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Monthly Archives: septiembre 2015

Lunes, 28 de septiembre de 2015

El Teatro De Los Juicios

 

El autor indaga acerca de las razones del poder político para realizar juicios por delitos de lesa humanidad sin guardar la imparcialidad debida.

 

Por Luis Alberto Romero Historiador. Club Político Argentino. Especial para Los Andes

 

¿Cuál es el balance de los actuales juicios de lesa humanidad? Los pésimos procedimientos seguidos han dañado seriamente el estado de derecho y el principio del gobierno de la ley. Respecto de la verdad, hubo poco de nuevo, pues quienes podían hablar se han abroquelado en el silencio. Se ha castigado, masivamente y al bulto, pero muchos inocentes cayeron en la volteada. Vistos desde otra perspectiva, los juicios han constituido un espectáculo impactante, un teatro. ¿Qué es exactamente lo que se quiso mostrar?

 

La justicia siempre ha tenido una dimensión teatral: una escenificación destinada a expresar de modo sencillo el principio abstracto que la guiaba. En Inglaterra se trataba de la majestad de la justicia. Para eso estaban las pelucas y las togas, el estrado elevado, el juramento de los testigos, los alegatos y el fallo, en el que la culpabilidad debía quedar demostrada más allá de toda duda razonable.

 

En el Tribunal Revolucionario de la Francia jacobina, en cambio, se escenificaba el poder soberano del Pueblo, encarnado en el fiscal Fouquier-Tinville. Él recibía las denuncias, ordenaba las prisiones, elegía a los jueces y jurados, seleccionaba el público, redactaba la acusación e interrogaba a los testigos; luego del fallo, disponía las carretas que llevaban a los “enemigos del pueblo” a la guillotina, y al pie de ésta recibía al verdugo. Así fueron ejecutados María Antonieta, Brissot, Danton, Robespierre, y finalmente el propio Fouquier. 

 

Los juicios actuales por delitos de lesa humanidad no resisten la comparación con los de 1985, cuyo procedimiento inobjetable afirmó y consolidó el estado de derecho. Estos, en cambio, son manipulados sin  disimulos por el gobierno y sus militantes. En ellos no se representa ni la majestad de la ley ni la voluntad del pueblo. Con una cuidada puesta en escena, escenifican los atributos más valorados por el gobierno: su discrecionalidad y su impunidad. 

 

El primer acto del drama es el trato vejatorio a los acusados, para quienes no valen los derechos humanos. A los mayores, la prisión domiciliaria les fue negada sistemáticamente, incluso a los muy enfermos. Así han muerto en sus celdas más de 300 detenidos. No faltará quien piense que se lo merecían,  pero es un argumento inaceptable en un estado de derecho.

 

El público, que jugó un papel importante, era usualmente preparado previamente por la prensa y los militantes. En algún caso, se realizó un festival de rock, convocado bajo el lema “Democracia con justicia y verdad” y presidido por la fiscal general Gils Carbó y el secretario de Derechos Humanos. En las sesiones, tribunas vociferantes presionaron a los testigos y “escracharon” a los abogados defensores. Los fiscales, generalmente militantes, designaron fiscales ad hoc, elegidos entre los abogados querellantes y notoriamente parciales.

 

Preparados por sus abogados y por los fiscales, los testigos recordaron, treinta años después de los hechos, detalles que nunca habían mencionado antes. Si se salían del libreto, el fiscal y hasta el juez les recordaban por dónde debía ir su testimonio. En sus alegatos, los fiscales repitieron el mismo texto en diferentes juicios. Entre los jueces, hubo militantes que condujeron el proceso con mano firme, y otros timoratos, acostumbrados a un ejercicio más serio de su función pero incapaces de resistir la doble presión de los militantes y del poder político.

Lo peor fueron las sentencias. En los casos de quienes habían sido jóvenes oficiales, policías o gendarmes, el único indicio de culpabilidad fue que prestaban servicios en una dependencia en donde se torturaba o mataba. Habitualmente no había pruebas fehacientes de que hubieran participado, y se sabe que solo una parte de ellos eran convocados a ese nefasto servicio. Sin embargo, el criterio aplicado por los tribunales fue el del “partícipe necesario”: no podían no haber participado o sabido qué es lo que allí pasaba -daba lo mismo-, y eso los hacía culpables.

Esta es la desviación más grave del principio judicial de la prueba “más allá de toda duda razonable”. En la tradición judicial, y en la doctrina de los derechos humanos, se afirma que todos los acusados son inocentes hasta que no se demuestre su culpabilidad. Aquí se ha partido del principio inverso: el acusado es culpable, a menos que pueda probar su inocencia. Salvo, claro, en el caso de Milani.  

 

Muchos intervinientes en estos juicios han contado, en general privadamente, estas barbaridades jurídicas. Muchos expertos han dicho que con esos fundamentos las sentencias son endebles y no resisten una revisión. Es posible que esto ocurra cuando lleguen a la Corte Suprema, o cuando la presión del gobierno no sea tan notoria. Por entonces, probablemente, la mayoría de los condenados ya habrá muerto.

 

Estos juicios van a dejar gravemente herida a la justicia y al principio de los derechos humanos, víctima de un gobierno que, curiosamente, se gloria de defenderlos. ¿Para qué? La respuesta más obvia remite al clima faccioso, a la decisión política de llevar el enfrentamiento al límite, y a la explotación del deseo primario de la revancha, usando el poder contra los antiguos victimarios. No es justificable y es deplorable, pero es entendible. Poner la otra mejilla nunca ha sido un principio popular.

 

Pero se necesita algo más para explicar la grosería del procedimiento y el pisoteo de la tradición judicial. Me parece que todo es tan deliberado como un discurso de Cristina o unas declaraciones de Aníbal Fernández. Se trata de mostrar y escenificar qué valor le asigna a la justicia y a las instituciones un gobierno convencido de que el pueblo le ha confiado la suma del poder. Es la versión más terrible de una manera de entender la política, que remonta a la Revolución Francesa. Hoy, como entonces, la teatralización no es accesoria sino central.

 

La impunidad y la arbitrariedad son dos de los nombres del poder.

Hacer gala de ellas es un poderoso disuasivo y un instrumento disciplinador.

Probablemente allí resida la lógica profunda del gobierno que ahora termina.

 

 

Número de edición: 7299 – Mes 09 – Año 19

Propietario: Diario Los Andes Hnos Calle S.A. – CUIT 30-50009477-6

Director Periodístico: Arturo Guardiola

Propiedad Intelectual: N° 5198579

San Martín 1049 – Mendoza

 

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ARGENTINA RESCATARÁ SU “REPÚBLICA” PESE A LA “AYUDA”  de USA

“Quien hace gárgaras, algo traga”. Jorge Asís

 (Para reenviar use:  http:wp.me/p2jyBb-F4 ) 

Las recientes medidas adoptadas por Axel Kiciloff y un tal Sergio Girard, Presidente de la Comisión Nacional de Valores, al disponer que las carteras de los fondos de inversión se valorizarán por la cotización del dólar oficial, en lugar de a precios de mercado, significaron para los pequeños ahorristas una pérdida instantánea del orden de los US$ 4.000 millones, para los accionistas de YPF un perjuicio del 50%, y suscitaron en el mercado financiero una unánime certeza: quienes conocían las nuevas normas con anticipación y, sobre todo, las turbulencias que acarrearían, han hecho un pingüe negocio y concretado un robo de enorme magnitud. Si el nuestro fuera un país serio, ya habría una investigación abierta para determinar cuántos y quiénes se beneficiaron con esta “inside information”, y muchos terminarían presos.

Pero como estamos en éste -que, sin inmutarse, se entera de los millones que Máximo Kirchner declara sin vergüenza alguna- sólo nos queda inquirir, respecto a sus consecuencias, si se trató simplemente de una nueva prueba de la profunda ignorancia y torpeza con que se conduce la economía argentina, que produjo los efectos contrarios a los buscados, o si estos funcionarios de pacotilla nos están avisando que, una vez más, los ahorros privados en divisas fuertes serán pesificados en el corto plazo.

Las leyes que bloquean la venta de los paquetes accionarios de empresas privadas de propiedad de la ANSES y que impiden la negociación con los “fondos buitres”, tanto como el déficit energético, la incontrolable inflación, el gasto público que no cesa de crecer, la desaparición de las reservas internacionales, la desaforada emisión, el atraso cambiario y el dibujado presupuesto nacional que se encuentra en tratamiento en el Congreso serán los instrumentos que dificultarán enormemente la salida de la inevitable crisis que deberá enfrentar quien se siente a continuación en el incómodo sillón. Derogarlas requerirá de mayorías especiales que será muy difícil obtener, y sólo quedará el recurso de pedir a la Corte Suprema la declaración de inconstitucionalidad de algunas normas.

 

Al régimen “gobbeliano” que nos hemos dado le quedan menos de noventa días y, al ver con qué entusiasmo están rascando el fondo de la lata, aún a riesgo de lastimarse las axilas, me convenzo que la Presidente y sus cómplices también lo creen. Si no fuera así, ¿para qué estarían pergeñando tantas arenas movedizas para intentar que su sucesor se hunda sin remedio? Ante ese cúmulo de hechos -que son sagrados, como decía el Dr. Fayt- surge una pregunta fundamental: ¿por qué querría la noble viuda, en realidad, que Daniel Scioli ganara las elecciones?

Como no tengo una respuesta clara, le propongo pensar juntos.  

 (Nota del Gaston Saint Martin:  Para pensar juntos sugiero leer:

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL INSTITUTO de ESTUDIOS ESTRATEGICOS de BUENOS AIRES – Gral. Heriberto J. Auel   http://wp.me/p2jyBb-EW     /

y CFK NO SE RENDIRA FACILMENTE, INFORME CHOA (COUNCIL ON HEMISPHERIC AFFAIRS): http://wp.me/p2jyBb-Fg

__________________________

La deserción de Daniel Scioli del debate presidencial, que él mismo había aceptado y consensuado antes, muestra el pavor que lo invade cuando tiene que confrontar su adhesión rastrera al desastroso rumbo económico y su incapacidad para rebelarse contra los deseos de la reina; tengo para mí que el faltazo obedeció a una nueva retaliación de su intención de voto, ordenada por Cristina.

Por lo demás, si don Lancha quedara a cargo de la futura administración, todas las bombas sembradas le explotarían y, dada la presencia del Chino Zannini y el programa de continuidad de las políticas actuales que ha anunciado, sería quien estaría en peores condiciones para corregir la imagen del país en el exterior y enderezar este barco que la Presidente y su Ministro de Economía han apuntado hacia el iceberg, y aceleran cada día. ¿Qué quedaría, entonces, del sueño de “Cristina eterna”, enunciado por la inefable Estela Carlotto y la Araña Diana Conti?

Nuestra emperatriz conoce como nadie la naturaleza del movimiento que hoy encabeza, y sabe de su vocación por el poder, al precio que sea y, en especial, de su necesidad de un comando único. En él, no existen lealtades -si no me cree, pregúntele a Eduardo Duhalde- sino el más desembozado pragmatismo y, siempre que lo necesita, sale a buscar a quien echar la culpa de los males que genera. ¿Habría, entonces, alguien mejor que la actual Presidente para encarnar el rol de responsable, como lo fue Carlos Menem, cuando perdió el poder, para sus más íntimos admiradores, como Néstor Kirchner (q.e.p.d.) o el propio Scioli?

Desde otro ángulo, ¿permitiría nuestra abogada exitosa que alguien se hiciera con el comando de un PJ unido, respaldado por los gobernadores y los “barones”?; porque es obvio que, si así fuera, a la señora de Kirchner sólo le quedaría refugiarse en Calafate -su “lugar en el mundo”– y defenderse, como pudiera, en las innumerables causas penales que la involucran, ya que aparecería como la única y más obvia causante de la inevitable crisis. También sabe de los infinitos dobleces de la personalidad de Lancha, a quien ha humillado hasta la extenuación y a quien todos identifican como el político más perverso entre quienes ocupan el escenario presente; ¿por qué pondría su futuro y el de sus hijos y cómplices en la mano de quien seguramente disfrutará la venganza?

Precisamente a esa inquietud atribuyo la permanente imposición de actitudes indignas a su teórico candidato, obligado a una constante genuflexión ante el trono y, peor aún, a abrazarse y aplaudir los disparates que todos los días el Gobierno produce, aunque éstos tengan el efecto del impacto de un torpedo bajo la línea de flotación de su candidatura. Scioli, a quien la realidad y las encuestas le exigen buscar el voto independiente, ve así extinguida esa posibilidad por el collar de melones que implica la presencia permanente de Cristina, el Chino, Anímal, Sanatella y Kiciloff en la campaña electoral a través de las reiteradas cadenas nacionales y los primeros planos que las cámaras oficiales les dedican.

En cambio, si Mauricio Macri fuera el elegido en noviembre, obviamente ella continuaría ejerciendo la jefatura del peronismo -que no perdona a sus “mariscales de la derrota“- y podría esperar con tranquilidad, con las bancadas parlamentarias que le seguirían siendo fieles y con la administración ya colonizada por militantes rentados, el estallido de esas bombas y trabar cualquier programa razonable de gobierno que su sucesor quisiera encarar para sacar al país del pozo en que lo han sumergido ella misma y su finado marido. Podría negociar, entonces, su apoyo a ciertas medidas a cambio de impunidad personal, para evitar tener que recorrer, en lo inmediato, los pasillos de Comodoro Py. Por lo demás, si aún así su sucesor no pudiera domar el potro salvaje en el que la noble viuda y Axel han convertido a la economía, podría recurrir a la vieja fórmula peronista -“¿vieron?, conmigo esto no pasaba“- y reflotar la posibilidad de su anhelado regreso triunfal.

 

Para terminar, un comentario menor referido a la histórica visita de SS Francisco a los Estados Unidos. Mientras le escuchaba hablar ante la Asamblea de las Naciones Unidas, como el día anterior lo había hecho ante el Congreso, siendo aplaudido unánimemente de pie por los presentes, imaginé cómo se debía sentir nuestra arquitecta egipcia, que ha pontificado ante foros internacionales vacíos o intentando, por años, ser recibida por Obama. Ver al Papa argentino abrazarse con el Presidente cuando éste fue a esperarlo a la Base Andrews o desfilar por la Quinta Avenida en olor de multitudes, debe haberle generado un odio y una envidia descomunales, en especial porque quien era merecedor de tantos halagos, que a ella le son negados, es el mismo al cual privó de toda consideración cuando era el Arzobispo de Buenos Aires y que hoy ha devenido en el líder espiritual y político más importante del mundo.

Bs.As., 27 Sep 15

Enrique Guillermo Avogadro

Abogado
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SIGAMOS ROBANDO ORO PATAGONICO … COMO POLITICA DE ESTADO …

 

¿De USA? o ¿de ARGENTINA?

 

¡DE AMBOS POR SUPUESTO!

QUIEN QUIERA SABER DONDE ESTAMOS Y LA VERDADERA SITUACION POLITICA NACIONAL E INTERNACIONAL, NO DEBE DEJAR DE LEERLA.

 

 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL INSTITUTO de ESTUDIOS ESTRATEGICOS de BUENOS AIRES

Gral. Heriberto J. Auel

 

 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015

 

 

Plataformacero.com, entrevista nuevamente al Gral. Heriberto J. Auel, para hacer conocer a sus lectores sus impresiones sobre el estado de situación argentina, en momentos en que asistimos a una desenfrenada y loca carrera del régimen kirchnerista gobernante para retener desesperadamente el poder, a toda costa y cuáles pueden ser sus consecuencias. Agradecemos a Heriberto Auel su gentileza.

 

 

1- A medida que se acercan las elecciones de octubre, crece la desesperación en el kirchnerismo por hacer ganar a su candidato Daniel Scioli, para que él siga con el plan sistemático de destrucción de la cultura, tradiciones morales y de la economía, como lo vienen aplicando en nuestro país, estrictamente atentos al modelo de sociedad que les dictan los postulados de Lenin, expuestos en la Conferencia de Frankfurt y los del Foro de San Pablo, de donde proviene el ex presidente Lula, de Brasil, ahora acusado de alta corrupción en su país. Ganaron en el 2011 con un colosal fraude que los opositores de hoy y que estaban ayer, no quisieron ver. Ahora se preparara otro fraude, para las elecciones de octubre, siguiendo la operación piloto de Tucumán, pero el pueblo tucumano a través de dos jueces honestos les dio vuelta el barrilete y amenazan con intervenir la provincia, y otras calamidades. Qué pasaría si en su desesperación deciden cancelar las elecciones y pasarlas para el año entrante, y a esto se responde con un descontento generalizado de la gente que sale a la calle a protestar? ¿Estado de sitio y autogolpe en respuesta?

 

HJA

Iberoamérica está agredida por una proceso revolucionario-marxista, desde 1959. Éste largo proceso reconoce cuatro sucesivas campañas –en nuestro país- que responden –cada uno de ellas- a los significativos cambios estratégicos internacionales. Estamos viviendo –en apariencia- la etapa final de la última campaña, reiniciada gracias al petrodólar venezolano desde el 2002, pero siempre bajo conducción del PC cubano, que tiene como elemento de conducción actual al Foro de San Pablo –en el que revistan todas las viejas organizaciones armadas de los ´70 y los social-demócratas, dependientes de la Internacional Socialista-. Los gobiernos adscriptos abiertamente -o en forma solapada- a ésta pseudo-revolución sigilosa, están hoy en graves problemas por corrupción. La Argentina, hipócritamente –pues oculta su pertenencia a éste Foro- depende y cumple sus directivas.

 

El comando unificado revolucionario ha realizado, a lo largo de más de una década, una formidable “inversión revolucionaria” en Buenos Aires –vía Caracas-, y no está dispuesto a perderla: “llegamos para quedarnos” y “vamos por todo” han sido las expresiones más sintéticas de éste propósito.

 

Cuando últimamente cayó el precio del barril del crudo a menos de 50 u$s, el petro-dólar ha sido reemplazado por el “narco-dólar” como sostén revolucionario y nuestro país asume desde entonces un rol muy importante para la “revolución imaginaria”, pues sus “fronteras son un colador”.

 

Allí están las principales causas por las que más del 60% del electorado sabe o intuye, que hay y habrá fraude electoral, a pesar de la masiva y encubridora o distractiva acción psicológica por parte del gobierno.

 

El narco-terrorismo es ignorado como riesgo estratégico presente, por toda la dirigencia política y se le da tratamiento de vulgar delito común, a cargo de las policías, sin planeamiento proactivo alguno.

 

Hasta el momento no hay un solo candidato a la Presidencia de la República que trate el grave problema unidireccionado de la política de derechos humanos, impulsada y controlada por el comunismo, que ha destrozado a nuestras instituciones. Tampoco se conoce qué política de Seguridad Nacional reemplazará a la intocable política de derechos humanos unidireccionados.

 

En estos pilares se asienta la incertidumbre y ansiedad de la ciudadanía, que aumenta en la medida que corren los días acercándonos a la válvula de escape de la tensión social, representada por las elecciones presidenciales.

 

 

2- Apelo a su visión estratégica de la geopolítica mundial. Quiénes a su juicio estarían interesados en que la Argentina entre en ingobernabilidad y eventual guerra civil, para intervenir y quedarse con el territorio. ¿Inglaterra? ¿EEUU? ¿Rusia, China, Israel o Chile?

 

HJA

 

En términos bien criollos, podemos decir que “cualquiera le saca el poncho a un mamao” y la Argentina, en total indefensión e inseguridad y en crisis socio-económica, ha perdido su antigua y fuerte cultura expansiva. La larga guerra civil-revolucionaria la ha transculturizado, retrogradado y debilitado en todos los frentes. Somos el “país que va a ninguna parte” y hoy, en total indefensión, pobre y desmotivada, está al alcance de cualquier “ave rapaz”.

 

 

3- Si sucediera algo de lo anterior: alguno de esos países podrían valerse del peronismo kirchsnerista para instalarse como potencia invasora-colonizadora y pactar con ellos fracturas del territorio y demás concesiones?

 

HJA

 

 

El kirchnerismo-cristinismo es la continuación del “entrismo” que desde los 70/80 colonizaron a los partidos tradicionales, hoy licuados, sin conducción ni doctrina. De hecho han entregado –subrepticiamente- el país al estalinismo-gramscismo, sin que la gran mayoría del electorado se dé por enterado.

 

Se cumple así lo que se establece en “Los Cuadernos de la Cárcel”: “las clases medias deben abrazar al comunismo, sin darse cuenta”.

 

Ello no quiere decir que aliados estratégicos -como el RU y Chile- no aprovechen la ocasión para avanzar en el Atlántico Sur, Antártida y Patagonia. Un país en proceso de auto-destrucción, debilitado en todos sus frentes -social, político, económico y militar- es presa de su propia irresponsabilidad-inconsciente y de cualquier audacia externa.

 

 

4- Si miramos cómo está el mundo, la cuestión inmigratoria a los países sólidos de América y Europa no es tema fácil para los jóvenes que buscan trabajo para labrarse un futuro mejor. El caso de EEUU con los inmigrantes mexicanos se explica por sí mismo. Y España ya dejó de ser la Meca para los inmigrantes argentinos y de otros países del continente. Entonces, escuchamos voces sensatas pidiendo que Argentina se encauce políticamente, porque de eso depende que la economía y las instituciones funcionen bien y nadie tenga que irse del país. Pero hacer el cambio que más de la mitad de los argentinos quiere según las últimas encuestas, ya no es posible. Por ejemplo Giacobbe y Asociados decía hace 6 meses que el kirchnerato no podía poner un presidente en estas elecciones. Hoy ha dicho que el candidato de los K, Daniel Scioli está al frente dejando atrás a Macri y Massa. En una entrevista Jorge Giacobbe dijo que “estamos sufriendo la consecuencia de una manifiesta incapacidad de la oposición para representar a un votante argentino que quería que cambie el gobierno. Esto frente a una oposición que no supo cómo hacerlo”. A usted, le parece que esto es así o hay otro motivo?

 

HJA

 

 

La crisis-decadencia de la Argentina -ya centenaria- es de origen cultural y político. Hemos perdido los valores y principios de nuestra identidad original, cuando la Argentina llevaba la Independencia a países vecinos o cuando en una década, bajo una conducción lúcida, lograba la “Paz y Administración” , alcanzando el 7mo lugar en el mundo por su PBI, a fines del siglo XIX.

 

Ha relativizado sus valores, perdió la confianza en sí mismo, no tiene credibilidad y marcha a su auto-destrucción “progresista” y custionadora, al “Estado Fallido”, mientras se entretiene con el fútbol, las noticias policiales o las denuncias maniqueas, cada vez más escandalosas.

 

De las crisis se sale atacando a sus causas y no comentando sus efectos, por dramáticos que fueren.

 

Carecemos de desarrollo político, es decir, de representación y participación. Solo tenemos su apariencia. La corrupción se ha institucionalizado. Se transita sobre una falacia que tarde o temprano estallará, es el “relato” oficial.

No hay conciencia ciudadana de que somos un país en doble posguerra, doble derrota y con dos “estados de guerra” activos, en manos por un sigiloso proceso pseudo-revolucionario.

 

Entonces, es conveniente recordar a nuestra dirigencia política que “la defensa de la ciudad no está en las piedras de sus murallas, sino en cada uno de sus habitantes”. Si la dirigencia activa no asume -con coraje y con ideas- la verdad situacional, vamos al “estado fallido”, a la violencia social y a la disgregación geográfica.

 

5- Se está hablando y difundiendo intencionalmente, que los tres candidatos Scioli, Macri y Massa son iguales porque son de centro derecha. Yo diría que son iguales por el misterio que han puesto a sus intenciones de gobernar, por ejemplo, como lo he escuchado decir a usted, ninguno ha dicho una palabra delo que hará en materia de DDHH en el país. Los tres no dicen una palabra tampoco de que lo que harán con los presos políticos de este régimen que se están muriendo en la prisión de Marcos Paz por falta de atención médica y cuidados. En su mayoría rondan los 75-80 años y les alcanza la prisión domiciliaria por edad avanzada pero no se les otorga por razones de odio y venganza política. Usted conoce bien el tema y quisiera saber si hay alguna esperanza para esos hombres o ya están agotados todos los recursos?

 

HJA

 

La esperanza existe. Pero la esperanza se debilita cuando avanzamos a las fechas electorales y observamos que no hay coraje político para enfrentar al muro creado desde 1983, por la perversa política de derechos humanos unidireccionales, originada en Oxford (RU) y llevada adelante por los personeros de la izquierda revolucionaria. Preguntémonos: ¿Por qué se lo instaló a Zaffaroni en los organismos de derechos humanos internacionales?

 

Las FFAA están siendo “purgadas” -como lo fueran las Fuerzas rusas después de la guerra civil, en la que triunfaron los bolcheviques. Los tribunales populares soviéticos fusilaron a 36.000 oficiales “blancos”-. Aquí, nuestros “prisioneros de guerra” –más de 2000- están en manos de legos Tribunales Orales Federales, absolutamente ajenos al “Jus in Bello”, que han tenido que arrasar con todos los principios del derecho penal para continuar con los juicios –simulados- en los que nuestros soldados, enviados defectuosamente a la guerra por un presidente constitucional para aniquilar al terrorismo revolucionario, son juzgados como criminales comunes con el Código Penal.

 

Para ello se ha dictado que: “No hubo una guerra civil revolucionaria” -y ésta duró treinta años-.

