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El abandono del derecho

Roberto Azaretto 

Integrante la Academia Argentina de Historia

 

Hace más de veinte años, en una de sus últimas colaboraciones en el diario La Nación, el intelectual español Julián Marías, manifestaba su preocupación por una tendencia creciente a “abandonar el derecho”, en diversas sociedades.

 

Ése es un problema que se agudiza en la Argentina en los últimos doce años, donde causas nobles como la de los derechos humanos, se utilizan como herramienta de distracción para dedicarse a saquear al país, por parte de las oligarquías gobernantes y para violar principios jurídicos esenciales para la vida en un Estado de derecho y remplazar la Justicia por la más descarada venganza.

 

Cuando se dice “juicio y castigo” se está violando el derecho pues debería exigirse “juicio y sentencia”, haciendo recordar esos añejos westerns donde la partida que capturaba al sospechoso decía: “Tendrás un juicio justo, te colgaremos”.

 

Carlos Nino nos recordaba, en los ochenta, que la Argentina se había acostumbrado a vivir fuera de la ley. Esto se ha ido acentuando y una de las evidencias es la falta de igualdad ante la ley, principio fundamental en los valores occidentales que en una larga lucha buscaron formas superiores de convivencia civilizada.

 

Más de mil personas son hoy presos políticos acusados de hechos que no pueden probarse: ex funcionarios, ex jueces y fiscales sin prueba alguna están en la cárcel o en detenciones domiciliarias o procesados con acusaciones falsas y, en muchos casos, los fiscales y jueces que llevan adelante esos juicios, han sido colaboradores exaltados de la dictadura militar.

 

Por miedo a los carpetazos, por cargos para familiares y presiones diversas, muchos integrantes del Poder Judicial han claudicado de su compromiso con el derecho, como lo hacen los que apañan la corrupción y los fraudes electorales.

 

Mientras tanto, personajes siniestros como el general Milani, son protegidos por la Justicia con sede en Tucumán por los mismos que, sin pruebas, acusan a ex magistrados de prestigio en el Norte.

 

Ha habido una campaña contra los escasos civiles que ejercieron funciones en el régimen militar, pero no hay ninguna causa contra la ministra Alicia Kirchner, subsecretaria de Acción Social de Santa Cruz, durante todo ese ciclo.

 

En los juicios que impulsó el presidente Alfonsín, fueron condenados los integrantes de la Junta Militar, pero también el jefe de la Triple A; no olvidemos que entre 1973 y el golpe de 1976 hubo más de dos mil asesinatos, y que el jefe de una de las bandas terroristas fue Firmenich.

 

Hubo un consenso, cuando se inició la democracia, que la década de los setenta fue la peor de nuestra historia y que nada había que rescatar de ella. Pero a partir de 2003 Néstor Kirchner, que compartía copas con los jefes militares de la guarnición de Río Gallegos durante la dictadura, utilizó la cuestión de los derechos humanos de ese tiempo como pasatiempo para disimular la construcción de su poder feudal y dinástico.

 

Los derechos humanos constituyen uno de los grandes aportes de la tradición liberal, que fue la inspiradora de las instituciones de la República desde los padres fundadores y que recoge el concepto judeo cristiano que el hombre como criatura creada a imagen y semejanza de Dios, es sagrado y por lo tanto un fin en sí mismo y no un medio.

 

Un contraste con el pensamiento de Mussolini, no muy diferente al de Stalin : “Todo en el Estado, todo para el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado.” No es el Estado para las personas sino las personas para el Estado.

 

Los derechos humanos son un problema vigente, no una cuestión del pasado cuando desde uno y otro lado se abandonó la idea de la confrontación de ideas y el debate de proyectos dentro de la democracia por distintas formas de dictadura, de la castrista o la franquista, provocando un baño de sangre argentina.

 

Los derechos humanos siguen siendo violados en el país con el fraude, las torturas, las policías corruptas, la complicidad de las oligarquías políticas con el narcotráfico y el tráfico de personas y con el sometimiento de la Justicia.

 

El gobierno ha demostrado indiferencia con las violaciones a los derechos humanos en países de la región y busca la alianza con ellos o potencias extra continentales cuyos regímenes pisotean la libertad y la dignidad de las personas.

 

Los derechos humanos tienen vigencia cuando se aplican a todos, a los amigos y a los adversarios e incluso a los enemigos y no se aplican normas con efectos retroactivos. Por eso la estatua que simboliza a la Justicia la presenta como una mujer con los ojos vendados.

 

Para finalizar vale recordar palabras de esa gran jueza de la Corte Suprema recientemente fallecida, Carmen Argibay: “La tarea de un buen juez de la Corte es antipática por naturaleza, porque para ser un buen juez nuestro primer deber es ser desagradecidos con quién nos nombró, estrecharle la mano, con educación, agradecerle el cargo y no volverlo a ver”.

 

Esta jueza fue encarcelada en la noche del 24 de marzo de 1976 y estuvo presa en el Penal de Devoto hasta fin de ese año, sin proceso alguno. Sin embargo, en el caso sobre la constitucionalidad del indulto que beneficiaba al general Riveros votó en disidencia sosteniendo la vigencia del mismo pues entre la duda por favorecer la impunidad creyó más importante la vigencia del precepto constitucional que garantiza el derecho fundamental de las personas a no ser juzgadas dos veces por el mismo delito.

 

“Ese precepto -decía Carmen Argibay-debe estar por encima de mis ideas y gustos personales”.

 

Hoy muchos de los acusados sin pruebas, no tienen la suerte de ser procesados ante jueces de la formación jurídica ni de la entidad moral de la ex jueza de la Corte.

 

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