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Introduccion a El retorno de las testimoniales –

Publicado por Aleardo Laría el 12 de Febrero, 2013 en Politeia.

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Para la comprensión popular la palabra “corrupción, o corrupto” se asocia con practicas reprochables para apropiarse ilegalmente de dineros o privilegios por parte de políticos,  funcionarios o individuos, estén o no en el gobierno de turno.

¡Pero existe otro significado mucho más profundo y dañino que ese! “La Corrupción del Sistema”

Sin dudas la corrupción individual es mala, en más o menos existe en todas las organizaciones sociopolíticas humanas, aun en la inglesa (con solo 1000 años desde La Carta Magna) o en la más vieja que conozco: La Iglesia Católica (con más de 2000 años).

Pero la corrupción individual nunca abarca a la totalidad.    Siempre hay un porcentaje de no corruptos,  y SIEl Sistema” en sí, no está corrompido, los sistemas de gobierno balanceados tienen incorporados recursos para autocorregir errores.

Perocuando El Sistema mismo es el que (por la razón que sea) ha llegado a corromperse   ¡Ya no quedan esperanzas!  Pues nunca alcanzan los esfuerzos de los no corruptos   -en el gobierno, la política o la ciudadanía misma-   para corregir nada. ¡Esto es aun más complejo de lo que parece!

Supongamos que el remedio estuviese en: “negro y números pares” pero al transmitirse esa propuesta, esta llegase como: “blanco y números impares”… eso sería difícil de manejar, pero no imposible…   -asumiendo que la corrupción del sistema aun tuviese lógica-,   podríamos enviar la propuesta invertida para que llegue la respuesta correcta… pero la corrupción de nuestro sistema es de tal grado que ni eso hace pues llegaría como:  rojo, verde, amarillo, blanco, marrón negro y/o números decimales, romanos, letras signos latinos… o nada… como nuestras famosas cajoneadas

Un ejemplo más fácil de entender: Cuando un programa de computación se corrompe nadie pierde el tiempo en hacer reglas nuevas para corregir errores, ni siquiera se pierde tiempo en buscar ¿Dónde? esta o comenzó el error; lo que hacemos es cargar nuevamente el programa original limpio y sin errores para volver a usarlo bien.

El razonamiento del Dr. Aleardo Lairia es impecable, si a estele sumamos lo que aquí planteo: podríamos preguntarnos: ¿Que podrían hacer los miles de Jueces que están de acuerdo en son,  ante todo ciudadanos y el hecho de que ser Jueces No los Pone por encima de La Ley?  (The Rule of Law).

¡Si una Institución de 2000 años, está reaccionando  ante la realidad con la primera abdicación en 600 años !…     Si la jurisprudencia inglesa (que parcialmente nos nutre) sigue hacia adelante construyendo y mejorando democracia ininterrumpidamente desde hace 1000 años…

¿Que les hace penar a los Jueces de nuestra jovencita Corte Suprema de Justicia que tienen autoridad legal o moral para saltar para atrás?…

¡Si ya han hecho tantas barbaridades como para hacerse acreedores al calificativo de

Reproducción de un daguerrotipo tomado en Valp...

Reproducción de un daguerrotipo tomado en Valparaíso (Chile) entre los años 1850-1853. (Photo credit: Wikipedia)

Juan Bautista Alberdi de: “…Infames Traidores a La Patria…” tendrán inteligencia, determinación, y patriotismo como para inventar algo que en un SALTO nos lleve de regreso a donde Argentina Moderna comenzó: a la mismísima Constitución Nacional 1853?

Eso sería el “Persaltum a CN-1853”  que los inscribiría en la Historia como la CSJ Salvadora de La Patria y no como los destinatarios de su art 29.

Gastón Saint Martin (gaston.saintmartin@yahoo.com )

El retorno de las testimoniales –

12 FEB, 2013 –

Publicado por Aleardo Laría en Política Nacio

Como señalara hace tiempo un agudo analista, si Kafka hubiera nacido en Argentina sería considerado un escritor costumbrista. Son tantas las ocurrencias y peculiaridades que pueblan nuestro universo político, que nos hemos acostumbrado a incorporar con naturalidad las excentricidades kafkianas más insólitas. Pareciera que no hay límites cuando todo gira alrededor de la obsesión de conservar y retener el poder a cualquier precio.

Una gran cantidad de actuaciones, decisiones y resoluciones políticas y administrativas que se adoptan a diario en Argentina resultarían incomprensibles  y carecerían de respaldo en las democracias consolidadas del planeta. Nos referimos con este calificativo a aquellos países en los que no solo se llevan  a cabo procedimientos electorales, sino que además garantizan una alternancia efectiva, existe división de poderes y se respetan los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. En ese grupo de países militan no sólo las democracias reconocidas del Norte, sino que se han incorporado también la mayoría de nuestros vecinos. Tanto Chile, como Brasil, Perú o incluso  la pequeña Uruguay superan con holgura esos baremos.