 

Esta aberración tiene el aval de algunos jueces de la Corte Suprema, sospechados de apoyo al terrorismo doméstico, bajo la excusa de que la política de derechos humanos es “una política de estado”, olvidando que debieran ser ellos las vestales de la Constitución.

 

El RU, inmediatamente después de la Guerra del Atlántico Sur, ha logrado anular a las FFAA argentinas con una estrategia de aproximación indirecta y en acuerdo con el enemigo revolucionario, que de éste modo “trastocó” su derrota táctica en un éxito estratégico político, decreto 158/83 de por medio.

 

Así llegaron al gobierno, como lo habían intentado antes con Cámpora. Es el capítulo que le falta al libro de Levinas, recientemente presentado. No hay un “doble agente” sino “un triple agente”, inmune operador oculto de la inteligencia británica y afilada pluma revolucionaria del Pravda criollo.

 

 

6- Lo llevo al ámbito internacional. La Guerra Fría terminó. Y se unificó Alemania tras la caída del Muro. Pero el comunismo sigue activísimo. Siempre tratando de instalarse por medio de gobiernos complacientes y corruptos en América Latina. Pero no pueden infiltrarse en países con democracias sólidas y estables. Puede explicarnos por qué?

 

HJA

 

Las democracias republicanas solo pueden desarrollarse en países que preservan su identidad, es decir, su cultura y su consecuente disciplina social. Las democracias de partido único son las repúblicas populares -y/o populistas-, que ha diseminado el comunismo internacional, por diversas vías. La UE somatiza, aun hoy, con gobiernos conservadores, lo que realizó el euro-comunismo con el “estado de bienestar”, durante años.

 

La reconstrucción de la cultura de Europa llevará décadas, si es que se logra. Se lo ha dicho Putin recientemente a la OTAN, muy enérgicamente y desde Moscú, la Tercera Roma, con la autoridad religiosa rusa parada a su lado. Mucho antes, el Cardenal Ratzinger se lo había expresado a los senadores italianos que iban a aprobar en Bruselas la Constitución “giscardiana”: “Europa tiene el alma marchita, se odia a sí misma”, les señaló. No fue entendido.

 

Sin una identidad fuerte, los países no pueden ingresar con éxito a la globalización planetaria posguerra fría, del mismo modo que no pueden tener una democracia genuina. La debilidad de los Estados soberanos frente a los masivos intercambios comerciales y comunicacionales, exige una fuerte idea de pertenencia e instituciones sólidas. Obsérvese a la Alemania de Merkel en su vecindario inmediato y mediato y se encontrará la razón por la que la llaman “la locomotora de la UE”.

 

Iberoamérica, luego de treinta años de guerras revolucionaras, presenta cuasi-democracias, formales y débiles, Estados institucionales descalabrados o burocratizados y sociedades confundidas por sus dirigencias políticamente extraviadas.

 

¿Puede existir una democracia sólida, surgida de acontecimientos como los que terminamos de observar en las elecciones de Santa Fe, Tucumán o el Chaco?

 

En la República el mandante es el pueblo, no los “mandatarios”. Si el ciudadano está desinformado y transculturizado, no es posible la democracia ni la República. Hay tiranía, corrupción y permanente tensión social -estado de guerra-.

 

 

7- Qué representa China con su potencial económico y gigantesca población para el mundo Occidental?

 

HJA

 

China ha sido siempre el “Imperio Del Centro”. Históricamente no ha salido de sus límites. Actualmente tiene que lograr el desarrollo social de una enorme masa humana. Necesita insumos y a la vez mercados. Por eso muestra cierta agresividad diplomática y económica. Además ya construye, en puntuales espacios del mundo, su futuro status de gran potencia.

 

Si Occidente tuviese una conducción imperial adecuada a éste tiempo -y no la que tiene- en el ingreso a una nueva etapa de la civilización, la del conocimiento, buscaría un nuevo entendimiento global y un nuevo equilibrio geopolítico posguerra fría.

 

Mantendría la PAX Mundial. Pero ello no aparece en el horizonte político internacional de un Occidente decadente y menguado, tal como ha emergido en 1991, cobrando los “dividendos de la Paz en tiempos pos heroicos”.

 

La actual “situación estratégica internacional licuada”, con acondicionamientos que apuntan hacia un nuevo mapa político-estratégico, puede ser considerada como una oportunidad de progreso o bien como una situación de graves y nuevos conflictos generalizados y anárquicos.

 

Éste último pareciera ser el camino emprendido, que lleva a un multipolarismo conflictivo, anárquico y sangriento, en constante agravamiento.

 

Esperamos -en Occidente y en la Argentina- nuevos liderazgos con autoridad, a la altura de los nuevos desafíos.

 

Lo hicieron Reagan-S. Juan Pablo II, cerrando pacíficamente a cuarenta y tres anos de guerra fría 1947-1989/1991-. ¿Quién acompañará en Occidente al Papa argentino y al Papa Emérito, para terminar con la presente guerra mundial, de mucha más difícil resolución?. China y Rusia jugarán un papel importante en ésta oportunidad. Estemos atentos –en estos días- a las entrelíneas jesuíticas de los discursos papales en los EEUU.

 

 

8- Rusia es otro misterio o es previsible porque su conductor Vladimir Putin maneja la inteligencia de Estado y otras disciplinas estudiadas y aprendidas durante sus años en la KGB?

 

HJA

 

 

Putin aventaja a sus colegas occidentales por las grandes experiencias que ha transitado y sus conocimientos geopolíticos –interrelación de poder, tiempo y espacio-.

 

A partir de la debilidad remanente de la implosión soviética, alienta la capacidad de iniciativas que vayan a RECREAR LA IDENTIDAD RUSA y a crear un cinturón de seguridad en su frente oeste-sur y con ello conjurar la histórica ansiedad rusa por la vulnerabilidad de su territorio sobre el límite Oeste y Sur.

 

Ha reforzado el ánimo de la Madre Patria Rusa y está actualizando a sus FFAA en organización y tecnologías.

 

Actualmente las mantiene en alerta y ha desplazado fuerzas conjuntas a Tartus y Latakia, en Siria, velando por su presencia en el Mediterráneo, como ya lo hizo en el Mar Negro.

 

Sus propios problemas internos –la necesidad de tiempo- lo impulsan a establecer la Paz y los equilibrios entre los países oceánicos occidentales y los continentales asiáticos, pero necesita de pares equivalentes en la OTAN, con quien alcanzarlos y no los encuentra.

 

Por el momento cuenta solo con el Papa Francisco. En el próximo encuentro de ambos en Nueva York, muy probablemente se tratarán estos temas y veremos seguramente el reflejo del diálogo en Siria, en poco tiempo más, para contener el cruento aniquilamiento de los cristianos, que no ha hecho reaccionar a los europeos ni americanos, con la urgencia del caso.

 

 

9- La diputada Elisa Carrió ha dicho públicamente que el gobierno de Cristina Kirchner nos ha sacado de Occidente, porque ha puesto al país al servicio de los rusos y los chinos, entregando nuestro territorio a cambio de unos convenios muy ventajosos para ellos y muy desfavorables para nosotros, como la entrega de nuestro territorio, donde ya hay instaladas más de 23 empresas chinas. Cómo salimos de esta calamidad?

 

HJA

 

Vengo insistiendo en mis respuestas anteriores en la urgente necesidad de recuperar nuestra cultura Occidental –hispano, criolla, católica-. Cualquier “alianza política-estratégica” fuera de la natural órbita de nuestra cultura, es confundir la asociación comercial, con compromisos estratégicos ajenos a nuestra identidad.

 

Ya estamos encapsulados de hecho y estas “alianzas extra-hemisféricas” comprometen nuestra seguridad nacional y aumentan nuestro aislamiento.

 

El veneno de la ideología no puede reemplazar a la Política Exterior.

 

Éste canje sorpresivo, por una necesidad financiera de Banco Central, nos posiciona como “quinta columna regional”.

 

La Base, en la Bajada del Agrio, en Neuquén, es un elemento que necesita China –como potencia militar- en una eventual guerra espacial-cibernética futura.

 

Alguna consecuencia tendremos, cuando esté operativa, teniendo en cuenta que el vecino Chile, con un gobierno socialista, revista en el ALCA y es aliado estratégico de EEUU y de la OTAN.

 

 

10- Está de acuerdo con el Papa Francisco que ha dicho que estamos en una tercera guerra mundial de a pedazos y que esta es mayormente por la gran concentración de la riqueza en unos y la desmesurada pobreza en otros?

 

HJA

 

El Papa Francisco es el único líder mundial que acierta al señalar que está en curso una guerra mundial. Pareciera que nuestros políticos no la ven, a pesar que cursa su décimo cuarto año. Técnicamente, no es la Tercera, sino la décima cuarta, en los últimos cinco siglos. Es la segunda guerra mundial que se libra en ambiente químico-bacteriológico-nuclear –QBN–, la primera fue la guerra fría y, como la anterior, ésta es inédita.

 

Pero en la presente no funciona la disuasión y ello no es un dato menor.

 

El peligro del empleo QBN, existe.

 

Ésta guerra mundial abarca al planeta, reconociendo un epicentro en el Gran Medio Oriente. A hecho metástasis en todos los continentes. El Papa la describe como guerra “por partes”. Es una forma de describir la “forma” en que se desarrolla, por ahora. Su etiología es designada por los estrategas teóricos como de 4ta o 5ta generación, asimétrica, híbrida, irrestricta o social.

 

Lo cierto es que está en juego la sobrevivencia de Occidente, nuestra cultura, nuestra forma de vivir, nuestra ética, que tienen como sólido cimiento al cristianismo. Esa es la causa de la intervención papal, como lo fue en la anterior, la guerra fría.

 

La redistribución de la riqueza está relacionada con las opciones económicas que políticamente se adopten y del nivel ético de las élites. Nuestra Iglesia se expresa a través de la “Doctrina Social de la Iglesia”, que acepta al capitalismo con redistribución equitativa, con consciencia social.

 

 

11- ¿No habría que agregar algo que el Papa no dice y es que la tercera guerra mundial es asimétrica -corríjame si no lo digo bien- y está apoyada por el narco terrorismo, el narcotráfico, y las narco democracias?

 

HJA

 

En parte, esta pregunta quedó respondida en el punto anterior.

 

La tendencia a llamarle “tercera”, se origina en que los europeos llaman 1ra y 2da guerras mundiales a sus guerras civiles del 14/18 y del 39/45, que también fueron mundiales.

 

Al existir una alianza estratégica del “socialismo siglo XXI” -centrado en Caracas- con los países y organizaciones que conforman el núcleo del complejo “enemigo sin rostro” que enfrenta a Occidente, en la “guerra contraterrorista global”, los revolucionarios del Foro de San Pablo y el crimen organizado internacional –que entre nosotros es narcoterrorismo- son los actores regionales de la metástasis que hemos citado.

 

Dadas las enormes diferencias formales con la guerra fría, la masa de la población la observa, pero no la ve. Cuando la descubra, será tarde, y ese es el enorme riego que nos envuelve.

 

Hay cierta intuición de riesgo, hasta en los hombres más sencillos, pero nuestra dirigencia mira hacia otra parte. Hay cobardía cívica, por eso permanentemente recordamos, a través del IEEBA, la conocida frase de Vergesio –siglo IV a. C.- “Si quieres la Paz, prevé la guerra”.

 

¡En nuestra querida Patria ello está impedido por la vigente legislación de Seguridad Nacional!.

 

El narcoterrorismo financia actualmente al proceso pseudo-revolucionario iberoamericano que, a pesar de haber sido relanzado en el 2013, se encuentra actualmente gravemente afectado en su continuidad, en toda la región. Observe la situación de Dilma, de Bachelet, de Humala, de Correa o del antiguo mecenazgo de Caracas: Maduro desespera para que llegue un golpe de estado salvador de una próxima y segura derrota electoral.

 

Ésta situación debiera alertarnos, pues “el león está herido”.

 

 

12- Y la última. El narcotráfico está instalado cómodamente en nuestro país y opera a través de nuestros dirigentes políticos que pagan sus campañas electorales, a cambio de liberar territorio para la venta del paco y otras drogas con las que están envenenando a nuestros jóvenes. Ud. cree, tal como ha dicho el candidato Massa, que las zonas narco del país se liberan con la intervención militar como ha sucedido en otros países de la región?

 

HJA.

 

El narcoterrorismo es un fenómeno estratégico que se inició en la región hace un cuarto de siglo. Hay quienes todavía confunden el fenómeno social y de salud pública, la drogadicción, con el narcoterrorismo.

 

Otros entienden que es un mero problema de seguridad pública, a pesar del continuo desborde de los juzgados federales y sus auxiliares y el crecimiento exponencial del consumo, de sus consecuencias delictivas y de la corrupción en el Estado.

 

Si ataca a la sociedad en su conjunto y al Estado, comprando las voluntades de los funcionarios en todos los niveles, ¿puede ser considerado como un mero problemita policial?

 

Claro está, cuando éste drama ingresa, ¿cómo extirparlo?

 

Lo hemos visto en países hermanos, pero no aprendimos.

 

No hay voluntad política para darle categoría estratégica, a la metástasis.

 

Una mezcla de ignorancia, compromiso y cobardía lo impide.

 

No es un tema que se resuelva con militarización, sino con una Gran Estrategia que abarque todos los resortes del poder, de modo conjunto y combinado, pues es un fenómeno internacionalizado.

 

Antes de pensar en lo operativo, debemos conceptualizar al fenómeno.

 

No proponer la acción, -lo verbal- sino conceptualizarlo -lo sustantivo-.

 

Una vez que el concepto esté fijado, desarrollar las estrategias que dirigirán a las tácticas, la acción –lo verbal-.

 

Llevar tropas militares a las fronteras es sacar a las instituciones de sus andariveles CONSTITUCIONALES pero, además, es un fracaso anticipado que las instituciones NO DEBEN ACEPTAR, como lo han hecho en el pasado, en situaciones homólogas.

 

Es necesario lograr un acuerdo regional de Seguridad Colectiva y Defensa Común. Logrado éste, es necesario organizar un Estado Mayor Conjunto-Combinado Regional y desde allí cruzar los contralores operativos, según la planificación estratégica continental. Quienes aspiran militarizar la situación para terminar con éste drama, son quienes no lo entienden, están mal asesorados por mentalidades tácticas, o bien quieren proteger o encubrir sus compromisos con los traficantes.

– CACEROLAZO    DIGITAL –    de     L  A  N  A  T  A

Carta abierta de Lanata al Presidente de La Nacion Argentina, CKF:

“He escuchado con desagrado, en su trigésima cadena nacional que viola la veda electoral, que Usted comparó nuestra nota del pasado domingo con el trabajo de los grupo de tareas de la dictadura. Sinceramente la comparación me parece ofensiva e injusta y viniendo de Usted, mucho más.

 

No sé cuál es su estatura moral para hablar de los años de plomo de la Argentina, años en los que Ud. y su esposo se enriquecían ejecutando propiedades gracias a la tristemente célebre 1050. En esos años, señora, yo fui mozo de bar -había comenzado antes el periodismo, a los 14 años, algo que podría servirle como ejemplo a su hijo- y desde que volví al periodismo ayudé en todo lo que pude a los organismos de derechos humanos.

 

Le recuerdo, señora, que el diario que Ud. prostituyó y yo fundé fue el primero y el único en publicar solicitadas gratis, casi diarias, de los familiares de los desaparecidos y que encabezamos las campañas internacionales por el regreso al país de Juan Gelman y Miguel Bonasso, entre otros.

 

Ud. y su difunto esposo, señora, no se animaron, siquiera, a presentar un hábeas corpus en aquellos años, como recordó el fiscal Strassera días antes de su muerte a Magdalena Ruiz Guiñazú durante una entrevista.

 

Ustedes, señora, descubrieron el negocio de los derechos humanos mucho después, y dejaron el terreno devastado: prostituyeron a las Madres, dividieron a los familiares, los compraron con algunos cargos así como Menem, años antes, los había dividido con las indemnizaciones. Nunca formé parte de ningún grupo de tareas y sobre mi conciencia no pesa ninguna muerte. En su caso, señora, debe todavía darle respuestas al pueblo sobre varias.

 

Sé que es en vano pedirle que se disculpe por la ofensa.

 

Con el respeto al que me obliga su investidura pero con ningún respeto personal la saluda

 

Jorge Lanata, periodista

 

Cacerolazo digital IMPORTANTE

 

AHORA ES EL MOMENTO de exigirles a nuestros políticos que estén a la altura de las circunstancias y se unan para acabar con ESTO, y evitar LO QUE SE VIENE.

 

Y nuestra responsabilidad es abrirles los ojos!!!!!!!

 

 

EXIJAMOS GRANDEZA. QUE, LOS CANDIDATOS DE LA OPOSICIÓN SE UNAN PARA SALVAR A NUESTRA QUERIDA Y DESPOJADA ARGENTINA ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE.

QUE DEJEN SUS DIFERENCIAS PARA OTRO MOMENTO.

 ¡Vamos Con El Cacerolazo Digital!

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Hoy se cumplen 32 años de la decisión de un hombre que salvó al mundo, y nadie conoce: El Teniente Coronel Ruso Stanislaw Petrof

por  • 25/09/2015 •  El Teniente Coronel Ruso “Stanislaw Petrof”. 

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A veces en la historia es más importante lo que casi pasó que lo que realmente ocurrió. Y quizás lo más asombroso de estas increíbles historias de héroes tan lejos del glamour de las historietas sean las sincronicidades que las rodean.

Les voy a contar cómo hace 32 años, un hombre del que la mayor parte del mundo jamás ha oído hablar se convertiría en el héroe más grande de todos los tiempos, por haber salvado “literalmente” al mundo de un Apocalipsis atómico.

Corría el año 1983, plena guerra fría, pero tan caliente como no lo había estado desde la crisis de los misiles en Cuba. El 23 de marzo, el Presidente Reagan lanzó “Star Wars – Guerra de las Galaxias”, llamando literalmente a Rusia “El Imperio del Mal”.

Y contaba con un importantísimo aliado igualmente decidido en terminar con el comunismo, Juan Pablo II. Los planetas parecían alineados para acabar con la Unión Soviética, y los soviéticos se lo tomaron muy en serio.

EEUU y la OTAN planeaban colocar misiles en Alemania Occidental y organizaban un ejercicio militar en Europa, entre otras cosas…

Pero los líderes de URSS eran de la generación de la Segunda Guerra y recordaban perfectamente cómo, con el pretexto de un ejercicio, Hitler había engañado a Stalin y lanzado la Operación Barbarroja.

Permitir que se repitiera era inadmisible.

Asumieron que lo del ejercicio era una tapadera para una invasión real, y tomaron su decisión. Disparar todo su arsenal al recibir la primera indicación de un ataque nuclear.

La tensión era Máxima. A punto tal que el 1° de septiembre de 1983, un avión de línea surcoreano entró por error en el espacio aéreo soviético y no dudaron en derribarlo sin aviso matando a 269 personas, incluido un senador y varios ciudadanos americanos.

Esta historia no pudo haber llegado en peor momento.

La noche del 25 de septiembre de 1983, un Coronel de 44 años de la sección de inteligencia militar de los servicios secretos de la Unión Soviética llegaba a su puesto de mando en el Centro de Alerta Temprana de la inteligencia militar, desde donde coordinaba la defensa aeroespacial rusa.

Sin embargo, ésa debería haber sido su noche libre. Fue convocado a último momento porque quien debía estar había dado parte de enfermo…

Su trabajo consistía en analizar y verificar todos los datos de los satélites sobre un posible ataque nuclear americano. Contaba para ello con un Protocolo sencillo y claro. Tan claro y tan sencillo que había redactado él mismo…

Después de las verificaciones correspondientes, debía alertar a su superior, quien de inmediato iniciaría el contraataque con armamento nuclear masivo sobre los Estados Unidos y sus aliados.

Poco después de la media noche, exactamente a las 12:14 del 26 de septiembre del ‘83, todos los sistemas de alerta saltaron; las sirenas sonaron y las pantallas de las computadoras mostraban: “ATAQUE DE MISIL NUCLEAR INMINENTE”.

Un misil había sido lanzado desde una de las bases de los Estados Unidos.

Pidió mantener la calma y que cada uno hiciera su trabajo. Y él hizo el suyo.

Verificó todos los datos y pidió confirmación de visión aérea, los únicos que no pudieron confirmar dadas las condiciones climáticas.

A pesar de las confirmaciones, concluyó que tenía que haber ocurrido un error. No era lógico que EEUU lanzara UN SOLO MISIL si estuviera atacando a la Unión Soviética.

Y desestimó la advertencia como una falsa alarma.

Pero poco después, el sistema indicó UN SEGUNDO MISIL. Y después UN TERCERO.

Preso de una fuerte descarga de adrenalina, desde el segundo piso del bunker podía ver, en la sala de operaciones, el gran mapa electrónico de Estados Unidos con la base militar en la costa Este, desde donde habían sido lanzados los misiles nucleares, parpadeando.

En ese momento el sistema indicó otro ataque. UN CUARTO MISIL NUCLAR, e inmediatamente UN QUINTO.

En menos de 5 minutos, 5 misiles nucleares habían sido lanzados desde bases americanas contra URSS. El tiempo de vuelo de un misil intercontinental balístico desde los EEUU era de 20 minutos.

La actividad era frenética. Mientras él analizaba…

Después de detectar el objetivo, el sistema de alerta temprana lo hacía pasar por 29 niveles de seguridad que debían confirmar, lo hizo sospechar lo contundentemente que pasaban las alertas los niveles de seguridad.

Sabía que el sistema podía tener algún mal funcionamiento. Pero, podría todo el sistema haberse equivocado, 5 veces? ¿O estaba frente a Armagedón?

El principio básico de la estrategia de la Guerra Fría habría sido un lanzamiento nuclear masivo, una fuerza abrumadora y simultánea de cientos de misiles, no 5 misiles de a uno. Tenía que ser un error…

¿Pero si no lo era? ¿Si era una inteligente estrategia americana? El holocausto tan temido estaría sucediendo y él no haría nada?

Tenía cinco misiles nucleares balísticos intercontinentales en dirección a URSS y sólo 10 minutos para tomar la decisión “de qué informar” a la dirección soviética… Siendo perfectamente consciente que si informaba lo que todos los sistemas confirmaban, desencadenaría la Tercera Guerra Mundial.

Los 120 oficiales e ingenieros militares, con sus ojos fijos en él, esperaban su decisión.

Nunca antes en la historia, ni después, la suerte del mundo había estado en manos de un solo hombre como en esos 10 minutos. El futuro del mundo, o no, pendía de su decisión, mientras él luchaba entre si debía o no hacer accionar el “botón rojo’’.

Pensó: los americanos aún no tienen el sistema de defensa misilístico y saben que un ataque nuclear contra URSS equivale a la aniquilación inmediata de su propia población. Y aunque desconfiaba de ellos, sabía que no eran suicidas. Se dijo: “Ese gran imbécil no ha nacido todavía ni siquiera en los EEUU.”

Sabiendo que si estaba equivocado una explosión 250 veces mayor a la de Hiroshima ocurriría sobre ellos pocos minutos después sin que pudieran hacer nada, fue capaz de mantener la cabeza fría, de tener el coraje de escuchar a su instinto y de ajustarse a la conclusión lógica que le indicaba el SENTIDO COMUN.

Y decidió reportar un mal funcionamiento del sistema.

Paralizados y sudando a mares, él y los 120 hombres a su cargo contaban los minutos que faltaban para que los misiles alcanzaran Moscú…

Cuando DE GOLPE, segundos antes, las sirenas dejaron de sonar y las luces de advertencia se apagaron.

Había tomado la decisión correcta. Y salvado al mundo de un cataclismo nuclear.

Sus camaradas, empapados de sudor, se lanzaron sobre él abrazándolo y lo proclamaron un héroe.

Él se desplomó en su sillón y bebió más de medio litro de vodka sin respirar. Al terminar esa noche durmió 28 horas seguidas.

Cuando regresó al trabajo, sus camaradas le regalaron un televisor portátil de fabricación rusa para agradecerle. Todos estaban vivos gracias a la decisión que él había tomado.

Al enterarse de lo ocurrido, su superior le dijo que sería condecorado por haber evitado la catástrofe y que propondría crear un día en su honor.

Pero no fue así.

Rusia no podía permitirse que EEUU y el pueblo ruso se enteraran de lo sucedido.

Fue reprendido por no haber cumplido el protocolo. Se lo transfirió a un puesto de menor jerarquía. Y poco después se le dio la jubilación anticipada.

Teniente Coronel Ruso Stanislaw Petrof

Vivió el resto de su vida en un modestísimo 2 ambientes en los suburbios de Moscú, sobreviviendo con una mísera pensión de 200 U$S por mes, en absoluta soledad y anonimato.

Hasta que en 1998, su comandante en jefe, Yury Votintsev, presente aquella noche, reveló lo ocurrido, el llamado “Incidente del Equinoccio de Otoño” causado por una rarísima conjunción astronómica, en un libro de memorias, que por casualidad llegó a Douglas Mattern, Presidente de la Organización Internacional de Paz, “Asociación de Ciudadanos del Mundo”.

Y después de verificar tan alucinante historia, salió en persona en busca de ese héroe anónimo al que todos le debíamos estar AÚN en este mundo, para hacerle entrega del “Premio Ciudadanos del Mundo”. (Teniente Coronel Ruso Stanislaw Petrof )  La única pista sobre dónde encontrarlo la recibió de un periodista ruso, que le advirtió que tendría que ir sin hacer una cita porque su teléfono no funcionaba, y su timbre tampoco.

