas de quién puede o no entrar en el país. Los fiscales generales de 16 estados emitieron este domingo una declaración conjunta en la que condenan el decreto presidencial. “Como jefes de los funcionarios legales de más de 130 millones de estadounidenses y residentes extranjeros de nuestros estados, condenamos la inconstitucional y antiestadounidense orden ejecutiva del presidente Trump”, afirman los fiscales, entre los que se cuentan los de California, Nueva York o Pensilvania.

La Orden Ejecutiva emitida por el presidente d e EEUU, Donald Trump el viernes, que prohíbe la entrada en el país de personas de 7 países durante tres meses y cancela durante cuatro la emisión de visados de refugiado sin que importe el origen de los solicitantes, ha llevado la tensión política en la primera potencia mundial a un nuevo nivel. Hasta ahora, el enfrentamiento había sido político.

Ahor, el conflicto es también legal. La jueza de Nueva York Ann Donnelly prohibió el sábado, a instancias de la organización de izquierdas Unión Americana para los Derechos Civiles (ACLU, según sus siglas en inglés), la deportación de personas que llegan a USA con estatuto de refugiado de esos 7 países. Además, 16 de los 22 fiscales generales del Partido Demócrata han emitido un comunicado en el que se comprometen “a trabajar para que el menor número de personas posibles sufran esta caótica situación”. Los fiscales generales son el equivalente de los secretarios de Justicia de los estados, y tienen margen para actuar en esta materia.

“La Orden, desafortunadamente, es legal”, ha declarado al diario español El Mundo, Mae Ngai, profesora de Historia de la Universidad de Columbia y autora del libro ‘Impossible Subjects. Illegal Aliens and the Making of Modern America’ (‘Súbditos Imposibles: Extranjeros Ilegales y la Construcción de los EEUU Modernos’). El jefe de la oposición demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se limitó a declarar que se opone a la Orden “con todas las fibras de mi cuerpo”.

Mientras la Casa Blanca minimizaba el impacto, varios congresistas demócratas se desplazaron hasta los aeropuertos donde aún permanecen detenidos varios extranjeros a pesar de tener permiso para entrar en el país. El representante demócrata Don Beyer denunció la “crisis constitucional” provocada por la orden de Trump ya que los agentes fronterizos han negado el acceso de los abogados a sus clientes, detenidos a pesar de la orden judicial a su favor. Los legisladores acusan a los age ntes de desacatar una sentencia legal, lo que tendría implicaciones graves.

Las críticas al veto de Trump han llegado a su propio partido. En un comunicado conjunto, los senadores republicanos Lindsey Graham y John McCain expresaron su temor a que el veto “ayude más a reclutar terroristas que a mejorar nuestra seguridad”. Los dos legisladores afirman que la orden ejecutiva entró en vigor sin que la Casa Blanca consultase apenas con el Departamento de Defensa, de Estado ni de Justicia, a pesar de que todos ellos están involucrados en su puesta en funcionamiento.

El jefe de gabinete de Trump, Reince Priebus fue tajante en declaraciones a la cadena de televisión MSNBC: “No hay nada por lo que disculparse”.

Prebius, que ejerce de ‘puente’ entre el Partido Republicano -donde Trump no tiene demasiados apoyos- y la Casa Blanca, recordó que “el hecho es que ayer [por el sábado 28/01] entraron 325.000 personas y solo 109 fueron detenidas para ser interrogadas de forma más profunda”. En realidad, las autoridades aduaneras solo accedieron a transformar las deportaciones en interrogatorios por la presión legal de las organizaciones favorables a los inmigrantes. Y al menos 6 personas con estatus de refugiado fueron devueltas a Siria desde el aeropuerto de Filadelfia. Encima, esas 6 personas no son musulmanes, sino cristianos.

Priebus también defendió que la Orden entrara en vigor inmediatamente, a pesar de que ésa es la razón de las detenciones. “No puede tener un periodo de gracia para que la gente que quiere causar daño a USA adelante su viaje”, dijo. Según la interpretación del jefe de gabinete de Obama, así pues, hay terroristas en todas partes preparados para viajar a USA de un día para otro. En realidad, sin embargo, ninguno de los 7 países afectados por las medidas ha producido nunca un terrorista que haya llevado a cabo -o planeado llevar a cabo-un ataque en Estados Unidos. Pero la línea argumental de Donald Trump y su equipo es que no va a cambiarse la Orden. La asesora del presidente Kellyanne Conway afirmó ayer que la norma solo ha causado molestias a un pequeño número de pasajeros, y que ése “es un precio muy pequeño”.

Sin embargo, Priebus admitió que es posible que las restricciones no se apliquen a los ciudadanos que tienen permiso de trabajo y residencia en USA.

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