La lista de singularidades argentinas, que nos distingue del resto de democracias, es frondosa. El gobierno de Cristina Fernández acaba de sufrir el bochorno de ser el primer país en el mundo amonestado por el Fondo Monetario Internacional por las “mentiras creativas” en la presentación de sus cifras macroeconómicas. Otra rareza la marca el  singular ejercicio del poder presidencial. Mientras  que en las democracias normalizadas los presidentes o primeros ministros, además de atender la demanda de los periodistas en conferencia de prensa, convocan y llevan a cabo reuniones de gabinete con sus colaboradores más inmediatos, aquí  las decisiones estratégicas se adoptan en conciliábulos entre la presidenta  y algún secretario reconvertido en valido o confesorreal.

Todos los países serios adoptan medidas de regulación que se hacen públicas y se explican previamente a los ciudadanos. Serían inconcebibles “cepos cambiarios” donde los criterios para autorizar la compra de divisas permanecen bajo riguroso secreto. Más difícil aún sería encontrar ejemplos de confiscaciones de empresas privadas mediante el uso de simples decretos del ejecutivo, sin cumplir con los mandatos constitucionales, que en el caso de Argentina  establecen la obligación de la previa indemnización.

Tampoco es normal el descarado uso partidista de  los medios públicos de difusión  o el ejercicio de insólitas presiones sobre el Poder Judicial para conseguir castigar a los medios de prensa independientes que no se pliegan a las exigencias del poder. Sería inconcebible imaginar a un secretario de Comercio impartiendo órdenes verbales, intercaladas con palabras soeces, instando a los empresarios para que dejen de insertar publicidad en determinados medios. En esta materia, como se ha señalado desde la SIP, “la creatividad del régimen que lidera la presidenta Cristina Kirchner para atacar de todas las formas posibles al periodismo libre parece ilimitada”.

Esta relación es meramente enunciativa, y resultaría largo y fatigoso seguir añadiendo ítems, que por otra parte son bien conocidos por los lectores habituales de prensa. No obstante, parecía conveniente situarnos en este contexto a la hora de analizar la idea que parece rondar por la mente de algunos dirigentes del Movimiento Popular Neuquino consistente en encabezar la lista de senadores con una candidatura “testimonial”. Se trataría de repetir una estrategia electoral que Néstor Kirchner y luego otros partidos adoptaran  en las elecciones del año  2009, en virtud de la cual la personalidad reconocida de un partido, para aprovechar su imagen pública, se pone a la cabeza de una lista electoral sin intención real de asumir el cargo en el caso de resultar electo.

Con independencia de los seráficos pronunciamientos de la Cámara Nacional Electoral frente a las impugnaciones que en aquel momento se formularon contra esa práctica, lo cierto es que estamos claramente ante una estafa electoral. Un partido pone al frente de la lista un “falso positivo”, es decir un candidato que no va a asumir. En el comercio, si alguien nos ofrece un Rólex por un precio determinado, y luego de pagar el precio nos entrega una copia falsa, nadie dudaría en denunciar la estafa. Pero en materia electoral, aunque el artilugio es similar, los códigos, que siempre van atrasados en relación con la creatividad argentina, todavía no han tipificado este ilícito.

El problema de acudir a estas prácticas es más grave de lo que los ocurrentes ingenieros electorales se imaginan, por las razones que a continuación se argumentarán. Las autoridades públicas son plenamente conscientes de lo dañino que resultan los comportamientos anómicos que a diario complican su  agenda de gestión. Cortes de rutas; ocupaciones ilegales de tierras; huelgas intempestivas y salvajes; evasión impositiva, etc. son algunas de las conductas que se han incorporado casi con naturalidad a la  práctica diaria de un grueso sector de ciudadanos. Son comportamientos insolidarios,  donde predomina la idea de que el interés individual es la medida de todas las cosas.

Ahora bien. Si las autoridades quieren ir eliminando esos comportamientos que, como las plagas bíblicas, han dejado las sucesivas crisis por las que ha atravesado nuestro país, deberían comenzar por dar el ejemplo. ¿De qué sirve predicar y exigir el cumplimiento de la ley, si luego los partidos  y sus dirigentes se embarcan en financiaciones irregulares exigiendo, por ejemplo, el diezmo a los contratistas del Estado, o acuden a artificios electorales como las que venimos cuestionando?

No se nos escapa que en ocasiones se exhiben buenas razones pragmáticas –por ejemplo cortarle el paso a indeseables dinosaurios de la política- para justificar estas prácticas. Pero es cierto también que a veces llamamos pragmatismo a lo que no es más que pereza política o simple elusión de responsabilidades. Convengamos que si abandonamos esa opción por lo más fácil, sería más  redituable en el largo plazo librar la dura batalla interna por la renovación generacional o abrir los partidos a la presencia de figuras representativas de la sociedad civil que buscar salidas estéticamente impresentables.

La democracia argentina necesita con urgencia reconstituir su sistema de partidos políticos. La calidad de la democracia está estrechamente ligada a la calidad y fuerza representativa de los partidos políticos. Los dirigentes de esos partidos deben entender que son líderes naturales de opinión, y que su conducta es replicada luego por los ciudadanos. Si los dirigentes más preparados de una provincia aparecen dispuestos a embarcarse en semejantes componendas ¿Con qué autoridad moral podrán luego reclamar un cambio de comportamientos al pueblo llano?

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