Encontrar su rastro en una fila enorme de complejos conventillos grises a 50 kilómetros de Moscú no le resulto fácil.

Uno de los vecinos a quien le preguntó le dijo: “Usted debe estar loco. Si un hombre que ignoró una advertencia de un ataque nuclear estadounidense realmente hubiera existido, habría sido ejecutado. En esa época no había tal cosa como una falsa alarma en la Unión Soviética. El sistema nunca se equivocaba. Sólo el pueblo”.

Finalmente lo encontró en el segundo piso de uno de los edificios. Sin afeitar y desalineado, asomó la cabeza. “Sí, soy yo, pase.”

“Sentí que me encontraba con Jesús (y no con el Teniente Coronel Ruso Stanislaw Petrof) cuando él abrió la puerta”, dijo Douglas Mattern.

“Sin embargo, él estaba viviendo como una persona de la calle. Cojeando, con sus pies hinchados, sin poder caminar mucho y constándole ponerse de pie, me dijo que sólo salía para conseguir provisiones”.

Además de relatarle la historia más o menos como se las acabo de contar, este hombre le diría: “No me considero un héroe; sólo un oficial que a conciencia cumplió con su deber en un momento de gran peligro para la humanidad’’. “Sólo fui la persona correcta, en el lugar y momento indicado”.

“En un mundo tan lleno de vanidosos que “pretenden” salvar algo cuando en realidad lo único que hacen es daño a los demás y al planeta. En un mundo tan lleno de miserias, mezquindades, egos, avaricia y ambiciones; la humildad de este hombre y su indiferencia por la fama y la importancia, estremece profundamente”, dijo Mattern.

Después de conocerse este hecho, expertos de EEUU y Rusia calcularon cuál habría sido el alcance de la devastación según el arsenal con el que contaban y habrían lanzado en ese momento.

Y llegaron a la friolera de que entre 3 y 4 MIL MILLONES de personas, directa e indirectamente, fueron salvadas por la decisión que ese hombre tomó esa noche.

“La faz de la tierra se hubiera desfigurado y el mundo como lo conocemos, acabado”, dijo uno de los expertos.

El Teniente Coronel Ruso Stanislaw Petrof Recibio:

• El Premio Ciudadano del Mundo el 21 de mayo 2004.

• El Senado australiano lo premió el 23 de junio 2004.

• Fue honrado en las Naciones Unidas el 19 de enero 2006. Dijo que fue su “día más feliz en muchos años.”

• En Alemania, en 2011, el dieron el Premio Alemán de Medios, que reconoce a personas que han hecho contribuciones significativas a la Paz Mundial, por haber evitado una potencial guerra nuclear.

• Fue Premiado en Baden Baden el 24 de febrero del 2012.

• Galardonado con el Dresden Preis en 2013.

• Y Kevin Coster realizó el documental “El Botón Rojo” en su honor.

Hoy en día continúa viviendo en su pequeño departamento de las afueras de Moscú, con su pequeña pensión de 200 u$s al mes, en relativo anonimato. Les dio la mayor parte del dinero de los premios a sus familiares y guardó un poco para comprarse una aspiradora con la que había soñado, y resultó defectuosa.

Cuando me enteré de esta historia, lo primero que pensé fue si, cuando sus vecinos o alguien lo destrata al mirarlos, alguna vez pensó que esa persona, su familia, descendencia y amigos están ahí gracias a él…

Si cuando ve las noticias y todo lo que pasa en el mundo, alguna vez se dijo que todo eso pasa por la decisión que él tomo en esos 10 minutos…

Si cuando mira el sol salir o ponerse, alguna vez piensa que tanta gente también lo puede hacer gracias a él…

Y me pregunto cuánto Darma puede ganar un alma humana que salvó miles de millones de seres humanos, plantas y animales; a un planeta…

Ese viejito que vive en un mísero 2 ambientes en los suburbios de Moscú con unos míseros 200 u$s mensuales SALVÓ AL MUNDO, Y NADIE LO SABE.

¿Cómo es posible que después de 32 años tan poca gente en el mundo sepa de él? (Teniente Coronel Ruso Stanislaw Petrof) Me resulta inconcebiblemente y muy injusto.

Por eso. En este nuevo aniversario de la decisión de sentido común que salvó al mundo, sólo quería que conozcan al Hombre que la tomó.

El Teniente Coronel “Stanislaw Petrof”.

Comentarios Previos al Documento Historico (Pase lo que Pase)

Link Corto para Difundir:

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Lo verdaderamente significativo de este fallo, a mi juicio, es el haber tenido por probados hechos que no son nuevos y que son por todos conocidos. A ello se suma el haberles asignado como consecuencia jurídica la nulificación de los comicios.

En todos los razonamientos que se hacen en torno de esos hechos hay un punto de partida que tengo por falso: se supone que acontecen ellos dentro de un proceso democrático. Esa afirmación sólo es posible y cobra sentido cuando democracia se indentifica con convocatoria a elecciones y definitiva aceptación de lo que suele llamarse veredcito de las urnas.

El verdadero fraude, entiendo, no se limita  al acto comicial ni con el recuento de votos -aunque suele haberlo con frecuencia- sino mucho antes. Hay sistemas que hacen inviable la democracia.

El voto cautivo es la resultante natural de la perversión burocrática consistente en el incremento constante del empleo público. Abundan las jurisdicciones donde entre el 60 y el 80% de los ciudadanos vive del empleo público. Dentro de ese porcentaje, un considerable número de sufragantes, por su incapacidad, se encuentra imposibilitado de obtener de otro modo un empleo remunerado. Hay que sumarle a ello la pseudo-empresa subsidiada que sobrevive por su relación con el aparato burocrático. Una auténtica movilidad social se hace de este modo imposible y con ello el voto independiente. De modo que no se trata meramente del voto del indigente.

Frente a esa circunstancia, el resultado electoral no puede ser otro que lo que don Álavaro Alsogaray identificaba como “costo social de la ignorancia”. Hace ya mucho tiempo Juan Bautista Alberdi advirtió de las consecuencias que se derivarían de la implantación del voto universal y obligatorio.  No lo escuchamos. No lo escuchó Saenz Peña y los resultados están a la vista.

Y siguiendo este LINK, no deje de leer: “DEMENCIAL y CRIMINAL REACION DEL GOBIERNO ARGENTINO a un FALLO JUDICIAL

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JUICIO: ACUERDO PARA EL BICENTENARIO VS. PROVINCIA DE TUCUMÁN S/ AMPARO. EXPTE. Nº 420/15.-

SENTENCIA Nº 822

Copiar Link Corto para DIFUNDIR: http://wp.me/P2hqUO-Oh

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, SEPTIEMBRE 16 DE 2015 – Hs: 19:30

Y VISTO: las presentes actuaciones caratuladas Acuerdo para el Bicentenario vs. Provincia de Tucumán s/ Amparo y encontrándose reunidos los Sres. Vocales de esta Sala Iª de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, con la integración que surge de la sentencia N° 806/15 (fs. 76), dijeron:

R E S U L T A:

A fs. 13/45 se presenta el apoderado del Frente Electoral Acuerdo para el Bicentenario e inicia acción de amparo en contra de la Provincia de Tucumán a los fines de que se declare la nulidad de las providencias de la Junta Electoral Provincial (en adelante JEP), dictadas en fecha 27/08/2015 en las actuaciones caratuladas Daniel Ponce s/ reclamos y protestas por el funcionamiento de la totalidad de las mesas habilitadas en el comicio del 23/08/2015 y en fecha 25/08/2015 en las actuaciones Daniel Ponce y Álvaro Contreras s/ solicitud de apertura de urnas y recuento voto a voto. Reserva de nulidad de comicio. Requiere además la nulidad de la Resolución N° 979/15 de la JEP y la nulidad de los comicios celebrados en fecha 23/08/2015 a los fines de la convocatoria a un nuevo acto eleccionario.
Manifiesta que en la presente acción se denuncia y deduce la nulidad de las elecciones celebradas en la Provincia por cuanto los derechos de los ciudadanos fueron violentados por el Gobierno de la Provincia y por su brazo político, el Frente para la Victoria, habiendo desplegado y urdido una maquinación fraudulenta desde mucho antes del inicio del acto comicial, la que se intensificó el día 23/08/2015.
Refieren a que en Tucumán se ha verificado el despliegue de maniobras organizadas que constituyen un fraude estructural e integral en que las pintorescas irregularidades ocurridas el día del comicio no son ni las más significativas, ni las únicas causales que invalidan el proceso electoral, pues son la manifestación lacerante y puntual de un sistema esencialmente fraudulento e incapaz de garantizar la libertad del sufragio de los electores.
Explicita que nos encontramos ante un proceso de naturaleza comicial, constituido por una serie de actos antecedentes y consecuentes que en su conjunto, permiten visualizar lo que se denomina proceso electoral y que, por su naturaleza, no puede ni debe ser juzgado por los criterios procesalistas tradicionales y los excesivos rigorismos formales existentes ante las pruebas, los procedimientos y los plazos, porque en los procesos electorales no cabe hablar de preclusión ni recurrir a artilugios o pseudos razonamientos formales procesalistas cuando lo que está en juego es nada más y nada menos que la libertad del elector, lo que implica la vigencia de la democracia y del régimen republicano y representativo.
Indica que el Gobierno de la Provincia, desde hace muchos años, se ha encargado de urdir y conformar la consumación de un sistema electoral fraudulento que es profundamente antidemocrático y que solo le es funcional a los que detentan el poder, pues requiere para su funcionamiento enormes sumas de dinero que solo el manejo de las cajas públicas puede proveer.
Dice que existen hechos que son la expresión más descarnada del extremo grado de degradación e irrespeto al que hemos arribado como sociedad, cuando a viva voz y por medio documentado se ha constatado la existencia de rifas de automóviles y otros premios, bingos, vestidos de 15 años, obras sociales, módulos habitacionales y cualquier bien o prebenda que es arteramente discernido como un favor del príncipe, en un sojuzgamiento cultural que lleva a tildar de traidor o desagradecido a quien habiendo sido beneficiario de alguna de dichas dádivas, dirija su elección hacia un candidato de la oposición.
Expone que este sistema excede a las dádivas tradicionales alcanzando formas más sutiles de compra o enajenación de la voluntad, la que se concreta cuando desaparece la inteligencia colectiva y los consensos y entra a regir la voluntad arbitraria de una o de un reducido grupo de personas. Agrega que el uso desenfrenado del poder en provecho particular y no en miras al bien común se ha plasmado en el bolsoneo de todo tipo, desde la patética bolsa conteniendo comida hasta la distribución autocrática de cargos, funciones y favores en un entramado sutil y de infinitas manifestaciones tendientes a comprar voluntades o acallar voces.
Señala que resultaba obvio que ante el tamaño contexto de inequidad, desigualdad y obsceno aparataje del gobierno, correspondía de modo inexcusable la adopción de medidas concretas que constituyeran un valladar idóneo frente a la marea de concupiscencias y desmesuras que amenazaban barrer con la libertad de conciencia y, en consecuencia, con la libertad de sufragio.
Sostiene que es así como el Frente para el Bicentenario, con fecha 24/07/2015 (un mes antes de los comicios), solicitó a la JEP una serie de medidas puntuales y específicas que en su conjunto tendían a preservar la libertad del sufragio y a desterrar y sancionar lo que denomina prácticas clientelares abyectas.
Expresa que la JEP dictó el 30/07/2015 la Resolución N° 961/15, que si bien evidencia una postura clara en contra de las prácticas clientelares, no fue acompañada ni de la difusión ni de la efectividad pertinente para lograr eficacia. Añade que esta fue luego complementada con la Resolución N° 971/15.
Destaca que el día 09/08/2015 en ocasión de celebrarse las elecciones Nacionales PASO, la sociedad en su conjunto asistió atónita y asqueada a la maximización de la práctica prebendaria y clientelar, por lo que el Frente Acuerdo para el Bicentenario realizó una nueva presentación ante la JEP dando cuenta de la situación acontecida, dejando en claro que resultaban insuficientes las resoluciones antedichas, por lo que correspondía complementarlas con otras medidas concretas.
Aduce que la JEP ya sea por inexcusable ingenuidad o por consciente complicidad, omitió deliberadamente proveer a dicha presentación y disponer de las impostergables medidas de publicidad y sanción para dotar de efectividad a las prohibiciones expresadas en sus resoluciones, evitando de ese modo el infierno electoral preanunciado y tan temido, el que se presentó de modo lacerante el día de las elecciones locales en una secuencia desenfrenada de irregularidades, desmesuras y maniobras fraudulentas.
Enuncia que lo expuesto es lo que conforma el concepto de fraude electoral o integral y la nulidad abstracta de los comicios, por cuanto su concepto no se asienta en hechos puntuales y casuísticos temporalmente atribuibles al día eleccionario, sino que hace referencia a la manipulación, distorsión, falsificación, al despojo, la prebenda, la desigualdad de medios, el uso de fondos públicos en provecho particular, ejercido en cualquier fase del proceso electoral con el claro objeto de que no existan elecciones libres y equitativas.
Arguye que los graves hechos y delitos ocurridos antes, durante y después del proceso electoral, obviamente han afectado la libertad de los electores. Ello alude no solo a los graves hechos de público conocimiento (retención de documentos de quienes reciben planes sociales, suplantación de identidades al momento de votar, etc.) dirigidos a cada elector, sino también a otros actos generales y sistemáticos (abuso de publicidad oficial, quema de urnas, tiroteos, agresiones a gendarmes, amenazas públicas, carga irregular de telegramas por parte del Correo Argentino, etc.), todos tendientes a producir intimidación pública.
Subraya que estos actos (quema de urnas, tiroteos, agresiones a gendarmes, etc.), han sido capaces de afectar y lesionar la libertad electoral de una generalidad de votantes, pues han alterado la tranquilidad del comicio y la seguridad personal de los electores en vastas zonas de la Provincia. Añade que las irregularidades han asumido tal entidad y gravedad que, a más de adquirir el carácter de públicas y notorias, han trascendido y alterado el resultado normal del comicio y la expresión genuina de la voluntad popular, provocando una reacción social inédita en nuestra joven democracia.
Recalca que resulta imprescindible para mantener el orden social y proteger la legitimidad en que debe sustentarse toda autoridad que se precie de democrática y republicana, que se cumplan en el caso todas las normas constitucionales en juego y cuya gravísima violación no puede sino conducir a su natural consecuencia, que no es otra que la nulidad del comicio.
Pone de resalto que además de las conductas antijurídicas señaladas, dirigidas a anular o condicionar la libertad de los electores víctimas de las mismas, se han verificado otras conductas graves -cuando no delictuales- que por su trascendencia han afectado la participación de sectores enteros de la población. Hace alusión expresa a las quemas de urnas, los tiroteos, amenazas a fiscales y otros hechos que eximen de mayores análisis.
Menciona que resulta notorio que los delitos señalados y las otras irregularidades cometidas (adulteración de telegramas, constitución irregular de la JEP, existencia de urnas adulteradas previamente llenas, urnas que llegaron a la Junta sin los precintos de seguridad, etc.), han tenido la clara intencionalidad de perjudicar a los candidatos del Frente Acuerdo para el Bicentenario y, a la inversa, beneficiar a la fórmula oficial hacia quien se dirigían los votos mediante las amenazas, entrega de dinero y bolsones, adulteraciones de telegramas y actas. Concluye en que por ello en las elecciones del 23/08/2015, se ha afectado la igualdad de oportunidades de los candidatos.
Apunta que en el caso de nuestra Provincia las elecciones no han sido auténticamente genuinas en tanto los hechos mencionados configuran un proceso irregular y viciado, en el cual se ha coartado la libertad de los electores y se ha adulterado la voluntad popular, además de haberse conformado irregularmente la JEP, con lo que se ha violentado sistemáticamente el debido proceso electoral estableciendo un plano de desigualdad entre las fuerzas políticas.
Asevera que no puede llegar a conocerse la voluntad popular ni resguardarse la soberanía del pueblo, si no se cumple con el debido proceso electoral, única garantía de que la real voluntad popular no sea adulterada, distorsionada, coaccionada, desviada o defraudada. Añade que tanto las amenazas como la violencia explicitada contra las urnas, los gendarmes, los fiscales y los electores, han viciado gravemente el comicio en la Provincia y se han realizado como parte de una actuación sistemática y pre-ordenada que incluyó, además, una lisa y llana compra de votos mediante la entrega de bolsones y dinero que, tratándose de gente de bajos recursos y grandes necesidades, tiene un efecto restrictivo de la libertad.
Manifiesta que la integración misma de la JEP es deficiente ya que luego de haber sido separados dos de sus miembros por la Justicia (el Ministro Fiscal Jiménez y la legisladora Bordinaro de Peluffo, quienes registraron previo a ello una profusa actividad como tales), el Presidente del cuerpo dictó la Resolución N° 978/15 a los fines de la integración del organismo con la Dra. Ana María Paz, quien también se encuentra incursa en la causal de excusación prevista en el inciso 1° del artículo 16 del CPCyC (su ex – cónyuge sería candidato). Agrega que además, mediante Resolución N° 979/15, la JEP ha seleccionado a la Dra. Emma Beatriz García, quien solo tendría intervención a los efectos de dirimir empates entre los dos miembros plenos.
Puntualiza que de tal forma la JEP ha quedado conformada por dos miembros y un tercer Magistrado con funciones acotadas, lo que evidentemente informa de modo elocuente la irregularidad estructural que posee el funcionamiento del órgano que debe conducir el proceso que develará a las autoridades que conducirán el destino de la Provincia.
Señala que el natural perjuicio que ello produce al Frente Acuerdo para el Bicentenario, en tanto derrotero institucional verificado en la JEP, se ha traducido en la existencia de un proceso carente del debido control de parte del Estado provincial y que ha demandado a las fuerzas políticas la necesidad de requerir sistemáticamente el amparo jurisdiccional contra decisiones de neto corte arbitrario emanadas de los órganos que debían impartir el orden, control y respeto a las leyes en el curso del proceso electoral.
Comenta que el irregular proceder de la JEP ha quedado patentizado en la pasividad y complacencia frente a las irregularidades registradas durante el escrutinio provisorio. Agrega que la deficiente integración del organismo, además de no garantizar la imparcialidad y, por ende, la igualdad de los candidatos y el debido proceso electoral, implica una violación de la garantía de tutela judicial efectiva, contenida en los tratados internacionales de derechos humanos.
Sostiene que lo dicho se agrava en la especie pues se denuncia la existencia de irregularidades de tal magnitud que incluso configuran delitos que han sido cometidos de manera generalizada, sistemática y grave, antes, durante y luego del acto comicial. Añade que tales conductas y delitos deben ser investigados y sancionados penal o administrativamente, lo que no empece a que informen de forma categórica sobre la nulidad de los actos que han sido producto de este proceder.
Expone que sin perjuicio de la deficiente integración de la JEP, se han registrado un sinnúmero de situaciones irregulares en relación al funcionamiento interno de aquel organismo. Arguye que en meses previos se ha efectuado una contratación de agentes sin ninguna publicidad o convocatoria pública, que casualmente ha recaído en beneficio mayoritario de familiares de funcionarios provinciales o empleados de la JEP, o simpatizantes, militantes y afiliados al Frente para la Victoria.
Relata que el funcionamiento irregular de la JEP ha quedado plasmado en la declaración de dos empleados de la misma, quienes frente al conocimiento de hechos a los que solo puede accederse desde el trabajo interno, han dejado constancia de tales extremos. Agrega que la sola lectura de los testimonios documentados notarialmente, acredita la existencia de privilegios para apoderados o la expedición de poderes de fiscales en cantidades desmesuradas.
Asegura que tales irregularidades refieren además a la constancia de recepción de urnas abiertas sin la custodia de Gendarmería Nacional y fuera de todo marco de seguridad mínimo que preserve la expresión de voluntad del pueblo de la Provincia. Afirma que contra todo orden, razón y justicia, los testimonios antedichos dan cuenta de un prosecretario de la JEP que ha ingresado al depósito de urnas con fajas de seguridad y con la ayuda de personal contratado a los efectos de reparar urnas y bolsines violentados, que ingresaron sin ningún control al lugar de custodia de las urnas.
Detalla que frente a los contundentes testimonios recabados, lo expresado en orden a las gravísimas irregularidades en la constitución de los partidos políticos se presenta como algo menor, toda vez que el proceder organizado del personal contratado y funcionarios de la JEP no puede ser relativizado ni moderado por cuanto constituye un accionar y una etapa más que cubre el rastro de empleados de correo infieles y el incumplimiento de la función de custodia de Gendarmería Nacional.
Indica que dichas irregularidades (notarialmente constatadas), constituyen prueba irrefutable de la inexistencia -en términos de imparcialidad- de una autoridad de aplicación de la norma electoral y a cargo de la dirección del proceso, lo que evidentemente lo desnaturaliza. Añade que de esa forma, la expresión del voto soberano del pueblo se encuentra tan desprotegida que puede o pudo haber sido trastocada o no, con lo que no se pude determinar ni siquiera si las urnas en custodias se corresponden de manera efectiva con las utilizadas durante el día del comicio.
Alude que los testimonios antes mencionados son suficientes para decretar la nulidad del comicio, toda vez que la actividad constatada y que se desarrolló puertas adentro de la JEP, es prueba acabada de la ruptura de la cadena de custodia del lugar de depósito de urnas, dando cuenta de la llegada de estas sin custodia, abiertas y en manos de particulares.
Expone además que, punteros del oficialismo retuvieron documentos de quienes reciben planes sociales durante el día de la elección. Dice que esta maniobra ilegal posibilitó que, durante la elección, terceros suplantaran a los verdaderos electores (cuyos DNI se encontraban retenidos), lo que llevó a que en la sección Este el nivel de participación de los electores haya sido increíblemente superior a la participación histórica, alcanzando porcentuales superiores al 90% y superando incluso a la participación efectiva en las PASO.
Solicita que sobre el particular, se tenga presente que tales cuestiones fueron objetos de sendas denuncias efectuadas por ante el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán y la Fiscalía de Instrucción Penal de la 3ª Nominación de la Ciudad de Concepción.
Explicita que finalizado el comicio se puso en marcha el mecanismo para la obtención de los resultados provisorios a través del recuento encomendado al Correo Argentino, que ha fracasado en todos sus objetivos a punto tal que no puede concretarse.
Explica que los telegramas utilizados al efecto, supuestamente debían ser digitalizados y transmitidos desde las delegaciones del Correo existentes en diferentes puntos de la Provincia, puestos en donde se registraría en video la recepción de los sobres inviolables con los telegramas remitidos por los presidentes de mesa, de conformidad a lo establecido por la JEP en Resolución N° 944/15 del 23/07/2015 y especialmente en la Resolución N° 967/15 del 07/08/2015, que ordenó la filmación del momento de entrega por parte del personal del Correo del telegrama de escrutinio (en sobre con cierre hermético) al empleado del centro de transmisión de datos.
Expresa que, lamentablemente, puesto el sistema en cero e iniciado el programa, ante la primera carga de datos efectuada, los fiscales informáticos acreditados detectaron una serie de inconsistencias que no pudieron ser explicitadas por el personal del Correo que se encontraba junto al personal informático de la JEP. Resalta que ello motivó la presentación de una impugnación ante el Presidente de la JEP, solicitando la suspensión del escrutinio provisorio, debido a los graves defectos detectados. Dice que la JEP, aun ante la innegable anomalía en la información proporcionada, ha evitado expedirse sobre el planteo efectuado, permitiendo que se continúen proporcionando a la población, guarismos electorales carentes de certeza y seriamente cuestionados por las fuerzas políticas.
Destaca que no puede explicarse el hecho de que los telegramas hayan superado las instancias de seguridad del programa implementado por el Correo Argentino que preveía puntos de cargas, de recarga, de control y de verificación, es decir cuatro instancias de control de la información y que, a pesar de ello, se publicaron datos de forma selectiva para informar a la población. Dice que tales vicisitudes motivaron la presentación de seis diferentes denuncias ante la Justicia Penal de la Provincia y una efectuada por el Frente Acuerdo para el Bicentenario, por ante la Justicia Federal.
Puntualiza que las irregularidades mencionadas pueden constatarse con el simple cotejo del material adjuntado a la demanda, conforme el cual sus análisis de fiscalización llevan contabilizados más de 500 telegramas con defectos graves inexplicablemente contabilizados con el Correo Argentino. Describe que debe tenerse particular consideración en lo que atañe a la Resolución N° 980/15 de la JEP del 25/08/2015, que da cuenta de la existencia de más de 600 telegramas con serias deficiencias, no contabilizados por diversos motivos, durante el escrutinio provisorio.
Sostiene que el marco general en el cual se desarrollaron los comicios solo puede ser definido como irregular, en virtud de las permanentes anomalías que signaron toda la jornada. Refiere que los niveles paroxísticos de degradación ocurrieron el domingo cuando facciones enceguecidas por conservar a todo trance el poder y los privilegios, cometieron actos de vandalismo quemando urnas, votos, escuelas, agrediendo a las fuerzas del orden y baleando sedes y domicilios particulares.
Enuncia que si las mencionadas Resoluciones N° 961/15 y N° 971/15 de la JEP prohibieron y especificaron las conductas contrarias a la libertad del sufragio y que hacían a la existencia del debido proceso electoral, y luego se constató categóricamente que tales extremos fácticos se configuraron en forma reiterada y masiva, superando incluso las previsiones normativas (como la quema de urnas y escuelas, la existencia de urnas preñadas y la falsificación de telegramas), claro está que los comicios se realizaron en infracción a las normas vigentes y, en consecuencia, afectaron abiertamente la garantía constitucional del debido proceso electoral.
En lo que incumbe a la nulidad de las diferentes providencias de la JEP solicitada en su demanda, manifiesta que en lo que corresponde a las actuaciones denominadas Daniel Ponce s/ reclamos y protestas por el funcionamiento de la totalidad de las mesas habilitadas en el comicio del 23/08/15 (providencia de fecha 27/08/2015); tal presentación contiene el reclamo a la constitución y funcionamiento de las mesas de votación, en la que oportunamente se ha protestado ante la JEP por circunstancias irregulares detectadas en diversos establecimientos escolares que se encontraban cerrados al momento de llegar los fiscales partidarios, establecimientos en los que una vez habilitado el acceso, se inició el comicio de forma inmediata, por cuanto ya se encontraban las urnas armadas y las autoridades de mesa ubicadas, habiéndose impedido la participación de los fiscales en el armado de las urnas.
Dice que en fecha 27/08/2015, la JEP emitió una providencia (que cuestiona de nulidad) dando cuenta de las diversas disposiciones tomadas por el organismo para garantizar la transparencia de los comicios y resaltando que la circunstancia de que hubiera ocurrido algún acto reprochable, no conducía a calificar de irregular el comicio.
Alude que la providencia atacada nada dice en orden al rechazo o admisión del reclamo efectuado y discurre en justificaciones de un órgano que no asume ni por vía de reflexión la responsabilidad frente a un acto electoral que solo puede calificarse de irregular.
En lo que atañe a las actuaciones Daniel Ponce y Álvaro Contreras s/solicitud de aperturas de urnas y recuento voto a voto. Reserva de nulidad de comicio, indica que en estas se solicitó a la JEP la apertura de las urnas y el recuento voto por voto, único medio para garantizar la genuina expresión de la voluntad popular a través de los votos emitidos. Agrega que este planteo fue realizado con anterioridad al conocimiento de los antedichos testimonios de los empleados de la JEP, que dejan entrever que el recuento voto por voto no necesariamente dará a conocer la voluntad del pueblo.
Menciona que la providencia del 25/08/2015 dictada por la JEP a consecuencia de tal pedido, asevera que el comicio no tuvo nada de irregular y rechazó, sin dar fundamentos suficientes ni válidos al efecto, la impugnación del comicio formulada tempestivamente en forma fundada y sustentada en sucesos verificables, públicos y notorios.
Advierte que las providencias cuestionadas fueron dictadas con la integración parcial de la JEP, con la presencia de los Dres. Gandur y Paz, con cuya decisión se ha alterado en los hechos la Ley 7.876, privando a los partidos políticos del criterio del tercer vocal que la ley expresamente prevé.
Asegura que a consecuencia de ello, el Frente Acuerdo para el Bicentenario, se encuentra en un estado total de indefensión procesal y a merced de un Tribunal que ha omitido injustificadamente el debido análisis de los graves hechos ocurridos y las impugnaciones de los partidos opositores.
Requiere el dictado de una medida cautelar mediante la cual se ordene a la JEP cesar en forma inmediata el escrutinio definitivo en curso, ello hasta el momento del dictado de la correspondiente sentencia de fondo. Agrega que dado que la sustanciación del presente amparo requiere de todas las garantías procesales y dado que los plazos en juego pueden dar lugar a demoras que afecten el derecho a elecciones libres, solicita que, hasta tanto se dilucide lo discutido en autos, se declare la suspensión de los efectos de la elección.
A fs. 52 el Vocal Horacio R. Castellano se inhibe de entender en la presente causa por encontrarse comprendido en la causal prevista en el artículo 16 inciso 11 del CPCyC, respecto del letrado Arnaldo R. Ahumada. Conformado el Tribunal de acuerdo a la integración que emana del decreto de fs. 53, por Resolución N° 806/2015 (fs. 76) se hizo lugar a la excusación formulada por el Vocal antes mencionado.
Solicitado que fuese a la JEP el informe previsto en el artículo 21 del CPC (fs. 50), este fue presentado a fs. 54/71. Allí se destaca:
a.- que la JEP llevó adelante el proceso electoral con estricto apego a la normativa vigente y, asumiendo la particular complejidad de la presente elección, dictó numerosas resoluciones con el objeto de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a voto en condiciones de seguridad y confianza. Enumera los diferentes actos administrativos dictados en consecuencia;
b.- que en lo que atañe a la aseveración del actor en relación a que la JEP habría permitido la participación de partidos de constitución irregular y autorizado la representación múltiple de partidos políticos en la persona de un mismo apoderado, menciona que se dictó en primer lugar la Resolución N° 99/14 del 22/12/2014, por la que se ordenó a los partidos políticos acompañar a la ficha de afiliación copia del DNI del afiliado, certificadas por la autoridad partidaria correspondiente. Señala que luego dictó la Resolución N° 100/14 por la que se ordenó a quienes fueran apoderados de varias agrupaciones que en el plazo de 30 días optasen por continuar su actuación en solo una de ellas;
c.- que ante el planteo de nulidad de tales actos efectuados por el partido Movimiento Ergisto, se rechazó tal pedido en relación a los actos antedichos, más se ordenó la suspensión de la Resolución N° 100/14, debido a la imposibilidad temporal de su aplicación;
d.- que tales disposiciones administrativas, que exclusivamente perseguían dotar de transparencia al proceso electoral, fueron objeto del más amplio debate y publicidad, sin que los amparistas efectuasen objeción alguna;
e.- que contrariamente a lo afirmado por el actor, las Resoluciones N° 961/15 y N° 971/15 fueron comunicadas por todos los medios disponibles. Agrega que se publicaron ambas en el Boletín Oficial y se comunicó a todos los partidos políticos a través del sistema de notificación electrónica, dándose también noticia a todos los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos de la Provincia;
f.- que a más de tales resoluciones, la JEP realizó diversas actuaciones con el objeto de garantizar la seguridad y transparencia del proceso electoral. Detalla que se firmó con Gendarmería Nacional un convenio de cooperación por el cual se dispuso colocar en cabeza de esa fuerza la custodia, seguridad y desarrollo del acto electoral. Agrega que en igual sentido, la Policía de la Provincia en coordinación con Gendarmería, presentó ante el organismo la Diagramación Especial de Seguridad Preventiva N° 30/2015, en la que se describía el despliegue policial a realizarse el día 23/08/2015;
g.- que igualmente, la JEP coordinó con el Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), para la participación de veedores externos del proceso electoral para el día 23/08/2015, informe que concluyó en la inexistencia de episodios de fraude durante los mencionados comicios;
h.- que la actual integración de la JEP es consecuencia de la sentencia judicial firme N° 541 de la Sala IIIª de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de fecha 21/08/2015, en la cual se facultó al Presidente de la Junta a proceder a la legítima integración de los restantes miembros del cuerpo;
i.- que en orden a ello, el Presidente dictó la Resolución N° 978/15 integrando el organismo con la Dra. Ana María Rosa Paz; Fiscal Civil, Comercial y del Trabajo de la Iª Nominación. Enuncia que posteriormente se emitió la Resolución N° 979/15 por la que estableció que en caso de empate de votos, la cuestión fuera dirimida con el voto de la Sra. Fiscal Civil, Comercial y del Trabajo de la IIª Nominación, Dra. Emma Beatriz García;
j.- que en relación a la presunta causal de recusación de la Dra. Paz, al momento no se ha deducido recusación alguna en su contra, sin perjuicio de lo cual el ex – cónyuge de esta ha presentado su renuncia como candidato del partido Proyecto K;
k.- que en lo que atañe al cuestionamiento sobre la organización y el funcionamiento interno de la JEP, debe tenerse presente que la contratación de personal en forma directa está vinculada exclusivamente con la particular necesidad de satisfacer las necesidades del período comicial. Rechaza que hayan existido demoras inexplicables en el trámite de las actuaciones desarrolladas ante la Junta y ocultamiento de información;
l.- que respecto de lo mencionado por el amparista en orden a las declaraciones realizadas por dos empleados contratados por la JEP, incorpora a la causa otros cinco testimonios de sendos empleados del organismo pasados ante Escribano Público. Agrega que respecto a lo manifestado en relación al desinterés de los funcionarios de la JEP para dejar constancias de irregularidades como la recepción de urnas abiertas conducidas por particulares sin custodia de Gendarmería y sin garantías de seguridad, fueron los empleados del Correo Argentino los encargados de recibir las urnas y de registrar la documentación electoral que llegaba a las instalaciones de la JEP;
ll.- que en lo que concierne a la alegada pasividad de la JEP en lo que hace al desarrollo del escrutinio provisorio, luego de destacar que este no es una declaración de voluntad emanada del órgano electoral y que carece de valor jurídico, detalla que durante el trámite de dicho proceso se presentaron en la sede del correo los apoderados del Frente para el Bicentenario y sus máximos candidatos habiéndoseles informado allí que no era procedente suspender el escrutinio provisorio, pero que se extremarían los recaudos tendientes a garantir la transparencia del mismo;
m.- que tan fue así que quedaron 641 mesas sin computar en el escrutinio provisorio respondiendo a las previsiones aludidas. Expresa que esas mesas fueron las primeras en examinarse en el escrutinio definitivo. Agrega que de las mismas, solo 4 fueron declaradas nulas y más de la mitad de las restantes no fue objeto de observación ni impugnación por ninguno de los partidos intervinientes;
n.- que las mesas correspondientes al listado de telegramas a los que alude el amparista en el anexo I de su demanda aun no fueron escrutadas, a excepción de la mesa N° 1.421 la cual, dada la conformidad de los datos de las actas de escrutinio con los de las actas de los fiscales de partidos, no mereció la apertura de la urna respectiva;
ñ.- que en lo que concierne a la alegada adulteración de padrones y retención de DNI, tales situaciones deben ser investigadas principalmente por la Justicia Federal. Sin perjuicio de ello, detalla una serie de actuaciones que la JEP llevó a cabo antes y después de los comicios en relación a dichas cuestiones;
o.- que en lo que hace al conjunto de hechos que la parte actora describe dando cuenta de prácticas clientelares, la JEP en virtud de la Resolución N° 961/15 condenó categóricamente tales situaciones y dispuso medidas concretas para evitar que aconteciesen tales hechos durante las elecciones, tomado de tal forma todas las medidas a su alcance en el marco de su competencia;
p.- que las manifestaciones recibidas en la sede del organismo en relación a las prácticas descriptas, merecieron su remisión -según la naturaleza de las mismas- a la Justicia Federal o a las Fiscalías en lo Penal de Instrucción del Poder Judicial provincial para que, a través de las investigaciones pertinentes, determinen la eventual comisión de los hechos denunciados.
A fs. 96 se requiere un informe complementario a la JEP en atención a las previsiones del segundo párrafo del artículo 21 del CPC, el cual fue evacuado por esta a fs. 119/123. Allí consta:
1.- que el día 31/08/2015 se solicitó a Gendarmería Nacional las filmaciones de seguridad de la recepción y depósito de las urnas luego de realizado el acto comicial;
2.- que en fecha 01/09/2015 el Comandante Gral. Sosa respondió que bajo su comandancia se había contratado una empresa para la instalación del sistema de cámaras para el exterior e interior de los recintos de la JEP y que la empresa se encontraba abocada a la tarea de levantar la información almacenada;
3.- que si bien las cámaras de seguridad fueron sugeridas por el Secretario de la JEP a Gendarmería Nacional, en ningún momento se indicó o recomendó la empresa o el procedimiento para cumplir con la prestación, por lo tanto se desconoció todos los pasos sucesivos a la propuesta realizada;
4.- que a las 18:30 del 07/09/2015, el Comandante Mayor Maley remitió a la JEP una comunicación mediante la cual se tomó conocimiento de que las filmaciones tenían algún tipo de anomalías;
5.- que el citado informe era acompañado con una serie de actuaciones y adjuntaba los discos externos en un sobre madera. Agrega que dada la hora y ante el pronto vencimiento de los plazos fijados por el Tribunal, tanto la documentación como el material adjunto fue inmediatamente remitido a este Juzgado;
6.- que respecto de las medidas de seguridad adoptadas para poder reconstruir los videos dañados, al remitirse los discos originales a este Juzgado, se vieron imposibilitados de llevar adelante cualquier medida al respecto. Añade que sin perjuicio de ello, el Comandante Maley en fecha 10/09/2015, informó que la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, se encontraba abocad a la comprobación de funcionamiento del disco rígido interno de extracción de información forense;
7.- que el informe remitido por Gendarmería Nacional del 07/09/2015, no estableció ninguna precisión acerca de la gravedad de los daños sufridos por las grabaciones, ni los días de grabaciones que se encontraban afectados;
8.- que ante la fundada sospecha de que se encontraban afectados los registros fílmicos de llegada y depósito de urnas a las instalaciones de la JEP, en fecha 10/09/2015 se realizó una presentación ante el Juzgado Federal poniendo en conocimiento tal situación;
9.- que aun en el supuesto de encontrarse dañadas las grabaciones solicitadas por este Juzgado, no se encuentra afectada la cadena de custodia de las urnas implicadas en el acto comicial del día 23 y 24 de agosto de 2015. Recalca que la filmación del traslado y depósito de las urnas no se encontraba incluida ni en el convenio ni en el protocolo de custodia, despliegue y repliegue de las urnas y que por ello tal medida adicional de vigilancia no tuvo incidencia respecto de la organización preestablecida entre la JEP y Gendarmería Nacional;
10.- que los elementos de registro fílmico referidos al control de las urnas se encuentra a cargo de Gendarmería Nacional, siendo que los equipos informáticos con los cuales se efectúa la carga y control de los datos del escrutinio, son de propiedad de la Junta, encontrándose, por ende, la custodia de estos a su cargo;
11.- que la JEP jamás realizó contrato alguno con la empresa INFO FOJ, lo que se justifica en razón de que es Gendarmería Nacional quien contractualmente tiene a su cargo la custodia de las urnas. Aduce que en tal contexto, la determinación de los métodos alternativos de seguridad y todos los aspectos técnicos que son su consecuencia, obviamente se encontraban a cargo de aquella;
12.- que los equipos informáticos correspondientes a la JEP no presentan ningún daño y que con referencia a las cámaras de vigilancia supuestamente instaladas por INFO FOJ en el primer piso del edificio de calle Mendoza 1.050, las mismas siguen funcionando.
A fs. 151/220 la Provincia de Tucumán, mediante su letrado apoderado, responde demanda. Allí manifiesta a modo preliminar que la pretensión esgrimida por la parte actora tendiente a la nulidad de los comicios del 23/08/2015, es un mediocre ensayo de sociología electoral carente de elementos empíricos y datos cuánticos que lo sostengan y fundamenten.
Indica que la demanda de autos resulta una mezcla de indicios, presunciones, suposiciones exageradas, inferencias falsas que pretenden servir de plataforma mediática a un fracaso electoral. Agrega que el plateo entrelaza piezas sueltas de hechos heterogéneos, procediendo al armado de una trama cuyo propósito es esbozar la hipótesis de una confabulación cósmica contra las expectativas electorales del frente actor.
Señala que la representación de este escenario conspirativo se desarrolla en base a dos planteos narrativos, uno la afectación de la libertad del voto de los sufragantes, el otro la complicidad de la JEP en consentir y provocar hechos irregulares.
Sostiene que tal conspiración se apoya sobre la presunción descalificadora del elector ignorante, que debe ser cuidado por el elector inteligente. Añade que los ciudadanos de escasos recursos están afectados por una minus capacidad por estar en una situación de vulnerabilidad y debilidad especial generada por la ausencia de valores cívicos.
Expone que es increíble este lapsus calami de conservadurismo retrógrado, porque la consecuencia es que este débil sin valores debe ser tutelado por estos otros ciudadanos con mayor fortaleza y valores cívicos, pero resulta que los primeros, generalmente los más carenciados y marginados, son la mayoría o el grupo más numeroso, en cambio, los segundos, generalmente los más acomodados y con necesidades satisfechas, son la minoría o el grupo menos numeroso.
Expresa que ningún votante del Frente para la Victoria pidió o autorizó a los actores a representarlos sobre la base de una descalificación tan brutal y desaprensiva, a someterlos a este mal tramo, a esta consideración de ciudadanos de segunda.
Aduce que en última instancia, puede señalarse que nadie puede negarle a ningún elector el derecho a recibir todos los bolsones que quisiera y de ser trasladado gratuitamente a los lugares de votación cuantas veces le plazca, si no fuese que pude herirse la susceptibilidad de aquellos que se consideran con superioridad para juzgar a otros, revestidos de una superioridad que nadie les asignó.
En lo que atañe a la pretendida nulidad de la providencia de la JEP de fecha 27/08/2015, recaída en las actuaciones Daniel Ponce s/ reclamos y protestas por el funcionamiento de la totalidad de las mesas habilitadas en el comicio del 23/08/15, arguye que dicho planteo nulificante deviene incongruente con la posición tomada por la parte demandante a lo largo del proceso de escrutinio definitivo en curso.
Dice que corresponde remitir a las normas que rigen en la materia, esto es el CEN y la Ley 7.876, las cuales contienen numerosos preceptos que regulan la actividad de la JEP como autoridad de aplicación y en especial, aquellas aplicables al caso de referencia. Así, remarca que el artículo 110 del CEN claramente delimita las reclamaciones a vicios en la constitución de la mesa de votación o bien en el funcionamiento de las mismas.
Detalla que la existencia de vicios es necesaria e imprescindible para solicitar una respuesta legítima y coherente del órgano receptor de las reclamaciones y, por el contrario, cuando dichos reclamos se fundan únicamente en versiones y meras manifestaciones que carecen del correspondiente respaldo probatorio, es lógico presumir y prever el destino de las mismas.
Refiere que no existe respaldo documental alguno a las aseveraciones mencionadas por la actora en su demanda, salvo una denuncia efectuada por la Sra. Miranda respecto del funcionamiento de la mesa N° 3.274, con lo cual su tratamiento no puede ir más allá que el que la propia JEP dejó sentado por providencia de fecha 27/08/2015.
Hace hincapié en que los veedores designados para los pasados comicios son empleados del Poder Judicial, muchos con vasta experiencia en la función por su participación en procesos electorales pasados y, respecto de los cuales se dictaron las correspondientes capacitaciones haciéndose énfasis en los deberes y funciones que su investidura atribuía.
Enuncia que de la providencia cuestionada surge sin hesitación alguna la ostensible falta de razonabilidad en el planteo de nulidad de la demandada, pues no se advierte quebrantamiento o privación alguna del derecho de defensa y, mucho menos, violación alguna al debido proceso electoral, ya que la providencia en cuestión se dictó dentro de las 48 hs. de radicada la denuncia.
Puntualiza que en lo que corresponde a las actuaciones caratuladas Daniel Ponce y Álvaro Contreras s/ solicitud de apertura de urnas y recuento voto a voto. Reserva de Nulidad de Comicio, tal presentación formulada con anterioridad al desarrollo del escrutinio definitivo, denuncia de manera genérica una serie de aparentes irregularidades con solicitud -sin ningún tipo de fundamentación o prueba- de la apertura de las urnas y el conteo voto a voto.
Al respecto relata que el artículo 111 del CEN aplicable a la materia en debate, establece con claridad que toda reclamación o protesta contra la elección se hará por escrito y acompañando o indicando los elementos de prueba, cualquiera sea su naturaleza. Agrega que sin el cumplimiento de dicho recaudo, la impugnación debe ser desestimada, excepto cuando la demostración surja de los documentos en poder de la JEP.
Menciona que sobre dicha base y en atención a los extremos de la denuncia en cuestión, no llega a advertirse la ilegalidad o la arbitrariedad manifiestas de la disposición que rechazó la pretensión de apertura total de las urnas, ello debido a que la posición de la parte actora no aporta elemento alguno que amerite la nulidad planteada. Añade que aun en el caso de que se hubieran expresado fundamentos sólidos, resulta imprescindible advertir que los artículos 112 y 118 del CEN establecen los pasos y controles a seguir al examinar las actas, así como las razones por las cuales correspondería la apertura de las urnas.
Explicita que es al momento del examen de la documentación de cada una de las mesas en donde radica la oportunidad para que, en cada caso concreto y con la intervención de los demás representantes de agrupaciones políticas que se encuentren presentes, los apoderados partidarios formulen las peticiones y reclamaciones que consideren pertinentes a los efectos del recuento. Dice que ello excluye toda pretensión de que la JEP emita una decisión por adelantado, genérica e indeterminada, disponiendo la apertura de urnas y el escrutinio de los votos de mesas que no han sido concretamente precisadas. Concluye en que las razones expuestas en la denuncia en cuestión, además de carecer de pruebas, no tienen entidad alguna para justificar una apertura general de las urnas a la luz de las prescripciones del CEN.
Manifiesta que debe subrayarse que en el desarrollo del escrutinio definitivo, con la activa participación del frente electoral actor, se ha superado el 80% del total de las mesas y que, los propios fiscales apoderados o representantes de la parte demandante en dicho escrutinio, han aceptado en la mayoría de los casos la innecesaridad de la apertura de la urna y el conteo voto a voto reclamado el 25/08/2015.
En lo que atañe a la nulidad de la Resolución N° 979/15 de la JEP indica que dicho acto resulta una derivación racional, razonable y suficiente del ordenamiento jurídico aplicable al debate que disipa la pretensión de anulación formulada por la parte demandante. Agrega que la sentencia N° 541/2015 de la Sala IIIª de la Cámara Contencioso Administrativa de fecha 21/08/2015, declaró la nulidad de las Resoluciones N° 946/15 y 947/15 de la JEP, actos por los que dicho organismo había rechazado las recusaciones formuladas contra el Dr. E. Jiménez y la Legisladora Bordinaro de Peluffo, ordenando en consecuencia al Presidente de la Junta integrar el Tribunal conforme derecho.
Expresa que en virtud de ello, en fecha 22/08/2015 el Secretario de la JEP solicitó a la Legislatura de Tucumán informar quien sería el legislador subrogante para la integración de la JEP, obteniendo como respuesta la imposibilidad del cuerpo de nombrar representantes atento a que la totalidad de los miembros tenían vínculos de parentesco o políticos que les imposibilitaban tal comisión.
Expone que atento a ello el presidente de la JEP procedió, en fecha 22/08/2015, a dictar la Resolución N° 978/15, la que no se encuentra cuestionada en autos, resolviendo integrar la JEP con la Dra. Ana María Rosa Paz, Fiscal Civil, Comercial y del Trabajo de la Iª Nominación, atento al principio de legalidad y de especificidad por materia. Añade que, en fecha 23/08/2015, la JEP emitió la Resolución N° 979/15 disponiendo que en virtud de la imposibilidad de contar con representantes del parlamento en el órgano, en caso de empate por votos de los Vocales, la cuestión se dirimiese con el voto de la Fiscal Civil, Comercial y del Trabajo de la IIª Nominación, Dra. Emma Beatriz García.
Señala que la integración del órgano electoral se ajustó a derecho, siendo además consecuencia de las sentencia dictada en el proceso judicial que los propios actores promovieron. Agrega que la resolución cuestionada fue debidamente notificada a los demandantes en fecha 24/08/2015, habiendo sido consentida por estos atento no haber sido impugnada su integración y/o recusada ninguna de las nuevas integrantes de la JEP.
Sostiene que de la lectura del escrito de demanda no se evidencia ni remotamente, cuáles serían las causas para nulificar la resolución ahora atacada, sin identificarse los vicios que el acto administrativo supuestamente contiene y, menos aún, los perjuicios que provoca en los legítimos derechos o intereses de la contraria.
Destaca que debe repararse que en autos no se ha cuestionado la constitucionalidad de ninguna de las normas que determinan la integración y funcionamiento de la JEP, sea la Constitución Provincial, la Ley 5.454, la Ley 7.876 o la Ley 8.416, sino que contrariamente a ello, solo se realizan afirmaciones teóricas, abstractas y llamativamente imprecisas si se tiene en cuenta la delicada cuestión aquí en debate.
Afirma que entre los pocos argumentos que desarrolla la demanda para peticionar la nulidad de la Resolución N° 979/15, se dice que la Dra. Paz es la madre de los hijos del candidato Cúneo Vergés, lo que constituye una causal de recusación. Sin embargo -prosigue- reitera que la cuestionada en autos no es la Resolución N° 978/15 de designación de la Dra. Paz, sino la N° 979/15, no obstante lo cual agrega que dicha causal recusatoria ha desaparecido por la renuncia del Sr. Cúneo Vergés como candidato para las elecciones del pasado 23/08/2015.
Alega que la Resolución N° 979/15 alude a la integración del órgano colegiado en caso de empate, supuesto de hecho que no se ha verificado ni siquiera alegado por la demandante. Refiere que, por consiguiente, la parte actora reclama la anulación de un acto que aún no ha tenido aplicación, ni ha generado el pretendido perjuicio infundadamente alegado.
Relata que, en lo que concierne a la actuación de la JEP ante las denuncias por entregas de bolsones, detalla las diferentes posiciones y actuaciones tomadas por el órgano ante las diferentes denuncias receptadas y las diligencias y denuncias formuladas por este en sede judicial al respecto.
Niega que hayan existido demoras en el trámite de las actuaciones y ocultamiento de información de parte de la JEP, ya que esta implementó un sistema de notificación por medios electrónicos por el cual todos los apoderados de los partidos obtuvieron una comunicación transparente, rápida y segura de todas las actuaciones de la JEP. Dice que contrariamente a lo afirmado por la actora, todas las presentaciones interpuestas por esta ante la Junta fueron proveídas entre 24 y 48 hs. luego de deducidas.
En lo que atañe a las declaraciones formuladas por dos empleados contratados por la JEP (refiere a la denunciada recepción de urnas abiertas y sin custodia), puntualiza que tales declaraciones, plasmadas en un acta notarial son documentos emanados de terceros y, por lo tanto, simplemente declarativos. Resalta que para que estos presten mérito probatorio, es imprescindible que los autores concurran al proceso a declarar sobre tales hechos, mediante testimonios con las formalidades normales.
Arguye que no obstante ello, la JEP remitió las manifestaciones realizadas por otros cinco empleados del órgano ante escribano público, que contradicen las afirmaciones de los supuestos testigos.
En lo que hace a la pasividad que el actor endilga a la JEP en el contexto del escrutinio provisorio, subraya que este no es una declaración de voluntad emanada del órgano electoral, pues es el escrutinio definitivo el único que tiene valor jurídico para determinar el número de votos de cada partido y la consagración de los candidatos, siendo respecto de este acto que los interesados deben hacer todas las presentaciones que estimen pertinentes.
Detalla que la celebración de los comicios provinciales del 23/08/2015 requirió, por parte de la JEP, la organización y perfeccionamiento de un protocolo de tipo multifuncional, tendiente a prever y dar cobertura a todos los aspectos necesarios que hicieran, tanto a la regularidad del acto comicial, como a la seguridad de los ciudadanos intervinientes en el mismo, como así también para garantizar la corrección y transparencia del escrutinio definitivo, evitando prácticas desleales o irregulares, sin avasallar las garantías individuales. Enumera los actos administrativos emitidos por la JEP en tal sentido.
En lo que concierne a las denuncias formuladas por el frente demandante relativas a que la JEP habría dado status electoral a partidos políticos sin entidad para constituirse como tales y a la presunta existencia de un apoderado para varios partidos, repite las consideraciones que al respecto formulase la JEP al presentar el informe que rola a fs. 54/71.
Menciona que las Resoluciones de la JEP N° 961/15 y N° 971/15, que la propia actora reconoce como una postura del órgano frente a las prácticas clientelares fueron expresamente publicadas y comunicadas a todos los medios disponibles, como así también fueron objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y de comunicación a todos los partidos políticos a través del sistema de notificación electrónica, agregándose además que dicha publicidad se completó mediante su difusión a todos los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos.
Manifiesta que sin perjuicio de ello, la JEP llevó adelante otro sinnúmero de actuaciones con el objeto de garantizar de forma efectiva y concreta, la seguridad y transparencia del proceso electoral. Agrega que debe mencionarse en primer término la suscripción del Convenio de Cooperación realizado con Gendarmería Nacional, por el que se dispuso que dicha fuerza estaría encargada de la custodia, seguridad y desarrollo del acto comicial.
Indica que en forma complementaria, la Policía de la Provincia se subordinó a la autoridad del Comando Electoral, reforzando con ello el operativo dispuesto, presentándose en coordinación con gendarmería una diagramación especial de seguridad preventiva para el decurso de las elecciones del 23/08/2015.
Expresa que además, como medida complementaria y ampliatoria de las antes detalladas, la JEP coordinó con el Observatorio Electoral de la UNLP, la participación de veedores externos en el proceso electoral, los que posteriormente al finalizar su tarea, presentaron el informe correspondiente concluyendo que no habían detectado episodios de fraude en los comicios.
Señala que a lo dicho cabe agregar una política comunicacional intensa desplegada por la Junta, tendiente a permitir que de forma cierta y efectiva y en respeto del derecho de información, todos los medios periodísticos, los representantes de los partidos intervinientes y el público en general, accedan a todas y cada una de sus resoluciones, convenios y disposiciones.
Sostiene que es absolutamente falaz la configuración de un desinterés de parte de la JEP ante las constancias de irregularidades como la recepción de urnas sin custodia o conducidas por particulares, sin custodia de Gendarmería ni garantías de seguridad, ello debido a que todas las anomalías que se detectaron fueron debidamente comentadas, con recepción de las denuncias respectivas y dándoles curso conforme corresponda en cada caso, sin que exista ninguna prueba de la desidia argüida, ni de las irregularidades documentadas que se invocan.
En lo que toca a la supuesta adulteración de padrones y retención de documentos de identidad, repite las consideraciones y detalla las mismas actuaciones que la JEP enumera en su informe de fs. 54/71.
Respecto de las aludidas prácticas clientelares, expone que debe distinguirse por un lado los supuestos puntuales donde se comprueba la realización efectiva y cierta de este tipo de prácticas desleales y delictivas, en cuyo caso se tipifica una conducta expresamente prevista en normativas penales, correspondiendo la actuación jurisdiccional competente, sea de oficio o por remisión efectuada por la JEP y, por otro lado, los supuestos referidos al accionar preventivo que corresponde realizar a la Junta en aras de evitar la proliferación de estos casos. Cita la Resolución N° 961/15 dictada por JEP y la referencia que dicho acto realiza a los artículos 125 del CEN.
Asevera que sobre tal plataforma y con el directo propósito de evitar el perfeccionamiento de este tipo de conductas, cabe remitir a la presencia de veedores judiciales destinados por la JEP el día de los comicios para su adecuado control.
Refiere que si se considera que fue justamente a instancias de la JEP que se puso en obra dicho cuerpo de veedores judiciales, que se firmó con Gendarmería Nacional el convenio respectivo, que se concretó la difusión por medios masivos de comunicación de las recomendaciones e instrucciones brindadas a la comunidad en general, que se operó como nexo de justicia tanto provincial como nacional en los casos correspondientes y que, en suma, se organizaron y concretaron todas las acciones tomadas a iguales fines, se verificándose que la JEP efectivamente organizó y concretó en la práctica todas las medidas a su alcance y dentro del marco de su competencia para condenar, combatir, evitar y reprimir las prácticas clientelares.
Destaca que en todos los casos que efectivamente fueron detectados, se intervino de forma inmediata en los hechos para interrumpir la comisión continuada del delito, remitiendo con posterioridad los antecedentes a la jurisdicción correspondiente para la intervención de su competencia.
Enuncia que la declaración de nulidad de los comicios requiere de datos de extrema gravedad y excepcionalidad, lo que solo puede verificarse ante la existencia de las causales legalmente previstas en la normativa de fondo y suficientemente probadas en la causa.
Alude que el sistema de seguridad de la totalidad del acto eleccionario, surge de una exhaustiva planificación previa que se realiza con la debida antelación y con la activa participación de todos los sectores involucrados. Resalta que la JEP delineó un plan de acción del que surgió la necesidad de realizar diversas contrataciones, entre las cuales debe destacarse al Correo Argentino y Gendarmería Nacional.
Menciona que la actuación de esta última respecto del desarrollo de su actividad tendiente a la custodia física y presencial de las urnas, una vez concluido el comicio, no ha merecido reparo alguno; es decir, tanto el traslado de las mismas como su depósito en el destino preestablecido se ha realizado en estricto cumplimiento con el Plan de Operaciones previamente diseñado y contratado por la JEP.
Afirma que en lo que se vincula al resguardo de la urnas en sede de la JEP, todos y cada uno de los informes evacuados por la encargada de dicha misión, esto es la Gendarmería Nacional, han sido coincidentes en sostener que la presencia física de gendarmes nunca se vio alterada respecto de la guarda de las mismas.
En lo que concierne a la utilización de cámara de videos en el recinto donde descasan las urnas, manifiesta que ha quedado probado que la JEP en su carácter de autoridad máxima del proceso electoral, no ha sido el sujeto contratante de su provisión e instalación, sino que fue Gendarmería quien, ante una sugerencia verbal del Secretario de la Junta, decidió la instalación de las mismas. Añade que dicha contratación no fue prevista ni se encontraba incluida en el marco del plan de operaciones de Gendarmería previamente comunicada a la JEP. Concluye en que ello habla del carácter excepcional, adicional y secundario de esta medida de seguridad complementaria implementada por Gendarmería Nacional que, como tal, no suplió la custodia física, permanente, constante e ininterrumpida del personal apostado a tales tareas.
Sostiene que la primera razón para propugnar la improcedencia de la nulidad de los comicios reside en la carencia de legitimación activa en cabeza de la parte demandante para reputarse afectada por una pretendida lesión en la conciencia y libertad de los electores y en la voluntad del electorado. Agrega que la legitimación alegada por la actora intenta escudarse en argumentos conjeturales y genéricos respecto de la existencia de un interés propio pero de alcance colectivo que no importa una derivación racional, razonable y suficiente de los hechos conducentes alegados por la propia parte demandante, ni de los hechos conducentes comprobados en el proceso judicial en disputa.
Señala que la sola calidad de fuerza política contendiente en un proceso electoral determinado no otorga legitimación suficiente a la parte demandante para requerir por la vía de amparo la pretendida representación de intereses individuales de incidencia colectiva que no pueden describirse como mínimamente homogéneos o uniformes.
Enfatiza que la actora no ha traído a debate la defensa de un bien colectivo o que puede representar tal, ya que al aludir a la conciencia y libertad del elector, así como a la voluntad del electorado en su conjunto, la demandante no persigue la defensa de un bien que pertenezca por igual a toda la comunidad de manera indivisible, sin distinción, sin salvedad y sin exclusión. Puntualiza que la demandante pretende valerse de la incidencia colectiva de un derecho individual: conciencia y libertad del elector y defensa de la voluntad del pueblo elector, pero no puede verse en esta situación jurídica una clase homogénea o uniforme de individuos.
Expresa que el escrutinio definitivo de los comicios locales del 23/08/2015, evidencia que, si bien muchos electores votaron al frente electoral demandante, muchos otros, en ejercicio de la misma libertad de sufragar, no lo hicieron, por lo que la pretendida lesión alegada por la parte demandante, por un lado, no puede alegarse propia y, por el otro, tampoco puede considerarse homogénea o uniforme respecto de sus propios integrantes.
Destaca que no se tiene conocimiento ni ha sido demostrado por la parte actora, de la promoción de algún amparo electoral que permita siquiera dudar con seriedad de la inmunidad y de la plenitud de los derechos y de las libertades electorales correspondientes a los electores convocados a las urnas el día 23/08/2015.
Expone que, aun por la vía del amparo, la procedencia de la anulación de un acto público requiere la probanza efectiva de la existencia de un perjuicio causado por el acto impugnado, ello debido a que el ejercicio de la función jurisdiccional requiere que los litigantes demuestren la existencia de un perjuicio -la afectación de un interés jurídicamente protegido- de orden personal, particularizado, concreto y, además, susceptible de tratamiento judicial. Ello pues -prosigue- la declaración de anulación de un acto público no trata de dar solución a hipótesis abstractas o meramente académicas, que no serán propias de quien reclama, sino que su admisión requiere entre las partes una vinculación de derecho que traduce un interés serio y suficiente en tal declaración, que asuma así la condición de caso.
Asevera que la anulación pretendida es igualmente improcedente en tanto no puede apreciarse una vulneración del contexto normativo mencionado en el escrito de demanda, menos aún dotada del carácter de manifiestamente arbitraria o ilegal. Agrega que la demandante no ha cuestionado la suficiencia ni la legitimidad constitucional de las disposiciones legales aplicables y que rigen el procedimiento electoral.
Destaca que no existe situación alguna acreditada de forma seria y fehaciente en estas actuaciones, que permita pregonar a la parte demandante la afectación en su perjuicio por la pretendida lesión de la conciencia y libertad de los electores y de la voluntad popular en su conjunto; menos aún derivada de compra o enajenación de la voluntad, vicio atribuido a determinado sector social del electorado, de intimidación pública de votantes, de financiamiento electoral reputado irregular, o bien de manipulación o engaño a la opinión pública; prácticas que, sin duda y en caso de comprobarse, merecerían el más intenso repudio e implicarían faltas o delitos electorales de acción pública, que en su caso deberían ser investigados y condenados por la justicia penal competente.
Refiere que, al contrario de la postura de la actora, la democracia constitucional en su faz representativa impone respetar la voluntad del electorado cuando ésta ha sido expresada en las urnas. Dice que es la preservación de la genuina voluntad del electorado el principio que debe ser privilegiado frente a cualquier interés particular que pudiese ser impulsado.
Alude que en tal contexto es que debe advertirse la importancia del escrutinio definitivo que está llevando a cabo la JEP, el que al momento ha superado el 80% del total de mesas y la cantidad de mesas efectivamente anuladas por cualquier vía, descarta toda sospecha sobre la legitimidad de los comicios, sobre todo cuando el frente electoral demandante y los partidos adheridos a él han tenido una activa participación en tal proceso.
Considera que ello impide pregonar la afectación a la conciencia y libertad del elector y poner en duda la cualidad auténtica y genuina de la elección, aludir a la falta de tranquilidad y seguridad de los comicios o bien, renegar del contenido de la urnas.
Menciona que la parte demandante ha tenido acceso a las herramientas electorales previstas en el ordenamiento jurídico vigente, en igualdad de condiciones con el resto de los contendientes en el proceso electoral convocado y sin controversias vinculadas a ellas.
Enuncia que aun en su condición de frente electoral que alega la configuración de un fraude estructural, integral o sistémico en perjuicio de sus candidatos, cabe advertir que la realización del escrutinio definitivo llevado a cabo por la JEP, torna insostenible la posibilidad de reclamar la anulación total de los comicios mencionados. Añade que aun cuando las irregularidades propugnadas por la actora puedan resultar numerosas, el escrutinio definitivo del que efectivamente ha participado, no se ha traducido en la anulación de un número de mesas que permita hablar con la prudencia y seriedad que la cuestión exige, de la anulación de la elección en todo el distrito provincial.
Asegura que la oportunidad para cuestionar la legitimidad de una mesa es el escrutinio definitivo, en presencia de los representantes de las demás agrupaciones políticas y que, no efectuada impugnación alguna en dicha oportunidad, y no configurándose los supuestos de anulación de oficio, la mesa debe considerarse válida, condición que no puede luego desconocerse.
Manifiesta que para el supuesto en que el Tribunal considere admisible la posibilidad de argüir una causal abstracta de anulación de los comicios que extralimite las disposiciones normativas del CEN, entiende que la preservación de la expresión de la voluntad de quienes han sufragado, la presunción de validez de los comicios y el principio de conservación del acto electoral, exigen que la nulidad de las elecciones solo pueda ser declarada cuando resulte imposible determinar la verdadera voluntad de los electores. Agrega que una declaración de nulidad en tales condiciones, no puede prescindir de las pautas de gravedad y de magnitud que dichas normas expresas y vigentes disponen. Efectúa reserva de caso federal.
A fs. 221 se abre la causa a prueba y, habiendo sido producidas las mismas, por providencia de fs. 268 se llaman los autos para sentencia, decreto que una vez notificado a las partes (cfr. cédulas de fs. 269 y 270) y firme, deja la causa en condiciones de ser resuelta.

C O N S I D E R A N D O:

I.- Antes de ingresar al análisis de la pretensión de fondo corresponde declarar la inconstitucionalidad del primer párrafo del artículo 57 de la Ley 6.944, en cuanto atribuye competencia al Juez de Iª instancia que por materia corresponda (texto según Ley 8.240).
Al respecto de la competencia de este fuero para entender en cuestiones como las que nos convocan, ya en el año 1992 la Corte Suprema declaró que las pretensiones anulatorias de resoluciones adoptadas por la Junta Electoral Provincial en relación a la integración de los candidatos electos como concejales…no cabe duda que por la ‘materia’ corresponden a la actuación de un órgano del Estado local en el ámbito del derecho público (…) y corresponde en principio entender -salvo mandato legal expreso en contrario- al órgano judicial con competencia en lo contencioso administrativo (CSJT, sentencia Nº 60/1992, Lahitte Salvador vs Junta Electoral Provincial; idem: sentencia Nº 85/1992, en Jiménez Luis Roberto).
En el año 1999 y a raíz de la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional, la Corte Suprema advirtió con relación a la impugnación de resoluciones de la JEP sobre el derecho a ser elegido como candidato que los actos que se estiman lesivos no provienen ni del Poder Ejecutivo, ni del Legislativo, ni tampoco de las cámaras de apelaciones y cámaras de instancia única (…), sino de la Junta Electoral Provincial, es decir, de un órgano del Estado provincial no comprendido en los supuestos del art. 4º, segundo párrafo de la ley 6.944 (…); por lo que, el tema en estudio pertenece en forma exclusiva y excluyente al campo del derecho electoral provincial y resulta inherente a la materia del derecho público -específicamente administrativo (CSJT, sentencia Nº 347/1999, en Juárez Babiano vs. Provincia de Tucumán -Junta Electoral Provincial-).
En el año 2002, la Corte Suprema incluyó en la atribución de competencia a la Cámara en lo Contencioso Administrativo a la impugnación por inconstitucionalidad del sistema electoral consagrado en la Constitución de 1990 y de la ley de lemas dictada en su consecuencia, por considerar que estas normas electorales no configuraban ninguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 4 segunda parte del Código Procesal Constitucional (CSJT, sentencia Nº 884/2002, en Piossek Prebisch vs. Provincia de Tucumán). Y la misma doctrina fue reiteradamente aplicada por la Corte Suprema en el año 2006 con relación a la impugnación por inconstitucionalidad de la incorporación del Fiscal de Estado a la Junta Electoral de la Provincia en la última reforma al artículo 43 de la Constitución de Tucumán (CSJT, sentencia Nº 692/2006, en Movimiento Popular Tres Banderas; y sent. nº 667/2006, en Defensa Provincial Bandera Blanca).
En el año 2003, la Corte Suprema consideró que de la actuación lesiva denunciada que se imputa a la Junta Electoral, como causativa de la pretensión de amparo, resulta manifiesto que en la especie no se configura ninguno de los supuestos previstos en el artículo 4, segunda parte del CPC (Ley nº 6944) que prevé la competencia excepcional de esta Corte. Tratándose de un juicio de amparo promovido contra la Provincia por la actuación de uno de sus órganos en el ámbito del derecho público, resulta competente para conocer del mismo en razón de la materia, a la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo (CSJT, sentencia Nº 525/2003, en Giménez Lascano Raúl Santiago José vs. Provincia de Tucumán s/Amparo).
En el año 2007, el Alto tribunal reiteró con relación a los cuestionamientos al funcionamiento y actuación de la Junta Electoral de la Provincia, especialmente al rechazo mediante resolución nº 89/07 HJEP de la recusación con causa deducida por el actor contra dos de sus integrantes fundada en su pertenencia al Poder Ejecutivo (…), que al no emanar el comportamiento reputado lesivo de uno de los poderes mentados en el artículo 4 del CPC, el caso de autos no queda aprehendido en dicha norma de excepción y no se verifica el aludido mandato legal expreso en contrario. Por consiguiente, resulta competente la Cámara en lo Contencioso Administrativo por tratarse en la especie de la actuación de un órgano estatal provincial en la esfera del derecho público (CSJT, sentencia Nº 810/2007, en Avila Gallo Exequiel vs. Prov. de Tucumán).
Y por último, el día 19 de agosto de 2015, en correspondencia con el dictamen concordante de la Fiscalía de Cámara, el Supremo Tribunal local reiteró aquí su pacífica jurisprudencia y declaró la competencia de la Sala IIIª de esta Cámara en lo Contencioso Administrativo para entender en los autos caratulados Berarducci Walter Fabián c/ Provincia de Tucumán y otro s/ amparo, expediente N° 351/15.
En consecuencia, este Tribunal en lo Contencioso Administrativo es competente para entender en la presente causa, de acuerdo a lo normado por el artículo 15 de la Ley 6.944 y artículo 32 de la Ley 6.238 (Ley Orgánica del Poder Judicial).
II.- De la lectura de los resulta que preceden se sigue que la acción de amparo de autos, deducida por el Frente Acuerdo para el Bicentenario, se encamina a obtener la nulidad de las providencias dictadas por la JEP en fecha 27/08/2015 en las actuaciones caratuladas Daniel Ponce s/ reclamos y protestas por el funcionamiento de la totalidad de las mesas habilitadas en el comicio del 23/08/2015 y en fecha 25/08/2015 en las actuaciones Daniel Ponce y Álvaro Contreras s/ solicitud de apertura de urnas y recuento voto a voto. Reserva de nulidad de comicio.
Requiere además la nulidad de la Resolución N° 979/15 de la JEP y la nulidad de la totalidad de los comicios celebrados en fecha 23/08/2015 a los fines de la convocatoria a un nuevo acto eleccionario.
En lo que atañe a la impugnación de las precitadas providencias dictadas por la JEP, cimenta su pretensión en el hecho de que la decisión plasmada en ellas por el mencionado organismo nada resuelve acerca de los planteos formulados, presentándose en ambos casos como enunciados dogmáticos y carentes de fundamentos valederos.
En lo que refiere a la pretendida nulidad de la Resolución N° 979/15 de la JEP que, luego del pronunciamiento de la Sala IIIª de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que ordenara el apartamiento de la JEP del Ministro Fiscal y de la Legisladora Bordinaro de Peluffo, completó la integración de la JEP estableciendo que en caso de empate de votos, la cuestión sería dirimida con la opinión de la Sra. Fiscal Civil, Comercial y del Trabajo de la IIª Nominación, Dra. Emma Beatriz García; se infiere de los argumentos desplegados en la demanda que tal pretensión de nulidad afincaría en considerar deficiente o irregular tal integración, la cual -a entender de la parte actora- la priva de una tercera opinión en las decisiones del mencionado organismo.
De otra parte y en lo que respecta a la declaración de nulidad de los comicios celebrados el 23/08/2015, tal pretensión se apoya en diversas cuestiones, las cuales en su conjunto presentarían un cuadro de situación que posibilitaría -a su entender- la anulación del antedicho acto eleccionario. Tales situaciones -que en su totalidad la parte actora tilda de seriamente anómalas o irregulares-, son de diversa índole. En primer término señala la deficiente integración de la JEP, órgano en el que uno de sus miembros (la Dra. Paz) se encontraría incursa en una causal de recusación y otro (la Dra. García), solo tendría funciones acotadas de decisión en caso de que los dos restantes miembros se encontraran en disidencia.
En segundo término alude a un sinnúmero de prácticas clientelares entre las que detalla la entrega de bolsones, compra de votos, retenciones de DNI a votantes de parte de punteros políticos, promesas o entregas de dádivas, entre otras.
Refiere además a la existencia de actos que tilda de delictuales que se habrían sucedido a lo largo de la jornada de desarrollo de los comicios, como ser quema de urnas y de escuelas, agresiones físicas a gendarmes y fiscales partidarios, uso de armas de fuego, etc.
Finalmente, enfatiza la presencia de serias irregularidades en el propio seno de la JEP que refieren a tratos diferenciales a favor de apoderados y fiscales del partido y, sobre todo, a declaraciones de empleados de la propia JEP (asentadas notarialmente), dando cuenta de la llegada a la sede del organismo de urnas sin custodia de gendarmería y abiertas, irregularidad ésta última que habría sido salvada por funcionarios de la propia JEP.
A su turno, la Provincia de Tucumán destaca que la demanda presentada por el Frente demandante no pasa de ser un panfleto político, que carece de elementos fácticos de prueba que lo sustenten. Cuestiona la legitimación de la parte actora, en tanto entiende invoca en el litigio la defensa de derechos de incidencia colectiva atinentes a toda la ciudadanía y respecto de los cuales carece de representación suficiente.
Destaca además, en relación a las prácticas clientelares, que nadie puede negarle a ningún elector el derecho de recibir todos los bolsones que quisiera o ser trasladado gratuitamente a los lugares de votación cuantas veces le plazca.
Afirma además que la cadena de seguridad de custodia de las urnas estuvo a cargo de Gendarmería Nacional y en ningún momento fue rota o disminuida, ya que las grabaciones de video que registraban la llegada y depósito de estas en la sede de la JEP, no pasaron de ser un medio adicional de resguardo que no figuraba en el protocolo de seguridad confeccionado por Gendarmería Nacional.
III.-
a).- Con antelación al ingreso a la cuestión de fondo que atañe al presente amparo, consideramos de inestimable necesidad detallar y destacar una serie de conceptos que servirán de marco referencial a la construcción argumentativa que se efectuará en los apartados subsiguientes.
Con tal intención cabe destacarse que nuestro País ha adoptado la forma representativa y republicana de gobierno, donde el pueblo es el único soberano (preámbulo y artículos 1 y 22 de la Constitución Nacional, preámbulo y artículo 1 de la Constitución Provincial). En orden a tal sistema representativo de gobierno consagrado constitucionalmente, el pueblo es entonces la fuente originaria de la soberanía, y el modo de ponerla en ejercicio es el voto de los ciudadanos a los efectos de constituir directa o indirectamente a las autoridades (cfr. CSJN, Fallos 168:130). De tal forma, el pueblo, en su carácter de titular de la soberanía, ha decidido ejercerla a través de sus representantes (artículo 22 de la Constitución Nacional).
Dicho de otro modo, en el marco de un sistema democrático, las funciones en las que se divide el poder, en tanto noción política y organización institucional, deben estar vinculadas con la voluntad del pueblo. Es decir, son los individuos en tanto ciudadanos políticos de una determinada comunidad los que dotan de legitimidad al sistema institucional y normativo vigente, legitimidad sin la cual no se sentirían vinculados a aquéllos. Consecuentemente, el principio democrático es aquel que procura garantizar la presencia y la actuación de la voluntad popular dentro de un régimen democrático, y especialmente si es republicano y representativo, a través de las instituciones y procedimientos del Derecho Electoral (cfr. Pérez Corti, José M., El voto electrónico y los principios generales del Derecho Electoral, Abeledo Perrot Nº: 0003/014687).
La Constitución Nacional en su artículo 37, garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia y consagra el voto universal, igual, secreto y obligatorio. En consonancia con ello, la CSJN ha tenido oportunidad de expresar que la Constitución Nacional garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos y, en particular, el derecho al sufragio (cfr. Fallos: 168:130; 312:2191 y 319:1645).
Los instrumentos fundamentales del derecho internacional han consagrado el derecho de todos los individuos de votar y participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes. En lo que se refiere a instrumentos jurídicos sobre derechos humanos y puntualmente en relación al tema que nos ocupa, resulta procedente mencionar tanto los elaborados en el ámbito universal como en el interamericano.
En lo que atañe al primero de los espectros aludidos, la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce en su artículo 21 que toda persona tiene el derecho de participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos (inciso a) y que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, la cual se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto (inciso c).
A su turno, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 25 señala que los ciudadanos gozarán, entre otros, de los siguientes derechos y oportunidades: a).- Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos y b).- votar y ser elegido en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.
En el ámbito interamericano, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, considera en su artículo XX que toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes y de participar en las elecciones populares que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres.
Este enunciado es perfeccionado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos cuyo artículo 23 establece en su apartado primero que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a).- de participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b).- de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c).- de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
Situándonos en el ámbito de nuestra Provincia, el artículo 43 de la Constitución de 2006, luego de garantizar enfáticamente el pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de la soberanía popular, establece que la Legislatura dictará una ley sobre el sistema electoral que se sujetará, entre otras, a las siguientes disposiciones: la representación política con base en la población y el ejercicio, con arreglo a ella, del derecho electoral (inciso 1); el sufragio popular como un derecho y un deber inherente a la condición de ciudadano argentino (inciso 2) y el sufragio universal, igual, secreto y obligatorio (inciso 3). Tales lineamientos -y los restantes a los que alude la norma constitucional vernácula-, se encuentran receptados en el orden local en el marco de la Ley 7.876 (B.O. del 01/03/2007).
b).- Imbuido en dicho marco normativo y ante la trascendencia republicana del sistema representativo y sus procesos comiciales, es que el voto adquiere una relevancia significativa.
Conforme lo expresaran los ministros de la CSJN Petracchi y Fayt en su voto en Fallos: 325:524, el sufragio es un derecho público de naturaleza política, reservado a los miembros activos del pueblo del Estado, que en cuanto actividad, exterioriza un acto político. Tiene por función la selección y nominación de las personas que han de ejercer el poder y cuya voluntad se considera voluntad del Estado en la medida en que su actividad se realiza dentro del ordenamiento jurídico, ya que los que mandan lo hacen en tanto obedecen al orden legal en que fundan sus decisiones y los que obedecen lo hacen en tanto mandan a través de ese mismo orden legal en cuya formación participaron.
Dicha participación se efectiviza por medio del sufragio, dando sentido al principio de que el pueblo, como titular de la soberanía, es la fuente originaria de todos los poderes.
Estos poderes cumplen funciones confiadas a órganos elegidos por medio del sufragio e investidos de autoridad en virtud de la representación que se les atribuye. Lo dicho hace que el sufragio adquiera carácter funcional, ejercido en interés no del ciudadano individualmente considerado sino de la comunidad política, a través del cuerpo electoral (cfr. Fallos: 310:819, considerando 10). O, en términos más cercanos a una síntesis, el sufragio es la base de la organización del poder y el derecho que tienen los ciudadanos de formar parte del cuerpo electoral y, a través de éste, constituir directa o indirectamente a las autoridades de la Nación.
El sufragio universal hace a la substancia del Estado constitucional contemporáneo. Todo otro sistema electoral niega la igualdad de los ciudadanos y su función es hacer posible el gobierno del pueblo o de una de sus mayorías, aproximando el ideal democrático a la realidad de la vida. El derecho a votar libremente por un candidato de su propia elección -como lo ha decidido la Suprema Corte de los Estados Unidos de América- es de la esencia de una sociedad democrática y toda restricción de ese derecho golpea el corazón del gobierno representativo (voto del Chief Justicie Warren 377 U.S. 533, Reynolds v. Sims {1964}, punto II, primer párrafo, in fine).
De tal forma, el sufragio adquiere una preponderancia singular en el ámbito de los derechos fundamentales pues se despliega en una doble dimensión: por un lado, constituye un derecho inalienable de los individuos y, por otro, es una precondición esencial para el funcionamiento del sistema democrático y representativo de gobierno (cfr. CSJN, Fallos: 310:819; voto de los señores Ministros Dres. Petracchi y Fayt en Fallos: 325:5243; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Castañeda Guttan vs. Estados Unidos Mexicanos, sentencia del 06/08/2008, párr. 147).
Más ese derecho al voto no queda limitado a su ejercicio individual o incluso a su difusión a un grupo relativamente amplio de personas, sino que también reviste una importancia central en nuestro sistema representativo de gobierno donde el derecho político del voto es un derecho político fundamental ya que es protector de otros derechos (cfr. Yick Wo v. Hopkins 118 U.S. 356, 379 -1886-). Es que ningún derecho es más precioso en un país libre que el de tener una voz en la elección de quienes hacen las leyes bajo las cuales los ciudadanos deben vivir. Otros derechos, incluso los más básicos, son ilusorios si el derecho al voto es socavado (cfr. Wesberry v. Sanders 376 US. 1, 16 -1964-).
En resumidas cuentas, el derecho a votar libremente por el candidato de la propia elección es de la esencia de la sociedad democrática, y cualquier restricción a este derecho golpea el corazón del sistema representativo y para remediar esas dificultades las Cortes pueden adoptar las acciones apropiadas para asegurar que las futuras elecciones no sean conducidas bajo un plan inválido e inconstitucional (Reynolds v. Sims 377 U.S. 533, 555 y 585; 1964).
Se ha dicho que la conexión entre democracia y representación se basa en que en democracia, los gobiernos son representativos porque son electos: si las elecciones son libremente disputadas, la participación es ilimitada y los ciudadanos gozan de las libertades políticas, entonces los gobiernos actúan de acuerdo al mejor interés del pueblo. De lo anterior se deduce que la participación y el consentimiento deben ser preservados por los más idóneos procedimientos que sean capaces de encauzar las inquietudes y las actividades políticas del pueblo, en la integración de los órganos del Estado y en la aprobación o el rechazo de leyes o decisiones administrativas.
La elección significa, sobre todo, selección y libertad de poder elegir. Es decir, trae consigo la posibilidad de decidir libremente entre varias ofertas o, al menos, entre dos. Si no se dan estas condiciones, no cabe hablar de elección en el sentido ontológico del término (Pedicone de Vals, María G., Derecho Electoral, Ediciones La Rocca, Bs. As., 2001, pág. 54 y siguientes)
c).- Ahora bien, la representación política garantizada a través del voto es una relación social por la que la acción de un partícipe se imputa a los demás (confr. Weber, Max, Economía y Sociedad, 3ª reimpresión, México, 1977, T. III, pág. 46). Empero, más allá del modo en que esa imputación de facultades y deberes encuentre forma de expresión, es inevitable insistir en la aplicada defensa de su genuino ejercicio y en el control de su diáfano desenvolvimiento. En otras palabras, observar y custodiar la transparencia en la génesis de ese reconocimiento de poderes vinculantes (cfr. CSJN, Fallos: 317:1469, voto de los Ministros Fayt y Boggiano, considerando 15).
Los efectos del acto jurídico electoral del sufragio no se agotan en el momento de emitirse, sino que, posteriormente, se asocia con similares manifestaciones de voluntad que requieren de otros elementos que condicionan su eficacia jurídica. Lo descripto permite inferir que el procedimiento electoral se encuentra conformado por una serie de elementos necesariamente concatenados y que llevan al otorgamiento de la constancia de mayoría del candidato ganador (cfr. Becerril Velázquez, Maribel; Nulidad de votación recibida en casilla. Una perspectiva sobre la determinancia: caso Xochihuehuetlán — México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2009).
Con anclaje en tales consideraciones conviene recordar que el fin perseguido por la normativa electoral es mantener la pureza del sufragio como base de la forma representativa de gobierno sancionada por la Constitución Nacional, y reprimir todo lo que de cualquier manera pueda contribuir a alterarla, dando al pueblo representantes que no sean los que ha tenido la voluntad de elegir (CSJN, Fallos: 9:314).
Es que en el marco del reconocimiento de los derechos políticos, la obligación de garantizar su ejercicio resulta especialmente relevante y se concreta, entre otros, en el establecimiento de los aspectos organizativos o institucionales de los procesos electorales, a través de la expedición de normas y la adopción de medidas de diverso carácter para implementar los derechos y oportunidades reconocidos en el artículo 23 de la Convención. Sin esa acción del Estado, los derechos de votar y ser votado, simplemente, no podrían ser ejercidos. Los derechos políticos (…) son derechos que ‘no pueden tener eficacia simplemente en virtud de las normas que los consagran, porque son por su misma naturaleza inoperantes sin toda una detallada regulación normativa e, incluso, sin un complejo aparato institucional, económico y humano (…) que les dé la eficacia que reclaman, como derechos de la propia Convención’ (CIDH, Castañeda Guttan vs. Estados Unidos Mexicanos, sentencia del 06/08/2008, párr. 159).
Consideramos de relevancia insistir en que, en la esfera del Derecho Electoral, el principio de la democracia representativa se traduce en la protección del contenido real e inalterabilidad cualitativa y cuantitativa de la voluntad popular manifestada a través del procedimiento comicial el día de la elección. Lo que se persigue es el no falseamiento de la manifestación del pueblo a través del sufragio, y que así la voluntad del electorado libremente expresada no pueda ser suplantada o tergiversada. Es por ello, justamente, que cuando en el proceso electoral se registra la concurrencia de vicios que alteren el contenido de la decisión ciudadana hasta el punto de no conocerse lo que la voluntad de aquéllos ha querido o decidido, corresponde la anulación del proceso electoral en el ámbito específico en el que se ha producido tal situación (cfr. cfr. Pérez Corti, José M., op. cit.).
Es que la forma de Estado de la democracia en la que el poder del pueblo se mediatiza a través de las elecciones, exige que el acto de la transferencia de la responsabilidad estatal hacia los parlamentarios o gobernantes esté bajo un control público especial. De este modo, cada uno de los actores del proceso electoral debe adoptar los comportamientos y garantizar los contenidos que satisfagan los requerimientos que éste importa, configurándose así como una condicio sine qua non de constitucionalidad, legalidad y legitimidad que requiere e impone el Derecho Electoral.
De allí que no se evidencie como una cuestión menor el justipreciar adecuadamente el rol de tales exigencias fundadas en el principio democrático, especialmente cuando lo que está en juego es nada más y nada menos que la esencia de la democracia representativa, como lo es la voluntad popular. Esto se logra sólo con la estricta observancia de los principios electorales válidos, siendo ellos -por lo tanto- condiciones de una democracia viable (cfr. Fallo de la Corte Constitucional Alemana -2 BvC 3/07, 2 BvC 4/07-, Fundamentos 106 y 108 aa y bb.)
Con lo dicho, deviene en lógica conclusión que es de sustancial importancia mantener la pureza del sufragio, base de la forma representativa de gobierno sancionada por la Constitución Nacional y, por lo tanto, debe impedirse todo lo que de cualquier manera pueda contribuir a alterarla. Es un principio de derecho político y electoral básico que debe tratar de garantizar la expresión genuina de la voluntad del pueblo a través del cuerpo electoral, postulado que reconoce su raíz en la soberanía del pueblo y en la forma republicana de gobierno que la justicia debe afirmar (cfr. CSJN, Fallos 318:2271, disidencia de los jueces Fayt y Bosset).
Esto, pues el derecho de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por el sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores (como expresa el artículo 23 inciso b, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos), hace a la substancia del Estado Constitucional contemporáneo (cfr. CSJN, Fallos: 324:3143, voto de los jueces Fayt y Vázquez). Y esa autenticidad a la que refiere el Alto Tribunal Federal no significa otra cosa que la necesidad ineludible de que exista correspondencia entre la voluntad de los electores y el resultado de la elección lo que, en sentido negativo, implica la ausencia de interferencias que distorsionen la voluntad de los ciudadanos (cfr. OEA – Ser. L/VII.79.rev.1, Doc. 12, 22/02/1991).
Por eso es que todo lo que atañe a los procesos electorales es cosa singularmente grave y basamento de la democracia. Es la supervivencia misma de esta la que se encuentra indisolublemente encadenada a la integridad y pureza de tales procesos. De lo contrario cualquier alusión a la democracia representativa implicaría un enunciado vacuo o fútil.
En otros términos, el cabal cumplimiento de la función electoral por el pueblo ciudadano exige la satisfacción de dos condiciones primordiales. Una relativa a la pureza y libertad del sufragio; la otra referente a la capacidad del cuerpo electoral para ejercitarlo. Mientras el sufragio no sea rodeado de plenas garantías, mientras no se ejerza con total honradez, se falsea la piedra angular de la democracia. El problema del sufragio es la encrucijada de la democracia; si no se resuelve, se desmorona el sistema pues se agrietan sus cimientos (cfr. Copete Lizarralde Álvaro, Lecciones de derecho constitucional colombiano, citado por Linares Quintana Segundo V., Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional, T. VIII, Plus Ultra, pág. 63).
d).- Finalmente debemos remarcar que en los sistemas institucionales contemporáneos se ha definido un régimen compuesto de una doble vía de control. Por una parte, la que se refiere a la evaluación estrictamente política -la cual integró desde tiempos inmemoriales el devenir de las instituciones- y por la otra, la que se ha generado como verdadero avance de los órdenes democráticos plenos, la revisión técnica de la justicia intrínseca de la imputación de esos poderes vinculantes, de conformidad al plexo normativo electoral. A este último proceso, en su faz de revisión, buscó darse respuesta con la creación de la justicia electoral.
Es que la garantía del ejercicio de los derechos políticos, entre ellos el derecho al sufragio, exige entre otros los siguientes elementos: en primer lugar, la juridicidad de los propios sistemas electorales, es decir, un régimen electoral formal; en segundo lugar, un sistema de sanciones para las violaciones electorales y, entre ellas, la nulidad como garantía frente a las violaciones de legalidad electoral; y en tercer lugar, como consecuencia de los dos elementos anteriores ha de existir la posibilidad de control judicial efectivo del proceso electoral y de las actuaciones de los organismos electorales.
En efecto, desde una perspectiva constitucional-convencional, en un Estado de Derecho, la garantía jurídica última y más importante de toda actuación estatal es el control judicial para poder adecuar al derecho todos los actos del Estado, es decir, la posibilidad que tienen los ciudadanos de someter a control judicial los actos estatales que contraríen o vulneren la Constitución, los Tratados Internacionales con estatura constitucional y las leyes (cfr. Brewer-Carías Allan, La nulidad de los actos electorales: Una perspectiva constitucional comparada, III Curso Anual Interamericano de Elecciones, pág. 89/90).
Y enmarcada en dicho control judicial, la pretensión esgrimida en el ámbito electoral, sin tener naturaleza distinta de la que se formula en cualquier otro proceso, goza en cambio -por su propia índole- de peculiaridades que exigen un cumplimiento estricto de lo que se podría denominar el debido proceso electoral, como una garantía innominada de la representación política o de los derechos electorales que sirven de fundamento jurídico de la democracia representativa (cfr. CSJN, Fallos: 317:1469, voto de los Ministros Fayt y Boggiano, considerandos 16 y 17).
Ello pues los votos son actos político-jurídicos plurilaterales imputables en última instancia al pueblo de la Nación a través de su cuerpo electoral y, por lo tanto, ocurren en un proceso electoral sin que pueda su valoración apreciarse aisladamente del mismo (Cfr. CEN, Pieroni, Amadeo R. y otros, 21/03/1991, AR/JUR/182/1991).
IV.- A posterior de las consideraciones precedentes, corresponde en primer término examinar lo concerniente a la invocada falta de legitimación del Frente Acuerdo para el Bicentenario, que la Provincia de Tucumán plantea en su escrito de contestación de demanda.
Como surge de los resulta precedentemente reseñados, la demandada aduce que el frente actor carece de legitimación procesal para actuar al invocar en sustento de su posición la lesión en la conciencia y libertad de los electores y en la voluntad del electorado, intentando valerse de argumentos conjeturales y genéricos respecto de la existencia de un interés propio pero de alcance colectivo.
Ahora bien, la intención de la Provincia de propugnar la ausencia de legitimación de la parte actora, parte de una lectura parcializada y direccionada del líbelo de inicio de demanda y del encuadre que este otorga a sus planteamientos en la presente litis. En efecto, de la atenta lectura de la demanda (particularmente del punto IV de ésta), se desprende que el frente actor invoca la defensa y reparación mediante el carril del amparo, de … la lesión a los derechos políticos y constitucionales… de su parte y …la grave afectación a la voluntad popular y el sistema republicano….
Con ello puede decirse que el planteo de la parte actora afinca en su condición de afectada directa en cuanto participante de la contienda electoral celebrada el 23/08/2015. Y dicha afectación -conforme los argumentos que despliega en su escrito de inicio- lo es en tanto el cúmulo de irregularidades y anomalías que se denuncian como acontecidas a lo largo del desarrollo del proceso comicial, habrían incidido en la recta expresión del electorado en detrimento del espacio político que conforman y viciando estructuralmente la totalidad del procedimiento comicial.
En otras palabras, la alusión que efectúa la demandante a la afectación de la voluntad popular y la libertad de los electores, sirve de puntal para fundamentar su posición de afectada directa, atento su condición de espacio participante en la disputa eleccionaria y en tanto aquellas anormalidades denunciadas a partir de la configuración de prácticas desleales y delictuales antes, durante y después de los comicios, habrían incidido en la totalidad del acto electoral, condicionando de forma negativa sus posibilidades en dicha contienda.
De allí entonces que, si bien puede aludirse en la demanda a términos vinculados con derechos de incidencia colectiva, ello lo es en función y aval del perjuicio directo que dice haber experimentado la demandante derivado de la invocación de aquellas presuntas irregularidades, anomalías y delitos.
En conclusión, entendemos que el Frente actor, acorde a los términos y expresiones vertidas en su demanda, no ha dado inicio a la presente acción en procura de salvaguardar intereses colectivos o individuales homogéneos (como invoca la Provincia), sino en procura de reparar una lesión que invoca padecida en forma directa a sus derechos como fuerza política participante de los comicios del 23/08/2015.
V.-
a).- Salvado el obstáculo precedente, corresponde a ésta altura ingresar a la consideración de las pretensiones deducidas por la parte actora, comenzando por la declaración de nulidad de la Resolución N° 979/15 emanada de la JEP y mediante la cual se decidió la integración del cuerpo con el voto de la Dra. Emma Beatriz García, Fiscal Civil, Comercial y del Trabajo de la IIª Nominación. Aduce la demandante que la integración de la JEP con la antedicha Vocal con facultades de decisión acotadas al caso de igualdad de votos entre los dos restantes miembros del cuerpo, se traduce en una clara irregularidad estructural en el funcionamiento del órgano encargado de dirigir y conducir el proceso electoral en la Provincia.
A fin de dar adecuado tratamiento a la cuestión, debemos comenzar por detallar las diferentes vicisitudes acaecidas en los momentos previos al comicio del 23/08/2015 en torno a la conformación de la JEP y sus miembros.
En efecto, mediante Sentencia N° 541/2015, recaída en la causa Acuerdo para el Bicentenario c/ Honorable Junta Electoral Provincial s/ amparo, tramitada por ante la Sala IIIª de éste fuero con la misma integración que en el presente, se hizo lugar a la acción deducida por el Frente demandante declarándose la nulidad de las Resoluciones N° 946 del 24/07/2015 y 965 del 05/08/2015, ambas emitidas por la JEP. En razón de tal pronunciamiento, tanto la legisladora Bordinaro de Peluffo como el Ministro Fiscal Edmundo J. Jiménez, quedaron excluidos como integrantes de dicho organismo electoral, disponiéndose que el Presidente del cuerpo proceda a su legítima integración, conforme a derecho.
En atención a ello, el Presidente de la JEP dictó la Resolución N° 978 en fecha 22/08/2015, por intermedio de la cual, luego de la excusación de la Sra. Fiscal de Cámara Sangenis de Terraf, resolvió integrar el organismo con la Dra. Ana María Rosa Paz, Fiscal Civil, Comercial y del Trabajo de la Iª Nominación.
De acuerdo a lo que emana del informe presentado por la JEP a fs. 54/71, al momento de procurar la integración del cuerpo con su tercer miembro, la Junta requirió a la Legislatura de la Provincia la nominación de un representante a tal fin. Sin embrago el parlamento local se eximió de efectuar tal proposición atento a que la totalidad de los Legisladores presentaban vínculos familiares o políticos que le impedían participar en la conformación del cuerpo.
En tal coyuntura fue que la JEP emitió la hoy cuestionada Resolución N° 979 del 23/08/2015 decidiendo la integración del cuerpo con el voto de la Dra. Emma Beatriz García, Fiscal Civil, Comercial y del Trabajo de la IIª Nominación. Dicho acto estableció que la intervención de esta funcionaria sería posible solamente en caso de empate por los votos de los Vocales, es decir, los Dres. Gandur y Paz. En la inteligencia que propone la parte actora, la conformación del cuerpo en tales términos constituye una alteración de su estructura que deriva en la nulidad de la resolución en cuestión.
Sin embargo, a poco de reparar en tales argumentos se advierte su improcedencia. En efecto, en primer lugar debe tenerse presente que fue el proceso judicial iniciado por la propia parte demandante por ante la Sala IIIª el que decantó en fecha cercana a la realización de los comicios del 23/08/2015, en la necesidad de dotar de una nueva conformación a la JEP. Si a ello se suma la ya apuntada imposibilidad fáctica de proceder a integrar el cuerpo con el miembro correspondiente a la Legislatura Provincial y la concomitancia de la celebración del acto comicial, la solución adoptada por la Resolución N° 979/15, resulta razonable en atención a las circunstancias del caso y, por ende, lejos está de aparecer cuestionable.
A lo dicho debe sumarse que el Frente actor no ha invocado en pos de la pretendida nulidad de la Resolución N° 979/15, perjuicio alguno que sustente su pretensión impugnadora. Ello pues no se invoca ni acredita en autos que se haya configurado en la especie ninguna situación merecedora de acudir a la integración del Tribunal en los términos previstos en dicho acto y, mucho menos, ha argumentado la demandante la existencia de algún detrimento con origen en dicha situación.
En tal contexto, lejos está de poder propiciarse con éxito la impugnación de la Resolución N° 979/15 de la JEP.
b).- Sin perjuicio de lo expresado con antelación, la parte actora cuestiona además la presencia de la Dra. Ana María Rosa Paz como miembro de la JEP (cfr. Resolución de la JEP N° 978/15), aduciendo que se encuentra incursa en la causal de recusación prevista en el artículo 16 inciso 1° del CPCyC. Para razonar de ese modo, la demandante afirma que la mencionada Vocal es ex – cónyuge del candidato José Alberto Cúneo Vergés.
Primeramente debe decirse que la cuestión de hecho en examen (es decir el vínculo invocado), no ha sido objeto de negación alguna ni de parte de la Provincia de Tucumán ni de parte de la JEP.
Más al margen de ello, la demandante, no obstante discurrir en relación a la mencionada causal de recusación, lejos está de cuestionar la validez del acto administrativo que designara a la mencionada Vocal como integrante de la Junta Electoral Provincial (Resolución N° 978 del 22/08/2015), con lo cual los planteos sobre el particular se debilitan o diluyen. Tampoco se desprende de la lectura de su escrito de demanda que hubiera instado por ante dicho organismo, la recusación con causa de aquella en los términos aquí expresados, como bien pudo hacerlo, ni pretenderla en esta instancia judicial.
Empero tales consideraciones, estimo de singular trascendencia hacer hincapié en un dato que, en el contexto de las ponderaciones que se efectuarán en los apartados siguientes, no reviste una importancia menor.
La JEP al evacuar su informe de fs. 54/71 (requerido por Presidencia de Sala en fecha 04/09/2015, fs. 50), en relación a la cuestión que se comenta, enuncia que la causal recusatoria a la que alude la parte actora ha desaparecido con la renuncia efectuada por el Sr. Cúneo Vergés a su candidatura como candidato en primer término por el partido Proyecto K, lista N° 278.
Ahora bien, entre la documentación que la JEP adjuntó con tal informe (casi 1.000 fojas), consta en copia certificada la presentación de dicha dimisión de parte del mencionado candidato, ostentando la misma como fecha de recepción el día 07/09/2015 (idéntica a la de presentación por la Junta del informe previsto en el artículo 21 del CPC), es decir 14 días posteriores a la celebración del acto comicial, siendo proveída favorablemente en igual fecha por el Presidente del organismo.
No consta en la documentación traída a la litis, ni se invoca en el informe aludido que la Sra. Fiscal se hubiere inhibido como era su obligación de conformidad con el artículo 17 del CPCyC.
VI.- Dicho lo anterior, es necesario centrar la atención en aquellos hechos que, en la argumentación propuesta por la actora, han devenido en una alteración insalvable del proceso electoral del 23/08/2015 y, a su entender, habilitan a la declaración de nulidad de los comicios. Estos son varios y de diferentes naturaleza.
a).- En primer término debe hacerse foco en las denominadas prácticas clientelares, enunciadas en el escrito de demanda como una de las tantas irregularidades signadas por el actor como coadyuvantes a la declaración de nulidad de los comicios que persigue.
A todo evento hemos de señalar, siguiendo los lineamientos sentados por la CEN en precedente Polino, Héctor T. y otro por la lista N° 1 Conducción Socialista del Partido Socialista distrito Cap. Fed, del 10/11/2005 (AR/JUR/4942/2005), que el concepto de clientelismo tiene su génesis en el concepto de clientela romana, donde se designaba a un conjunto de relaciones de poder, dependencia política y económica que se establecía entre individuos de status desiguales, basadas en el intercambio de favores.
En las sociedades modernas las relaciones clientelares han logrado sobrevivir y adaptarse, tanto frente a la administración centralizada, como frente a las estructuras de la sociedad política (elecciones, partidos, parlamentos). (cfr. Bobbio, Norberto; Matteucci, Nicola y Pasquino, Gianfranco, Diccionario de política, 8ª edición, Siglo XXI Editores, Madrid, 1994, pág. 234). En este orden de ideas, se ha descripto al clientelismo como un elemento principal, aunque no el único, que conforma una institución informal, permanente y ubicua con enorme influencia en la mayoría de las democracias latinoamericanas (O’Donnell, Guillermo; Contrapuntos, Ensayos escogidos sobre el autoritarismo y democratización, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1997, pág. 307).
El concepto general de clientelismo político está acotado en nuestra sociedad a una mera permuta de favores entre jefes partidarios y potenciales electores provenientes en su mayoría de clases bajas y desamparadas. Sin embargo, la lógica del poder que responde a su raíz profunda va más allá de un simple intercambio de mercaderías por votos. El esquema desplegado es mucho más complejo y aquél es, en última instancia, el resultante final de una larga cadena (cf. Dinatale, Martín, El festival de la pobreza, La Crujía Ediciones, Bs. As., 2004, pág. 41).
Ahora bien, no puede dejar de reconocerse que la relación entre punteros políticos y población desprotegida, en muchos casos, responde a un sistema de subsistencia alimentaria que resulta difícil cuestionar desde el discurso jurídico frente a la situación de extrema vulnerabilidad y profunda pobreza como la que, es notorio, padece un amplio sector de nuestra sociedad. Empero, ello no obsta a concluir con acierto que las prácticas clientelares conspiran precisamente contra la expresión de libre voluntad que constituye un presupuesto indispensable del ejercicio del sufragio.
Más, la imposibilidad de cumplir con sus necesidades en un modo compatible con las exigencias de la vida que le asegure -además- el ejercicio sin trabas de las facultades que le corresponden como individuo, como miembro de la sociedad y como partícipe del gobierno político, atenta contra ese ámbito de libertad (cfr. Fayt, Carlos S., Los derechos del hombre y sus garantías constitucionales, Valerio Abeledo Editor, Bs. As., 1945, pág. 38), que -como se dijo- es presupuesto necesario para el ejercicio del sufragio, y es allí donde las prácticas asistenciales -por sus características estructurales- constituyen un terreno particularmente fértil para el crecimiento del fenómeno clientelar.
Con lo dicho y en concordancia con el precedente citado, no podemos sino concluir y ratificar las consecuencias enormemente perniciosas que las prácticas clientelares tienen sobre los principios fundamentales del régimen representativo y, en particular, sobre la genuina expresión de voluntad del elector que es su presupuesto.
A partir de dicho prólogo la pregunta deviene inevitable ¿las prácticas denunciadas por la parte actora, se han configurado durante el acto eleccionario del pasado 23/08/2015? La respuesta afirmativa se impone, no solo a la luz del carácter público y notorio que asumieron tales acontecimientos para todo el electorado durante el día de los comicios, sino además porque son numerosos los elementos de prueba arrimados por el actor que dan cuenta de un sinnúmero de episodios que se han escalonado durante la jornada eleccionaria y los días posteriores que denotan con claridad la existencia y configuración de dichas prácticas.
En primer término debo señalar que ello fue reconocido por el propio Gobernador de la Provincia en públicas declaraciones (www.lanacion.com.ar/1823833 – jose- alperovich – reconocio – que – se – entregaron-bolsones-a-cambio-de-votos-en-las-elecciones-de-tucuman –    http://www.lanacion.com.ar/1823833 – jose- alperovich – reconocio – que – se – entregaron-bolsones-a-cambio-de-votos-en-las-elecciones-de-tucuman) y por el candidato a Gobernador del FpV (cfr. declaraciones efectuadas el 26/08/2015 en Canal A24, según surge de la documentación en soporte de video adjuntada por la parte actora cfr. cargo actuarial de fs. 48 y detalle de fs. 49).
De los mencionados archivos de video traídos a la causa por la parte actora y que fueron copiados por la demandada de forma previa a efectuar su responde (cfr. acta de fs. 92), a los fines que aquí interesan, surgen situaciones como las protagonizadas por candidatos a concejales por el partido Kolina de la ciudad de Tafí Viejo, filmándose en pleno acto de reparto de bolsones; o los documentos de video emitidos en programas periodísticos de alcance nacional, dando cuenta de la entrega de bolsas de mercadería distribuidas en taxis con siglas, numeración y nombres de diversos candidatos o la organización de rifas de electrodomésticos y hasta automóviles días antes de los comicios por parte de espacios políticos participantes en la contienda electoral (grabación Programa Periodismo para Todos del 30/08/2015, traída a autos por la parte demandante, cfr. cargo actuarial de fs. 48 y detalle de fs. 49).
A lo dicho se suma la constancia documentada también en soporte de video, tanto por medios locales como nacionales, respecto de las agresiones sufridas por el Sr. José Ahualli, camarógrafo de un medio de comunicación local, cuando documentaba la entrega de los denominados bolsones (sobre este hecho la actora adjunta además nota periodística extraída del sitio web del diario Clarín de fecha 23/08/2015).
Cabe también destacar que la JEP, conforme la documentación adjunta a su informe de fs. 54/71, también tuvo la ocasión de constatar la existencia de dichas prácticas (entrega de bolsones) en la intersección de calle Lola Mora y Guatemala la ciudad de San Miguel de Tucumán, lo que mereció el pedido de intervención de la Fiscalía Penal de Turno en fecha 23/08/2015 a hs. 15:01.
Incluso más, los propios veedores externos de la UNLP habilitados a tal fin por la JEP (ver informe de fs. 54/71, puntualmente el segundo párrafo de fs. 60), confirman categóricamente la existencia de las prácticas a las que nos referimos en el presente apartado.
El informe sobre la Observación de las Elecciones en la Provincia de Tucumán – 23 de Agosto de 2013 efectuado por el Observatorio de Estudios Electorales y Político Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata (http://www.jursoc.unlp.edu.ar/documentos/academica/informe_tucuman.pdf  –  http://www.jursoc.unlp.edu.ar/documentos/academica/informe_tucuman.pdf), detalla que los observadores acreditados observaron las características generales del comicio, situándose un tiempo prudencial en cada uno los Colegios que fueron seleccionados por los motivos detallados anteriormente.
Los establecimientos educativos tomados como testigos fueron los siguientes: en la Capital San Miguel de Tucumán: Escuela Benjamín Matienzo y Escuela Santa Catalina; en la Banda del Río Salí: Escuela Juan B. Terán y Escuela Tiburcio Padilla; en Alderetes: Escuela San Vicente de Paul; en Tafí Viejo: Escuela Congreso de Tucumán y en Villa Obrera Escuela Alejandro Heredia; en Famaillá: Escuela de Comercio Octavio Luna y en Yerba Buena: Escuela de Comercio Miguel Lillo.
El informe reza textualmente luego de la apertura de las mesas nos trasladamos a la Banda del Río Salí, allí pudimos observar que el tránsito era dificultoso debido al acarreo de votantes en autos y motocicletas que contaban con identificaciones partidarias y también del nombre de los candidatos locales. Esto llamó la atención de nuestro grupo al observar que en muchas escuelas su acceso estaba vallado y cortada la cuadra. Al solicitar las explicaciones a los miembros del Comando Electoral manifestaron que se hacía a los fines de evitar el ingreso de los autos con identificación partidaria hasta la entrada del establecimiento educativo donde se realizaba la votación. La presencia de autos con identificación partidaria que transportaban votantes fue continua durante toda la jornada electoral en las inmediaciones de los recintos educativos.
Con lo dicho, a partir del examen de los elementos de prueba antes referenciados y, sobre todo, del reconocimiento expreso de la existencia de los hechos en cuestión tanto de parte de la máxima autoridad del Gobierno Provincial como de uno de los principales candidatos a ejercer la Gobernación para el mandato entrante (ambos en declaraciones públicas), sumado ello al carácter público y evidente que tanto la entrega de bolsones como el acarreo indiscriminado de votantes evidenciaron en los comicios del 23/08/2015; no puede sino tenerse por acreditada de manera fehaciente la existencia de tales prácticas durante el desarrollo de los comicios del 23/08/2015.
b).- De las constancias probatorias arrimadas a la causa, merecen ser destacados además de las prácticas clientelares antes referenciadas, hechos de marcada violencia que acaecieron durante la jornada electoral del 23/08/2015 en diferentes puntos de la Provincia.
El primero refiere a los acontecimientos sucedidos en la localidad de San Pablo, Dpto. Lules, puntualmente en la Escuela Luis F. Nougués, en donde las actuaciones arrimadas por la JEP, caratuladas Comuna de San Pablo y Villa Nougues – Dpto. Lules; dan cuenta de hechos de violencia propiciados por grupos de personas que sustrajeron 17 urnas correspondientes a las mesas N° 1.309 a 1.322 y 1.334 a 1.336, las cuales fueron violentadas (fs. 01 y 02).
Asimismo, a fs. 06, 08, 11 y 27 de tales actuaciones dan cuenta de la denuncias efectuadas por las autoridades de las mesas N° 1.334, 1.330, 1.327 y 1.328 respectivamente, puntualizando la violencia sufrida de parte de terceros durante el acto eleccionario, dando cuenta de agresiones, roturas de puertas y vidrios, etc., lo que en todos los casos llevó a los denunciantes a abandonar las urnas para mantener a salvo su integridad.
Las cuestiones aquí comentadas encuentran además sustento visual en las imágenes de video traídas como prueba por la parte demandante (ver cargo actuarial de fs. 48 y constancia de fs. 49), en donde claramente se avizora la acción de un numeroso grupo de personas en el mencionado establecimiento educacional, la quema de las urnas y el posterior accionar de Gendarmería para controlar los desmanes.
Igualmente graves fueron los hechos acontecidos en la Comuna de Los Ralos, Dpto. Cruz Alta. En las actuaciones acercadas por la JEP en relación a tales hechos (caratuladas Comuna de Los Ralos – Cruz Alta), a fs. 02/03 obra acta elaborada en la Comisaría de dicha Comuna en donde se menciona que en fecha 23 de Agosto de 2015 a hs. 20:00 aproximadamente, al momento de tener los primeros resultados de las mesas escrutadas y ante comentarios sobre el candidato que en apariencia iba ganado la contienda, se aglomeraron en las cercanías de la Escuela Manuel Lizondo Borda una gran cantidad de personas vecinas quienes respondían a otros candidatos, los que estaban también presentes e instaban a sus seguidores a producir desorden en el lugar.
Ello derivó en que los vecinos ofuscados, comenzaran a quemar cubiertas frente al establecimiento, insultar a las fuerzas de seguridad, arrojando piedras con intentos de ingresar por la fuerza al establecimiento escolar mencionado.
El acta policial que se comenta refiere que al ser los revoltosos mayores en número y superior en cantidad a los efectivos policiales, lograron entrar utilizando la violencia tornándose una situación insostenible y lograron sustraer en un momento la cantidad de seis (06) urnas, siendo identificadas con los números 2.767, 2.770, 2.773, 2.769, 2.771 y 2.772, encontrándose posteriormente la N° 2.765 en un sector del patio del local. Acota además que las urnas N° 2.768, 2.774, 2.764 y 2.766 estaban en plena tarea de recuento de votos, lo que no pudo concluirse ante la suma agresividad reinante. Aduce que la situación fue de extrema violencia, escuchándose incluso detonaciones de arma de fuego.
A fs. 06 y 08 obran denuncias de las autoridades de las mesas N° 2.774 y 2.758, dando cuenta de la situación violenta padecida en dicho lugar y la imposibilidad de concluir el conteo de votos.
Finalmente es necesario también aludir a los serios incidentes producidos en la Comuna de Sargento Moya, Dpto. Monteros, en donde, conforme las actuaciones traídas a la causa por la JEP caratuladas Comuna de Sargento Moya – Dpto. Monteros (fs. 01/02), un grupo de entre 30 a 40 sujetos generaron disturbios en la sede de la Escuela Francisca Bazán de Laguna, sustrayendo las urnas N° 1.623 y 1.624, a las que posteriormente prendieron fuego.
c).- A los hechos detallados con antelación se suma además la tentativa de cambio de domicilios en Municipios y Comunas del Interior de la Provincia, de las que dan cuenta las actuaciones caratuladas Juez de Paz de Buyurracú s/ adjunto reclamos de ciudadanos no incluidos en el padrón, adjuntadas por el Secretario Electoral del Juzgado Federal de Tucumán (ver cargo actuarial de, fs. 261) y que tenemos en este acto a la vista.
En la declaración testimonial brindada por el citado funcionario a fs. 260/261, surge que fueron 390 electores los que se presentaron a instancias del Juez de Paz de Buyurracú solicitando su inclusión en los padrones de dicho Municipio. Sin embargo se constató que los cambios de domicilio invocados a tal fin eran falsos (en el 90% de los casos, el cambio indicaba un idéntico domicilio).
Refiere además que los cambios de domicilios declarados nulos en el Municipio de Burruyacú y Comuna de Los Pérez, sumado a las actuaciones en la Comuna de Gobernador Piedrabuena, suman un total de 448 domicilios irregulares.
De las actuaciones que se comentan se desprende que la totalidad de las 390 personas que solicitaron su inclusión al padrón del Municipio antedicho en razón de su irregular cambio de domicilio, recibieron su DNI en febrero de 2015, no obstante haber iniciado los trámites correspondientes a tal fin en fecha marcadamente posterior (entre los meses de marzo y abril de 2015). Fue en razón de tal circunstancia que el Juez Federal N° 1 de Tucumán, al dejar sin efecto los cambios de domicilios en cuestión en fecha 22/05/2015, también ordenó la remisión de las actuaciones al Sr. Fiscal Federal con el objeto de investigar la posible comisión de algún ilícito punible.
Maniobras similares también fueron constatadas por la JEP en el marco de las actuaciones denominadas Vecinos de la Localidad de Huasa Pampa Sur s/ pedido de inclusión en Padrón Electoral 2015, en las que mediante Resolución N° 929/15 del 14/07/2015, dejó sin efecto, por falaces, los domicilios correspondientes a 23 ciudadanos (ver informe de la JEP de fs. 54/71).
d).- Finalmente, reviste importancia neurálgica y fundamental lo relacionado a la custodia de las urnas involucradas en el comicio, ya que conforme a lo expuesto por la parte demandante, la custodia de estas ha sido deficiente habiéndose receptado urnas abiertas, sin seguridad y sin custodia en la sede de la JEP.
Por el contrario, la Provincia niega enfáticamente que la cadena de custodia encomendada a Gendarmería Nacional se haya roto o debilitado en algún momento del proceso electoral y que las urnas hubiesen sido violentadas o receptadas en la sede de la JEP con irregularidades o carentes del debido resguardo.
Consideramos de importancia mencionar de forma previa que, la necesidad de garantizar el ejercicio secreto, universal y libre del voto durante el proceso electoral ha obligado a la legislación a proveer de un conjunto de materiales, entre los que se encuentra la urna electoral, definida como aquel recipiente que se utiliza en los procesos de votación manual para que los electores depositen las boletas de sufragio en los que han expresado su voluntad, de manera tal que puedan conservarse sin divulgar el secreto de dicho voto (IIDH/Capel, 2000). No cabe duda sobre la importancia que tiene, ya que todas las legislaciones electorales prevén principios de transparencia en el manejo de las urnas durante el inicio del proceso de votación.
Las fuerzas públicas y los fiscales u observadores de los partidos políticos también tienen, en gran medida, intervención en el proceso del traslado de las urnas, ya que se encargan de su custodia hasta que lleguen al órgano superior y, en algunos casos, continúan su vigilancia incluso dentro de estos organismos (cfr. Dalla Vía Alberto Ricardo y Soto Perea Florencia T., Recintos y urnas electorales, en Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina, www.corteidh.or.cr/tablas/12231.pdf  –     http://www.corteidh.or.cr/tablas/12231.pdf).
A los fines de indagar sobre este sensible punto, debemos hacer la aclaración previa de que ni las declaraciones brindadas ante escribano púbico por empleados de la JEP refiriendo las irregularidades comentadas, ni las que por igual medio acercó la JEP contradiciéndolas, habrán de ser valoradas con el objeto de ventilar la presente cuestión, ello por el hecho de que las declaraciones hechas por terceros fuera de procesos y de diligencias procesales previas, en las cuales se relatan hechos con el fin de que otras personas los conozcan, son actos extraprocesales, aunque no sustanciales; por lo demás, tienen la misma naturaleza de simple declaración de ciencia o conocimiento, que le corresponde al testimonio judicial […] Por otra parte, sólo en un sentido muy amplio puede calificarse de testimonio el acto por el cual una persona declara extraprocesalmente lo que sabe de un hecho cualquiera… En estricto sentido, es testimonio únicamente el que se rinde a un juez en proceso o en diligencias procesales (Hernando Devis Echandía, Compendio de la prueba judicial, T. II, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 2000, pág. 15)
En tal sentido, se ha dicho que la testimonial contenida en actas notariales no tiene jerarquía de probanza computable, pues, para que ello ocurra, debió haber mediado la intervención de un órgano jurisdiccional, que es lo que en definitiva otorga al proceso la garantía del contradictorio. Es claro que la preconstitución unilateral de prueba por la propia parte a su favor no constituye prueba en el sentido técnico-jurídico del vocablo, por lo que carece de eficacia en tal sentido (cfr. Jorge Kielmanovich, Teoría general de la prueba y medios probatorios, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 2001, pág. 154).
Dicho ello, la cuestión debe continuar con mencionar que la parte actora, a los fines de acreditar las anomalías denunciadas en aval de su pretensión, ofreció como prueba los registros de video de las cámaras apostadas en la sede de la JEP en calle Mendoza 1.050, correspondientes al momento del envío y recepción de las urnas, ello respecto de los días 22, 23, 24, 25 y 26 de Agosto de 2015, lo que fue requerido por Presidencia de esta Sala al solicitar a aquel organismo la remisión del informe previsto en el artículo 21 del CPC (ver decreto de fs. 50, punto 10).
Al dar cumplimiento con dicha manda, la JEP expresamente informó respecto de las cámaras de seguridad de la HJEP correspondientes a los inmuebles de calle Mendoza 1050, accesos, playones internos, áreas de accesos e interior de las urnas, correspondientes a los días 22, 23, 24, 25 y 26/08/2015, especialmente los registros correspondientes al envío y recepción de urnas, este registro ha sido solicitado a Gendarmería Nacional, una vez en nuestro poder lo haremos llegar a vuestra excelencia.
Sin embargo, al contrario de lo expuesto, entre la documentación acompañada con el informe remitió un sobre cerrado, con sello de Gendarmería (ver cargo actuarial de fs. 71 vta. y detalle de fs. 72), el cual al ser abierto por el Tribunal (conforme acta de fs. 77), reveló la existencia de solamente un disco extraíble en el que constan archivos de video con imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas en los accesos del mencionado edificio, áreas de acceso y depósitos de urnas, más todos correspondientes a los días 25/08/2015 en adelante. Es decir, las imágenes no dan cuenta de los registros de las acciones de recepción de las urnas en los días vitales del comicio (23 y 24 de Agosto).
Ante ello, el Tribunal requirió a la JEP la remisión de los archivos fílmicos correspondientes a los días antedichos, ante lo cual la JEP adjuntó la comunicación JG 5-4050/23 de fecha 07/09/2015 remitida por Gendarmería, la cual ya constaba en copia entre la numerosa documentación arrimada con el informe de fs. 54/71 (casi 1.000 fojas), sin perjuicio de lo cual ninguna mención hizo al respecto.
En dicha comunicación de Gendarmería Nacional se observa la existencia de una nota (sin fecha), remitida por la Empresa INFO FOJ en la que el responsable de la misma, Francisco Jiménez, menciona que adjunta los videos recopilados en los discos rígidos, destacando la dificultad en recuperar gran parte de la información ya que los discos en los que esta se recopiló en su mayoría estaban dañados y otros eran irrecuperables debido a las numerosas reconexiones que tuvo el disco debido a los cortes de corriente sufridos. Agrega que cuando se fue a revisar y controlar la consola determinaron el mal funcionamiento del disco de almacenamiento de la información. Añade que colocó un estabilizador de tensión, conectándose la consola de forma independiente.
Culmina su informe destacando que en numerosos casos con este tipo de problemas (cortes de energía o fluctuación de la misma), los discos sufren daños de hardware, lo que impide leer y, por consiguiente, levantar la información almacenada.
Aquí cabe hacer la siguiente disquisición, al emitir la JEP a fs. 119/123 el informe complementario solicitado por Presidencia a fs. 96, en su punto 2 afirma que no pudo tomar ninguna medida de seguridad tendiente a reconstruir los videos presuntamente dañados, por haber remitido los originales con dichos archivos a este Juzgado. Sin embargo, en el párrafo siguiente da cuenta de la comunicación de Gendarmería N° 5-4050/29, de fecha 10/09/2015, en la que se informa que la División de Informática Judicial de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, se encuentran …abocados a la comprobación de funcionamiento del disco rígido e interno de extracción de información forense… (ver fs. 97).
Ello contradice la primera afirmación de la JEP, pues de tales dichos se desprende con claridad que los originales de los registros de las cámaras de seguridad nunca fueron remitidos a este Tribunal, sino solo una copia (repetimos, parcial atento a carecer de los registros de los días 22, 23 y 24 de Agosto) levantada de los discos rígidos internos.
En razón de lo informado por Gendarmería Nacional en relación a la pérdida de la información de video y los motivos expresados por el proveedor como causantes de aquella, se requirió a la empresa prestadora de energía eléctrica local información acerca de los cortes de suministro y bajas o subas de tensión sucedidas los días 22, 23 y 24 de Agosto de 2015 en la zona de Calle Mendoza al 1.000 de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Esta respondió a fs. 116/117 destacando que conforme los datos recopilados en su sistema de gestión técnica y comercial, no se registraron reclamos vinculados a la calidad de servicio atribuidos al punto de alimentación del inmueble de calle Mendoza N° 1.050 en el período que va de los días 22 al 24 de Agosto del corriente año, ni en los días posteriores. Agrega que tampoco se registraron cortes ni variaciones de tensión (subas y bajas de tensión), en el distribuidor principal durante aquellos períodos.
Expresamente el informe que se comenta detalla que …es del caso mencionar que, a requerimiento del Presidente de la Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán, mediante nota ingresada en Mesa de Entradas de EDET el día 28/07/2015, se instaló un grupo electrógeno de respaldo al suministro mencionado… ante la posible ocurrencia de cualquier eventualidad en el abastecimiento de energía.
En tal sentido, el mencionado equipamiento se encuentra a disposición de la JEP desde el día 23/08/2015 a hs. 17:00 hasta la fecha y por todo el tiempo que sea requerido, y en condiciones de operación para el supuesto de ser necesario su funcionamiento, para lo cual se dispuso, adicionalmente y desde aquel día, de una guardia permanente en el lugar ante la eventualidad de ocurrir cualquier problema en el suministro o en el equipamiento provisto… Al respecto, informamos además que, conforme surge de los reportes de nuestro personal en el lugar, el funcionamiento del mencionado equipamiento no fue requerido en ningún momento.
En síntesis, esta Concesionaria no registra interrupciones o variaciones de tensión en el servicio referenciado anteriormente ni en la zona de Mendoza altura 1000 durante los días 22, 23 y 24 de agosto de 2015, habiéndose evaluado para ello tanto el comportamiento del sistema de abastecimiento a las instalaciones a nuestro cargo, como así también las instalaciones de media tensión y baja tensión bajo la operación de EDET S.A…
Por último, cabe aclarar que no existió pedido alguno de la JEP a los fines de realizar trabajos en las instalaciones internas o en la acometida del cliente que pudieran resultar necesarios para la adecuación de las mismas con motivo de la carga o del consumo de los equipos a utilizar en el lugar….
El informe comentado, puesto a conocimiento de las partes (ver decreto de fs. 118 y cédula de fs. 143), no mereció reparo alguno. Con ello se diluye la existencia de la presunta causa generadora de los daños a los discos en donde se encontraban almacenados los registros de envío y recepción de urnas correspondientes a los días 22, 23 y 24 de Agosto de 2015.
Tampoco parece veraz la información del mal funcionamiento de los equipos de almacenamiento de video a la luz de las pruebas recolectadas en la causa, teniendo en cuenta fundamentalmente a las constancias del libro de novedades de Gendarmería Nacional, obrante a fs. 101/107 de autos, en el cual, en los asientos correspondientes a los días 24 y 25 de Agosto, recién se dejó una lacónica constancia de problemas técnicos en el sistema de cámaras de seguridad el día 25/08 a hs. 03:30, sin otra mención a nuevos incidentes o a la eventual solución de tales dificultades. De lo que se sigue que, de desde el día 22 al día 24 inclusive, a estar de dicho informe, los equipos en cuestión habrían funcionado de forma correcta y sin incidencias negativas.
Ahora bien, a partir de la presunta pérdida de la información recabada mediante las cámaras de seguridad, tanto la JEP al presentar su informe complementario de fs. 119/123 como la Provincia al efectuar su responde de demanda, afirman que las cámaras de seguridad en cuestión revistieron la condición de medidas adicionales de seguridad, ajenas al protocolo específico confeccionado a tal fin por Gendarmería Nacional y, por lo tanto, irrelevantes al momento de considerar la ruptura de la cadena de custodia de las urnas involucradas en el comicio.
Empero tales aseveraciones, al examen de las pruebas de autos, no pueden sino ser refutadas. En efecto, conforme el Plan de Operaciones de Gendarmería Nacional adjuntado por al JEP – Orden de Operaciones N° 05/15 del Comandante del Distrito Electoral Tucumán (Para la custodia y seguridad del acto electoral 23AGO15), en su Fase 4: Seguridad del escrutinio y Repliegue (desde el 231800/2000AGO15, hasta la Finalización del Escrutinio Definitivo), comprende, entre otras acciones: la custodia y seguridad al cómputo en el local electoral; la custodia y seguridad para el traslado en repliegue de las urnas desde diferentes locales hasta la Calle Mendoza 1.050, San Miguel de Tucumán y la custodia y seguridad en el lugar antedicho hasta el fin del escrutinio definitivo. Acorde a tales misiones, puntualmente en lo que refiere a la sala de cómputos, el anexo 7, en su punto 3. c). 1., prevé de forma expresa la incorporación de cámaras de seguridad.
Tal medida es acorde a las instrucciones para el personal de Gendarmería afectado al acto electoral (Anexo 4), específicamente a lo sentado en el punto 10 apartado f., que dispone que los comicios deberán realizarse protegidos por medidas de seguridad lógicas y razonables, para lo cual se agotarán todas las instancias de previsión posibles enunciadas en los puntos anteriores y aquellas que las circunstancias aconsejen, teniendo siempre presente que ninguna de ellas deberán afectar el normal desarrollo del acto electoral.
A partir de lo mencionado no es real que el sistema de seguridad mediante cámaras de video no formara parte del sistema de seguridad elaborado por Gendarmería Nacional. Ergo, palidece el argumento que la demandada expone al respecto.
A más de ello, si bien no se pudo acceder a los registros de grabación de los videos de los días 22 a 24 de Agosto (no se ha informado a éste Tribunal acerca del resultado de las tareas de recuperación de los registros encarada por Gendarmería Nacional), sí pudieron observarse las grabaciones correspondientes al disco rígido extraíble remitido por Gendarmería Nacional y adjuntado por la JEP con su informe de fs. 54/71 (ver acta de fs. 246/247).
En el mismo, en lo correspondiente a la cámara 8, se detalla que esta carpeta contiene 299 archivos de media hora cada uno con fechas que van desde el 25/08/2015 al 31/08/2015, con grabaciones del depósito de urnas de la JEP.
El acta, firmada por las partes sin protesto alguno, expresamente consigna que se hace constar que, dada la cantidad de archivos que posee el disco rígido se procedió a la reproducción al azar de archivos correspondientes a distintas fechas y horarios. Al reproducirse el archivo del día 26/08/2015 a hs. 09:57 correspondiente a la carpeta titulada CAMARA 8, se observa el ingreso de dos personas al depósito de urnas, que luego de la extracción de una urna del final del depósito, proceden a colocarle una nueva faja. Además se observa que una de esas personas tiene en su mano más papeles de tamaño y forma similar a las fajas de clausura.
Se advierte además que conforme consta en el acta de fs. 246/247, la cámara N° 3, con grabaciones del portón de la parte exterior del acceso al depósito de urnas y a la puerta del galpón en donde se realiza el escrutinio, a partir del 30/08/2015 referida la cámara apunta al techo del local de la JEP.
En relación a los 15 discos compactos que da cuenta el acta de fs. 246/247 de autos, sin perjuicio de señalar que se trata de grabaciones respecto del escrutinio provisorio realizado en el Correo, el que no tiene efecto jurídico alguno, no podemos dejar de advertir que tales grabaciones sólo se limitan a registrar las aperturas de sobres y el posterior escaneo de los telegramas mas no el momento en que fueron entregados al personal afectado a la carga de los datos (Resolución N° 967/15 H.J.E.P. del 07/08/2015).
VII.- El conjunto de elementos hasta aquí reseñados, su entidad, gravedad y trascendencia pública colocan al Tribunal, irremediablemente, ante la ineludible obligación de invalidar la totalidad del proceso electoral celebrado en la Provincia en fecha 23/08/2015. En otras palabras, la magnitud de las anomalías registradas durante la celebración de los comicios y los días posteriores impiden la construcción de una valoración diferente.
Como se señalara, en el contexto de una elección marcada por episodios violentos en diversas localidades del interior, que decantaron en acciones que van desde intimaciones, agresiones y daños materiales, a sustracción y quema de urnas y disparos de armas de fuego; se estructuró y aceitó un complejo y enorme aparato clientelar a la vista de toda la ciudadanía, documentado por los más diversos medios de difusión, por veedores foráneos (Observadores de la UNLP) e incluso -lo que es altamente significativo-, por las propios participantes de la contienda electoral.
Esto constituye un elemento de singular trascendencia a los fines de justificar la solución que se adoptará, pues ante lo evidente de tales anomalías y su incidencia en el ejercicio de la libertad de los derechos políticos de la ciudadanía, las situaciones imbuidas en tal contexto no pueden ser validadas por la Justicia sin faltar a los cometidos que le encomienda la normativa superior vigente.
Cabe insistir en que el voto debe ser universal, libre, secreto y directo. Y tal libertad solo existe en la medida en que el voto se emite huérfano de violencia, amenazas, apremios y sin la existencia de extorsiones, aprovechamiento de necesidades o promesas de un bien futuro de tipo exclusivamente personal. La libertad respecto del voto debe entenderse en el contexto no sólo de ausencia de violencia física o moral, sino desde la perspectiva que el elector está actuando con plena conciencia sobre las consecuencias de sus actos, y que está obrando en interés de la comunidad. De ahí que el voto sea un acto jurídico voluntario y para su plena validez ha de estar exento de cualquier vicio que ataque la plena conciencia y libertad en su manifestación.
Y aquí el razonamiento que antecede, al contrario de lo que erradamente aduce la Provincia en su responde de demanda, no se trata de estigmatizar a un sector social ni caer en concepciones conservadoras, sino de no validar, ni tolerar y, por sobre todo, no convertir en ordinarias y normales situaciones de extrema gravedad y marcada irregularidad que no pueden ni deben mínimamente consentirse en un sistema democrático y representativo.
En tal línea se ha sentado con acierto que los ciudadanos tienen el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos. El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la participación política. Este derecho implica que los ciudadanos puedan elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representan (CIDH, caso Yatama vs. Nicaragua, sentencia del 23/06/2005).
Es que, tal como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 23 de la Convención no sólo establece que sus titulares deben gozar de derechos, sino que agrega el término ‘oportunidades’. Esto último implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos (Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos, sentencia del 06/08/2008, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, párr. 145).
Como se mencionara en el apartado antecedente, el cuestionamiento que la actora ha efectuado en orden a la ruptura de la cadena de seguridad y custodia de las urnas encuentra terreno fértil en las probanzas rendidas en la causa.
En primer término las cuestiones vinculadas a las fallas del sistema de monitoreo de video encargado de registrar el envío y recepción de urnas, merece consideraciones específicas. Como se señalara en el apartado inmediato anterior, contrariamente a lo afirmado por la demandada, la provisión e instalación de dicho medio de seguridad se encontraba contemplada en el plan de acción pergeñado por Gendarmería Nacional para el día de los comicios.
Más aún si por hipótesis se concluyera en la inexistencia de previsión de colocar cámaras de seguridad en el plan de operaciones estructurado por Gendarmería, incluso en tal coyuntura mal podría hablarse del carácter innecesario o accesorio de dicho sistema de seguridad si la propia JEP previó un sistema similar para la recepción de documentación y la carga de datos durante el escrutinio provisorio a efectuarse en el Correo Argentino (Resolución N° 967 del 09/08/15), el cual en palabras de aquel organismo electoral, es de carácter meramente informativo, no implica emisión de voluntad alguna, ni constituye autoridades derivadas del acto comicial.
Es decir, de validarse tales argumentos se caería en el contrasentido de que las tareas menos relevantes del acto eleccionario contaran con un medio de seguridad superior y más eficiente que los procedimientos que revisten mayor trascendencia.
Ahora bien, no obstante ello, por intermedio del organismo encargado de controlar los comicios (Gendarmería Nacional), se procedió a contratar para la colocación del sistema de monitoreo a una micro empresa de una jurisdicción ajena (radicada en Santiago del Estero), cuyo propietario e instalador ha reconocido expresamente en declaraciones públicas ( www.tucumanelige2015.lagaceta.com.ar/nota/653160/politica/hicieron-unos-150-kilometros-para-pedirle-instale-camaras.html  –  http://www.tucumanelige2015.lagaceta.com.ar/nota/653160/politica/hicieron-unos-150-kilometros-para-pedirle-instale-camaras.html), carecer de ningún estudio o capacitación que luzca suficiente a los fines de la realización de tales faenas. En las referidas declaraciones menciona empecé hace unos 10 años. Tengo amigos que fueron instruyéndome e hice cursos. De ahí me largué a la reparación de PC y luego comencé con las cámaras.
A ello se suma el hecho de que han quedado descartadas de plano las afirmaciones del propietario de la empresa INFO FOJ acerca de los daños padecidos por los discos de almacenamiento de las grabaciones a raíz de fallas en el suministro de energía eléctrica, con lo informado por EDET S.A. a fs. 116/117 y la inexistencia de alteraciones o deficiencia en la prestación del servicio durante los días 22 al 24 de Agosto de 2015.
De allí que todos los argumentos explicitados para sostener la preservación de las urnas por la cadena de seguridad teóricamente desarrollada, se torna ineficaz por no poder controlar con las cámaras de seguridad el estado en que se encontraban al momento de su recepción por el órgano competente para su control. Aquello que la demandada entiende como secundario en la especie y a la luz de los argumentos y elementos de prueba recabados en autos, adquiere tal relevancia que se torna en primario y fundamental.
Y debe recalcarse con énfasis que dichas cámaras de seguridad, no registraron los sucesos durante la etapa más trascendental del procedimiento electoral (los días 23 y 24 de Agosto), debido a presuntos problemas energéticos que, como se dijo, fueron absoluta y terminantemente negados por la empresa prestadora del servicio. En esos días las mentadas cámaras eran de vital importancia para asegurar la certeza de los cómputos finales, sin que se haya logrado acercar pruebas o se hayan evacuado argumentos de relevancia que den cuenta de una situación que pudiera realmente haber comprometido su funcionamiento.
A mayor abundamiento, si a todo ello se le agregan las constancias obtenidas en la desgravación observada en la audiencia del día 14/09/2015, tomada al azar de entre los 299 archivos correspondientes a una de las cámaras apostadas en el recinto de depósito de las urnas (las cuales, hay que decirlo, funcionaron adecuadamente y sin inconvenientes luego de los días 22, 23 y 24), en donde claramente se observa a un sujeto colocando una nueva faja en la urna extraída del depósito de la JEP, el cúmulo de elementos antes apuntados no deja margen para otra conclusión que la de inclinarnos por la nulidad de los comicios del 23/08/2015.
Y aquí no parecen pertinentes las alusiones de la Provincia en su presentación de fs. 265/266 relativas a la existencia de fajas de seguridad complementarias, pues ello no está contemplado en ninguna de las disposiciones ni de la Ley 7.876, ni del Código Nacional Electoral.
Con lo dicho y a contrario de lo expresado por la demandada, la nulidad que se declarará no se apoya sobre las disposiciones de los artículos 117 y siguientes del CEN, pero lejos está la decisión a la que arribamos de afincar en una causal abstracta de nulidad, pues los hechos comentados y probados, su magnitud y en tanto limitaron o influyeron el libre ejercicio del sufragio de gran parte de la ciudadanía y privaron al acto comicial de la ineludible transparencia que debe ostentar; implican violaciones marcadas y manifiestas al artículo 37 de la Constitución Nacional y al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagran principios de rango superior a los previstos en el Código Electoral Nacional.
En conclusión y conforme lo mencionado hasta aquí, el cúmulo de irregularidades y anomalías graves acaecidas durante la jornada del 23/08/2015 y los días posteriores, ante su entidad y trascendencia, no pueden ser desatendidas en tanto involucran una clara conculcación o la vulneración de valores fundamentales convencional y constitucionalmente previstos e indispensables para considerar que se está en presencia de una elección libre y auténtica de carácter democrático.
A consecuencia de ello, corresponde declarar la nulidad de la totalidad del acto eleccionario celebrado el día 23/08/2015 en la Provincia de Tucumán, debiendo el Poder Ejecutivo realizar una nueva convocatoria a elecciones.
VIII.- Atento al resultado al que se arriba, deviene inoficioso el tratamiento de las pretensiones de nulidad incoadas por el actor respecto de las providencias de la Junta Electoral Provincial, dictadas en fecha 27/08/2015 en las actuaciones caratuladas Daniel Ponce s/ reclamos y protestas por el funcionamiento de la totalidad de las mesas habilitadas en el comicio del 23/08/2015, y en fecha 25/08/2015 en las actuaciones Daniel Ponce y Álvaro Contreras s/ solicitud de apertura de urnas y recuento voto a voto. Reserva de nulidad de comicio.
IX.- Costas: en virtud del progreso parcial de las pretensiones, se imponen por su orden (artículo 26 CPC).
Diferir regulación de honorarios para su oportunidad.

Por ello, esta Sala Iª de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, con la integración que surge de la sentencia N° 806/15 (fs. 76),

R E S U E L V E:

Iº).- DECLARAR, por lo considerado, la inconstitucionalidad del artículo 57 de la Ley 6.944 y, en consecuencia, la competencia de este Tribunal para entender en la presente causa.
IIº).- HACER LUGAR PARCIALMENTE a la acción de amparo deducida en autos por el Frente Electoral Acuerdo para el Bicentenario. En consecuencia, DECLARAR LA NULIDAD de los comicios llevados a cabo en la Provincia en fecha 23/08/2015, debiendo el Poder Ejecutivo realizar una nueva convocatoria a elecciones.
III°).- COSTAS por su orden, como se consideran.-
IV°).- DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad.
V°).- NOTIFÍQUESE la presente a las partes y a la H. Junta Electoral Provincial, adjuntándose copia certificada de este acto jurisdiccional, haciéndoseles conocer que, en virtud de la trascendencia de lo aquí resuelto y de conformidad con la doctrina que surge del artículo 28 del CPC, se entiende razonable DISPONER QUE SEAN DE DOS DÍAS los plazos para interponer y tramitar los remedios procesales que prevé el ordenamiento jurídico, habilitándose a tal efecto días y horas inhábiles.
VI°).- COMISIÓNASE al Sr. Secretario de esta Sala Iª de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Celedonio Gutiérrez, para la notificación a las partes y a la H. Junta Electoral Provincial del presente pronunciamiento.
HÁGASE SABER.-

SALVADOR NORBERTO RUIZ EBE LÓPEZ PIOSSEK

ANTE MÍ: CELEDONIO GUTIERREZ.-

ADVENTIST HINSDALE HOSPITAL AHH

ADVENTIST HINSDALE HOSPITAL (AHH) es otro ejemplo de “Managed Corporative Medicine”. AHH y sus profesionales (Suburban Radiologists) dicen adherir a las NORMAS ÉTICAS y a la Filosofía del Juramento Hipocrático y a sus versiones actualizadas (después de 2500 años) en varios reuniones Internacionales de la ASOCIACIÓN MEDICA MUNDIAL (Bioética) y a la adopción y modernización de esas NORMAS ÉTICAS PROFESIONALES, por la Asociación de Hospitales Americanos, … pero en la practica, no solo NO LA RESPETAN, … LA VIOLAN repetidamente, y no solo a nivel ÉTICO MORAL, también CRIMINALMENTE, mintiendo para robar a sus pacientes AUN a riesgo de dañarlos y hasta causarles la muerte.

Dr. Gastón A. Saint Martin MD (Jr.) / Dr. David A Cook MD. / Dra. Marisa Saint Martin MD (AHH) / Dra. Marisa Saint Martin BD (Loyola Medical University Hospital, [2160 S. 1st Av. Maywood, IL] )   Adventist Hinsdale Hospital CEO … Soy su MD Senior Colega, deberían considerarme como a uno de Sus “Maestros del Arte de Curar” …¿COMO SE ATREVEN A GRITARME e INSULTARME? … No he querido, (aun no quiero) DEMANDARLO$ por el DAÑO QUE HAN HECHO y CONTINÚAN HACIENDO A MI FAMILIA … lo que si DEMANDO de TODOS USTEDES es que REPITAN y FUNDAMENTEN esos insultos y agresiones en el COMITÉ DE BIOÉTICA del AHH que en algún lado  debería estar funcionado. De igual forma: DEMANDO a la  Dra. Marisa Chaud MD [ex Sra. de Saint Martin] haga lo mismo en el Comité de BIOÉTICA del Loyola Medical Center… (CC a Mark. Kuczewski PhD) …

Los veré allí… Dr. Gastón A. Saint Martin (Senior) MD

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25 Comentarios de pacientes del ADVENTIST HINSDALE HOSPITAL ... Mi comentario es el ultimo (num 25)

25 Comentarios de pacientes del ADVENTIST HINSDALE HOSPITAL … Mi comentario es el ultimo (num 25)

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Posted On Line Sept/16/2015

             IF    

(BY RUDYARD KIPLING)

 

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you;
If you can trust yourself when all men doubt you
But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don’t deal in lies,
Or being hated, don’t give way to hating,
And yet don’t look too good, nor talk too wise:

If you can dream and not make dreams your master;
If you can think and not make thoughts your aim;
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same;
If you can bear to hear the truth you’ve spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build ‘em up with worn-out tools:

If you can make one heap of all your winnings
And risk it all on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breath a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: “Hold on!”

If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with kings–nor lose the common touch;
If neither foes nor loving friends can hurt you;
If all men count with you, but none too much,
If you can fill the unforgiving minute

With sixty seconds’ worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that’s in it,
And–which is more–you’ll be a Man, my son!

 

Rudyard Kipling   

IF in SPANISH   

para llegar a “IF” pinche a “SI”

SI

by RUDYARD KIPLING (1865 – 1936)

Miércoles 9 de Set. 2015

LINK CORTO > http://wp.me/p2jyBb-E0

Hijos:

Un muy buen profesional y político (atípico), de la edad de Uds. antes de huir yo de Argentina, me dijo: Doctor: “Usted es muy inteligente, tiene tres hijos buenísimos y muy exitosos; pero tiene un defecto … no calla nada … va de frente … solo apunta a la bondad… y quienes no lo quieren  … se le anticipan y lo anulan…”   … y creo que ¡tiene razón!    En mi vida de servicio, algo que me ayuda a no desorientarme  es oír decirme  …  “Gastón: cuando no sepas que decir, …  di la verdad.” … Y la digo “’honestamente”…

Albert Einstein. I am not rude. I am Honest, I just speak what's on my mind, even if most can't handle the truth.

Albert Einstein. I am not rude. I am Honest, I just speak what’s on my mind, even if most can’t handle the truth.

Aqui, una vez mas, les envio cosas para re-pensar, re-orientarse y así poder ayudar a vuestra Madre.

 (4to y/o 5to Mandamiento / Hijo Prodigo / Fenotipo, Genotipo / Juramento Hipocrático / Complejo de Edipo …

Yo no recuerdo ¡nunca! haberle gritado a Papá, ni que el me hubiese gritado o pegado! Aunque mas de una vez yo no llegase a entenderlo”[1]”    No entender no nos hace imbéciles, solo “estúpidos[2]” como todos los demás. Para entender mas hace falta “tiempo[3]” … tiempo para poder pensar[4]” mas.

Respetaras a padre y madre: no es solo religión, es mucho mas que eso; es el basamento de la transmisión de nuestra cultura judeo cristiana (fenotipo[5]; trasmitida de simplemente de boca en boca, por mas de 1000 generaciones… como el mismisimo  Juramento Hipocratico, transmitido sin la ayuda de un Codigo Legal, ni un Libro Sagrado como El Coran, La Biblia ni el Torah; solo un acuero Etico Moral entre La Gente, Los Medicos y Los Seniors Maestros del Arte de Curar.

Hijo Prodigo: Los tres tienen suficientes medios como para repasar la historia del hijo que malgastó su herencia y volvió con su padre cuando se le acabo el tiempo y se sintió solo y abandonado.  En lo que SI puedo ayudarlos es en mostrarles lo que (pese a tanta inteligencia que Uds. tienen), parece que nunca entendieron lo que  Pipe, Ita, y Chichi repitieron hasta el ultimo de sus suspiros. Estudia … que lo que lo que te echas encima, … nadie podrá sacártelo...  De los tres … la mas entusiasmada con eso de darles la herencia en vida”  fue La Abuela Chichi que pensaba especialmente en su “preferido Danielito”.

Es bien entendible, que Chichi pensase firmemente así, por haber estado repetidamente golpeada desde muy pequena  por familiares que en vez de protegerlos los robaron y abandonaron. El hermano menor de su papá, al que envió a España a buscar el resto de su fortuna para consolidar definitivamente sus estancias agropecuarias y chacras en La Patagonia (Roca Rio Negro), … El tio de Chichi vendió todo allá,  y desapareció.  Ese robo criminal fue la causa del fallecimiento de su papa; lo que dejó a su mama con una responsabilidad enorme, demasiado para ella sola, lo que -a su vez- la llevó prematuramente a la tumba.

En realidad al fallecer el Papa de Chichi no los dejó “pobres y abandonados” Dejó a La Mama de Chichi con establecimientos agropecuarios y chacras, y un montón de hijos para ayudarla. De tantos hijos los mas chicos solo alcanzaban para ayudarse unos a otros en cosas simples y los mayores que SI podían y deberían ayudar, copiaron al tio y se dedicaron a “desplumar” a su mama y a los pequeños  antes de que estos tubiesen oportunidad de emplumar…. cosa que perfeccionaron al extremo cuando la mama desapareció…

Aun siendo Chichi la menor de todos, fue la mas decidida y el puntal moral de sus hermanitos mayores … Ninguno de mis tres hijos puede ignorar la forma con que su Abuela Chichi, protegió hasta el final de sus días a su hermana Irene…

Mandar a ustedes tres al Colegio San Jorge no fue “moco de pavo”  y no me refiero aqui a la “fortuna” que costó, sino al desprendimiento de separarnos de nuestros hijos por su bien … que si lo piensan correctamente “desprendimiento” es todo lo contrario de ser “desamorados”, cosa de la que fuimos acusados…

Quien nunca nos critico (todo lo contrario) fue La Abu Chichi.   Los resultados están a la vista (Ver arriba, parte subrayada en la primer frase de esta carta).  Michelle debería re-pensar y preguntarse: ¿Debí hacer un pequeño desprendimiento por el bien de Camila y mio, cuando Papá me ofreció un “Plan San Jorge cortito” en Oak Park?  ¿Desprendimiento solo por tres meses,  es en realidad tanto sacrificio? … o ¿solo unas “vacaciones”?   Si alguna vez vuelves a escucharme, deberias pedirme te recuerde “amores que matan” la simplisima historia que infinidad de veces usé con mis pacientes en puericultura, la historia de la mona que pare dos monitos y a su preferido lo cuida tanto que lo anula … y al que abandona en libertad se desarrolla poderoso…

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Notas de Fin de Pagina

[1]   Entender sinónimo è comprender …

[2]   Diccionario Vox è Estúpido: Persona con dificultad para comprender las cosas…

[3]   Al Filosofo Albert Einstein le debemos la moderna concepción del “tiempo” en la que se basa su “Teoría General de La Relatividad” … que no es nada menos que una de las mas valiosas pertenencias que cada un o tiene …

[4]   Sinónimos cavilar /especular /recapacitar /rumiar / repasar/ preocuparse.

[5] Fenotipo es un termino que me es familiar por ser medico, pediatra y haber estudiado un poquito de genética) Fenotipo es lo relacionado a “la cultura” unos antecedentes de 50, 100, 150 años, no mucho mas … contra el genotipo que es nuestra “cultura genética” con una edad de 3 a 5 millones de años.   Cuando debo explicárselo a un “creyente” (o mas bien un fanático religioso) le digo “Dios nos hizo así: mediante el genotipo nos manda lo que debemos hacer… incluido emociones, reír, llorar, sexo puerperio, lactancia y conceptos del bien y el mal y por otro lado nos dio el fenotipo o “libre albedrio” para que nosotros decidamos de acuerdo a nuestro tiempo y el lugar que nos toque en este planeta…